Bruselas reducirá empleos públicos y elevará impuestos para cuadrar las cifras

Los funcionarios europeos se preparan para asumir recortes en su estatus a partir del año próximo. La negociación presupuestaria se ha saldado con una merma en los gastos administrativos algo superior a las últimas estimaciones, aunque inferior a las propuestas maximalistas del primer ministro británico, David Cameron. Las cuentas incorporarán ahora un recorte conjunto de 2.500 millones de euros respecto al escenario inicial que preveía la Comisión Europea. Aunque la cifra es poco relevante en un presupuesto cercano al billón de euros, se trataba de una batalla muy simbólica para los países ricos, especialmente para Reino Unido, que clamaba por una importante reducción en este capítulo. “Me habría gustado ir más lejos”, confesaba Cameron al finalizar la cumbre.

La Comisión está molesta con el protagonismo que ha adquirido esa partida en el debate y avisa de que será difícil asumir más competencias y acoger a nuevos países en la familia comunitaria (Croacia se incorpora el próximo julio). Con todo, los 61.629 millones de euros dedicados a la administración de las instituciones europeas suponen un avance casi del 8% respecto al actual marco presupuestario.

Para sufragar el aumento del gasto en pensiones y las mayores competencias de la Unión con ese presupuesto, la Comisión comenzará aplicando su propio plan de austeridad, que ha sido asumido por los líderes europeos y pactado con el Parlamento. Se trata de recortar un 5% del empleo público hasta 2017, lo que supone 2.500 puestos que se pierden al no reponer las bajas. Además, los funcionarios trabajarán 40 horas a la semana, se jubilarán a los 65 años (ahora pueden hacerlo a los 63) y verán crecer la llamada tasa de solidaridad, que detraerá el 6% de sus salarios, adicional al pago de impuestos.

Además, los sueldos más bajos y los más elevados de entre el personal administrativo caerán entre un 20% y un 45%. Y habrá más posibilidades de recurrir a contratos temporales. Por último, se restringirán los viajes anuales de los trabajadores, así como diferentes complementos salariales.

Con la ola de austeridad que recorre Europa, esas medidas aún dejan a los 55.000 empleados públicos europeos muy por encima de la media (sus salarios pueden ir de los 2.000 a los 16.000 euros mensuales, aunque estos últimos son residuales). La comparación es menos favorable si se toman los de la Europa más rica y, por tanto, la menos interesada en hacer carrera en Bruselas.

Pero eso no bastará para acomodar las cifras pactadas. Así que la Comisión explora otras hipótesis. Una de ellas consiste en rebajar la factura de traducción, que absorbe el 15% del gasto administrativo comunitario. También se plantea reducir (o eliminar) la manutención de los expertos nacionales que viajan a la capital comunitaria, de forma que cada país asuma los suyos.