La ley de Derecho a Voto de Estados Unidos, ante el Tribunal Supremo

Las últimas elecciones presidenciales, en las que el presidente Barack Obama resultó reelegido para un segundo mandato, estuvieron marcadas por diversas leyes estatales que limitaban el acceso a las urnas de millones de ciudadanos. En una trayectoria paralela a la de estas regulaciones -que terminaron en su mayoría en los tribunales- un condado de Alabama logró que su denuncia contra la Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965, llegase hasta el Tribunal Supremo.

La corte superior de justicia estadounidense recibirá este miércoles los argumentos a favor y en contra de la Ley de Derecho a Voto. Aprobada en 1965, la ley cuenta con un artículo especial, la Sección 5, para garantizar que aquellos Estados que participaron en la segregación racial sometan cualquier cambio a su legislación electoral a la aprobación del Departamento de Justicia.

En total, nueve Estados y condados locales en otros siete deben demostrar que el cambio en su legislación no discriminará en contra de minorías raciales. Uno de ellos, el condado Shelby, de Alabama, considera sin embargo que la Sección 5 debe ser eliminada porque viola su autonomía en materia de competencias electorales, garantizada por la Constitución.

El sistema estadounidense permite a cada uno de los Estados imponer diferentes condiciones para la celebración de elecciones, desde facilitar el voto anticipado o los documentos necesarios para votar. Esto dio lugar en 2011 a la aprobación de nuevas leyes en 19 Estados de todo el país -la mayoría gobernados por el Partido Republicano- con el objetivo de eliminar el fraude electoral. Sin embargo, diversas organizaciones, así como el Gobierno de Barack Obama, denunciaron que una de las principales consecuencias de estas regulaciones, conocidas como “leyes de supresión de voto”, sería la discriminación de millones de votantes de minorías raciales y sin recursos, violando su derecho a voto.

Un informe reciente del Instituto Brennan de la Universidad de Nueva York concluyó que, en el caso de entrar en vigor, las diferentes leyes podían alejar de las urnas a cinco millones de votantes. Para evitarlo, el Gobierno de Obama invocó la Sección 5 en varias demandas que impidieron la aplicación de las leyes antes de las elecciones. Este miércoles, el abogado del estado argumentará ante los nueve jueces del Tribunal que este artículo clave sigue siendo imprescindible para impedir las consecuencias discriminatorias de regulaciones como las que protagonizaron las últimas elecciones.

“Esperamos que el Gobierno relacione la vigencia de la Sección 5 con las “leyes de supresión de voto”, afirma Kathleen Unger, presidenta de la organización Vote Riders, dedicada a informar a los ciudadanos sobre los documentos que necesitan presentar para votar, así como los diferentes cambios en la legislación de cada Estado. “Las normativas aprobadas en 2011 y 2012 son ejemplos de la discriminación que pretende evitar la Sección 5 tal y como fue diseñada”.

Unger afirma que a través de su organización ha recibido numerosas reclamaciones de diferentes ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho a voto. “Hubo demasiadas personas que ni siquiera intentaron ir a votar por temor a no tener los documentos adecuados”, afirma Unger. Otros quedaron enredados en la red de nuevas exigencias y condiciones para votar que fueron aprobadas en Estados Unidos desde 2011.

Obama destacó la gravedad de los obstáculos que sufren los ciudadanos tanto por las nuevas exigencias como por la limitación de fechas en las que pueden votar por adelantado. En Florida, miles de ciudadanos debieron esperar varias horas después de que se hubieran cerrado muchos colegios para poder presentar su voto. Como ejemplo, el presidente invitó a su reciente discurso sobre el estado de la Unión a una mujer de 102 años, nacida en Haití, y que esperó todo un día para votar.

La Sección 5 debe ser renovada además cada 25 años con aprobación del Congreso y en la última ocasión, en 2006, se decidió que permanezca vigente hasta 2032. Sin embargo, en 2009, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts argumentó en otro caso que “el sur ha cambiado” y que la ley “impone cargas actuales que deben estar justificadas por necesidades actuales”, inspirando sospechas de que la Corte podría estar lista para revocar el polémico artículo.

Según una investigación de Latino Decisions, sin embargo, el 25% de los Estados que deben cumplir con la Sección 5 exigen una prueba de identificación especial para votar y un 50% exige presentar una fotografía, en comparación con un 11% y un 16%, respectivamente, entre los que no deben someterse a esta ley.