Ya no hay refugio para los malditos

Chile ha pedido a Estados Unidos la extradición del exteniente del Ejército Pedro Barrientos, acusado de ser el autor material de la muerte del cantautor Víctor Jara en 1973. El proceso de deportación del general y exministro de Defensa salvadoreño José Guillermo García, responsable máximo de los asesinatos y torturas durante su mandato entre 1979 y 1983, está a punto de sustanciarse en Miami. Son los dos últimos casos de una larga serie de represores de regímenes latinoamericanos a quienes ha llegado la hora de responder ante la justicia entre 30 y 40 años después. Sin remedio. Ya no hay refugio ni paraísos invulnerables para los malditos.

Estados Unidos es un país de emigrantes. Pero no todos los que empiezan una nueva vida llegan con un pasado limpio. Existen filtros para evitarlo, pero también se saltan. Lo sucedido en el último medio siglo, con la entrada y acogida de militares y civiles represores de los países del centro y sur de América, fue una de las etapas negras de la democracia estadounidense. La connivencia con las dictaduras se mantuvo hasta su caída. Y Florida, con su buen clima y su entorno, la mayor atracción. Pero ya no es lo mismo. El peso de la ley, implacable ya como en los casos de droga y tráfico de armas a países considerados terroristas, lleva cayendo desde hace más de 10 años sobre personajes siniestros que cometieron atrocidades y escaparon de sus escenarios del horror para no enfrentar la justicia o evitar represalias. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Tampoco el olvido.

En 2001, en el marco de la batalla global contra el terrorismo, el Gobierno de George W. Bush creó la Unidad de Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, dependiente de Inmigración. Casi medio millar de casos, la mayoría de perfil bajo, han sido resueltos con la deportación y cerca del triple están bajo investigación.

La mentira sobre sus pasados al rellenar los papeles ante Inmigración suele ser su perdición. La alerta puede venir de una petición del país de origen o simplemente al ser reconocidos por sus víctimas. El vecino tranquilo resulta que puede ser un represor o un asesino. A finales de 2012, el cubano Crescencio Marino Rivero, tras ser identificado como exjefe de prisiones de Villa Clara, salió en prensa y televisión, y acabó huyendo de regreso a la isla. Inmigración ya lo investigaba por no declarar a su llegada a Miami su vinculación al Ministerio del Interior y al Partido Comunista cubano.

El exsoldado guatemalteco Gilberto Jordán, en cambio, no lo esperaba. Fue cazado y condenado a 10 años de cárcel en septiembre de 2010 por ocultar en 1999, para conseguir la ciudadanía estadounidense, que había sido militar, uno de los “kaibiles”, miembros especiales del Ejército que combatía la guerrilla, y que cometieron atrocidades sin fin. Tuvo que admitir su participación en la matanza del pueblo de Dos Erres a primeros de diciembre de 1982, donde fueron asesinados 251 campesinos. Tras residir en California, donde trabajó en el campo, vivía desde hacía una década en Delray Beach, al norte de Miami, donde era cocinero de comida italiana. Perderá la nacionalidad estadounidense y después de cumplir la condena será deportado a Guatemala.

La mentira sobre sus pasados al rellenar los papeles en inmigración suele ser su perdición

El exteniente chileno Barrientos tampoco debía esperar que la justicia de su país le reclamara casi 40 años después. Había regresado incluso varias veces. Es también ciudadano estadounidense y tiene un negocio de compraventa de coches en Deltona, en el centro de Florida, entre Orlando y Daytona Beach. Lo descubrió en mayo de 2012 el programa “En la Mira”, de Chilevisión. Negó la acusación de ser el que disparó en la cabeza al emblemático Víctor Jara tras interrogarle y golpearle junto con otros militares en 1973. Así lo declaró José Paredes, que hacía el servicio militar en aquel momento como su guardaespaldas. “Le sacó de quicio porque no le contestaba”, dijo. Barrientos negó incluso haber estado en el entonces estadio Chile, ahora llamado Víctor Jara. Ni siquiera conocerlo. Es el mismo argumento de otros procesados (hasta ocho, seis ya detenidos) aunque más reclutas los han identificado sobradamente. Fue un asesinato con saña. Un estudio de los restos de Jara en 2009 reveló que tenía 56 lesiones, 33 de ellas por balazos, pues debió ser ametrallado finalmente en el suelo. Pero su crimen sigue impune.

