Obama prorroga una ley que permite el espionaje a ciudadanos extranjeros

Barack Obama ha estrenado 2013 recibiendo críticas de los activistas a favor de los derechos humanos de EE UU, por dos polémicas leyes, ambas remanentes de la Administración de George W. Bush y sus prácticas de espionaje y detención. El actual presidente ha prorrogado un programa de espionaje a ciudadanos extranjeros y a aquellos norteamericanos que mantengan contacto con ellos y, en contra de su propio criterio, ha dado el visto bueno a una ley de financiación del Pentágono que impide su propia promesa de cerrar el centro de detención de la base naval Guantánamo, abierto por Bush en 2002.

En el penúltimo día del año, el presidente ratificó una extensión de cinco años de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, que permite a las agencias norteamericanas espiar las llamadas y los correos electrónicos de ciudadanos extranjeros de los que sospechan que pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Redactada en su forma actual en los últimos años de la Administración de George W. Bush, esa ley permite el espionaje de extranjeros sin que EE UU deba pedir órdenes judiciales o informar de sus pesquisas a otros gobiernos.

La ley se probó en realidad en 1978, pero se modificó y amplió en 2008 para, entre otras cosas, permitir el espionaje, también, de ciudadanos norteamericanos que mantengan contacto con extranjeros, siempre que el cometido último sea recabar información en otros países. “El programa de la Administración Bush de espionaje sin controles, que en una ocasión se consideró una amenaza radical a la cuarta enmienda de la Constitución [la que protege de registros arbitrarios], se ha institucionalizado otros cinco años”, asegura Michelle Richardson, asesora legal en la organización American Civil Liberties Union.

El jueves, además, Obama ratificó la Ley de Autorización de Defensa de 2013, que permite la financiación del Pentágono con unos 633.000 millones de dólares, de los que proviene, por ejemplo, la paga de los soldados. El Capitolio, sin embargo, le envió esa ley al presidente con una importante cortapisa: en tres secciones, le prohíbe la transferencia de detenidos en Afganistán y en Guantánamo, algo con lo que los legisladores se aseguran de que Obama no cerrará Guantánamo en un futuro inmediato, rompiendo así una de las promesas de su campaña electoral de 2008.

“Me opongo a esta provisión”, aseguró Obama en una declaración añadida al texto al ratificar la ley, “que sustituye a lo que debería ser una determinación de Congreso, detenida y basada en hechos y en el asesoramiento de profesionales antiterroristas y policiales, sobre cuándo y dónde llevar a juicio a los detenidos en Guantánamo". En ese anexo, el presidente se reserva la posibilidad de vetar esa prohibición específica. En un principio, Obama quiso transferir a algunos detenidos a suelo norteamericano, pero encontró notable resistencia en el Capitolio.