La OEA debate el fin de la reforma de su sistema de derechos humanos

La OEA acude dividida a la reunión extraordinaria que debe decidir si se cierra de manera definitiva el proceso de reforma de su sistema de protección de derechos humanos, que ya dura casi dos años. Ecuador y el grupo de los países que lo secunda no están dispuestos a dar su brazo a torcer en torno a los principales puntos de fricción entre los Estados miembros, la financiación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el peso de las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa obstinación hará imposible que se llegue a un acuerdo.

La reunión de hoy es de suma importancia. Un ejemplo de la seriedad con la que los países se han tomado la Asamblea es que han acudido 10 ministros de Asuntos Exteriores -los de Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador Paraguay y Granada- y que EE UU, que en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo en en seno de la OEA, ha enviado al número dos del Departamento de Estado, William Burns.

La propuesta que patrocina Ecuador apuesta por limitar la financiación de la CIDH y de sus relatorías a fondos provenientes exclusivamente de la OEA y de los Estados partes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afronta con escepticismo la Asamblea Extraordinaria en la que este viernes los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos abordarán la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) Su presidente, José de Jesús Orozco, espera que los Estados miembros den por concluido un proceso que ya dura 21 meses, pero en la CIDH son conscientes de que es improbable que el bloque del ALBA acepte la propuesta de financiación del sistema y de las relatorías, tal y como se incluyó en el proyecto de resolución aprobado por el Consejo Permanente el pasado martes.

“Uno de los principales desafíos que enfrenta el SIDH es su financiamiento”, ha indicado Orozco en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los responsables de todas las relatorías, además de por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. La forma de financiación de la CIDH y de las relatorías es el principal punto de fricción que en el seno de la OEA enfrenta a los países del ALBA y a otro grupo de Estados, encabezados por México y Colombia.

La propuesta que patrocina Ecuador apuesta por limitar la financiación de la CIDH y de sus relatorías a fondos provenientes exclusivamente de la OEA y de los Estados partes. Muchos países de la OEA y las agrupaciones de derechos civiles aseguran que, de claudicar ante las peticiones de Ecuador, la CIDH se vería debilitada y la relatoría para la LIbertad de Expresión -que se financia íntegramente con programas de cooperación internacional- quedaría herida de muerte.

“Si a esta relatoría, tal y como están las cosas, se le impide que pueda acceder a recursos de terceros, tiene que cerrar sus puertas” Catalina Botero, responsable de la relatoría de Libertad de Expresión

Esta semana, el sub secretario de Estado, William Burns, escribía un artículo en The Miami Herald en el que advertía de que “una minoría de Gobiernos ha tratado con determinación de socavar la autonomía y la integridad de la CIDH” y aseguraba que la institución se encontraba “bajo ataque”. El expresidente de Colombia y ex secretario general de la OEA, César Gaviria, denunciaba en El País y The Washington Post que esas reformas “debilitarían gravemente a la Comisión y facilitarían que los gobiernos puedan ignorar derechos fundamentales y limitar la libertad de expresión”.

La propia CIDH también se resiste a depender de manera sustancial de las aportaciones de los Estados parte y arriesgarse a estar sujeta a retrasos, impagos o congelaciones de fondos por parte de sus Gobiernos. “Es fundamental para el funcionamiento de la CIDH y la protección de las víctimas contar con los recursos necesarios y queremos evitar el riesgo de un estrangulamiento financiero de la comisión”, ha dicho tajante Orozco. Catalina Botero, la responsable de la relatoría de Libertad de Expresión también ha sido muy clara. “Si a esta relatoría, tal y como están las cosas, se le impide que pueda acceder a recursos de terceros, tiene que cerrar sus puertas”, ha afirmado.

Las exigencias de Ecuador para la reforma de la CIDH fueron recogidas en la declaración que se adoptó el pasado 11 de marzo en Guayaquil con motivo de una reunión de los países de UNASUR para abordar el cambio del SIDH. El proyecto de resolución que el pasado martes se presentó en el Consejo Permanente de la OEA para ser debatido por los cancilleres el próximo viernes, sí contempla la posibilidad de que, como ocurre hasta ahora, otros Estados no miembros de la OEA y otras instituciones puedan financiar a la CIDH y a las relatorías.

Los países del ALBA fueron los únicos que no apoyaron esa redacción. Ecuador espera acercar a sus plateamientos a los países del Caribe y a los que firmaron el texto de Guayaquil para acudir con una posición de fuerza y una propuesta alternativa a la Asamblea Extraordinaria. Su ministro de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, ha estado de gira estos días por la zona y este mismo jueves ha convocado una reunión con ellos y con el resto de Estados firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos para tratar de atraerlos a su causa.

La CIDH desea que el viernes se ponga punto final al proceso de reformas, para poder centrarse en la defensa de los derechos de las víctimas. Muchos de los Estados de la OEA también quieren zanjar el proceso, pero la oposición del bloque del ALBA hace poco probable que eso pueda suceder.