La tardía, pero perseverante, justicia chilena en este caso contrasta con el carpetazo dado al del funcionario español Carmelo Soria, que ha obligado al juez Pablo Ruz a seguir desde Madrid con el procesamiento de siete militares y un estadounidense por su asesinato en 1976.

En Miami, el exgeneral salvadoreño García está en el mismo camino de deportación que su colega y también ministro de Defensa, Eugenio Vides, su sucesor en el cargo entre 1983 y 1989, y cuyo juicio terminó hace ya un año. Ambos, residentes en Miami, violaron una ley de 2004 según la cual un presunto represor puede ser deportado si se prueba que “ordenó, incitó, ayudó o participó de alguna forma en muertes extrajudiciales y torturas”. Vides dejó su cargo meses antes de que entre los miles de asesinatos cometidos en su época se produjeran los de los jesuitas Ignacio Ellacuría y su grupo en la Universidad Centroamericana, también sin castigo aún para España. La defensa de García argumenta insólitamente que no tenía el control del Ejército. En su contra ha declarado incluso el entonces embajador de Estados Unidos en San Salvador, Robert White. Ambos, Vides y García, en un sarcasmo de otros tiempos, fueron condecorados en sus años de “esplendor” por Ronald Reagan con la medalla de la Legión al Mérito.

La Unidad de Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, dependiente de Inmigración, ha resuelto desde su creación medio millar de casos

Las deportaciones también se demoran por los vericuetos judiciales. En julio de 2011 fue extraditado a Perú el exoficial del Ejército Telmo Hurtado, detenido en 2007 en Miami Beach por mentir en su entrada en 2002. Hurtado mandaba la patrulla Lince que mató a 67 campesinos cerca de Ayacucho en 1985 mientras operaba contra guerrilleros de Sendero Luminoso. Tras un fusilamiento masivo, Hurtado lanzó una granada sobre los cuerpos.

Aunque tarde, Estados Unidos cumple ahora escrupulosamente. Predicó con el ejemplo en 2009 cuando un tribunal de Miami condenó a 97 años de cárcel como norteamericano a Charles Chuckie Taylor Jr., hijo del expresidente de Liberia, también sentenciado en 2012 a 50 años de reclusión por el Tribunal Internacional de La Haya. Taylor Jr. fue fruto de una relación de su padre cuando estudió en Boston en los años setenta. Criado en Orlando, viajó a Liberia y encabezó una unidad militar llamada las Fuerzas del Demonio que asesinó y torturó a opositores entre 1999 y 2003. Por primera vez se le aplicó la ley federal dictada en 1994 que permite juzgar crímenes de esta índole cometidos por estadounidenses en el extranjero.

Casos aparte son los de países donde las extradiciones no se producen al no haber garantías creíbles de que no existirá persecución política a su regreso. La posible culpabilidad queda así en el aire. El ejemplo del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada es elocuente. Derrocado en 2003, tras los gravísimos incidentes que provocaron la muerte de más de 60 personas en el llamado Octubre Negro, vive en Washington en silencio desde entonces. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado hace unos meses la extradición pedida por Bolivia que incluía a Carlos Sánchez Berzaín, su ministro de Defensa.

Sánchez Berzaín, con asilo político, abogado y ahora director del Instituto Interamericano para la Democracia en Miami, no se ha escondido nunca y ha atacado públicamente en muchas ocasiones a Evo Morales, a quien culpa de la matanza, siempre en connivencia con agentes cubanos, la ayuda militar de Venezuela y de la entonces Libia de Gadafi. En el programa “No mentirás”, del canal boliviano PAT, llegó a retar el pasado mes de septiembre al actual presidente a levantar la amnistía que se dio a sí mismo al llegar al poder y a enfrentarse a un juicio en cualquier tribunal del mundo donde Morales no sea el acusador, el fiscal, el juez y el verdugo a la vez.