El Gobierno de Argentina inicia el desguace del Grupo Clarín

El 7-D se convirtió en 17-D. El 7 de diciembre vencía el ultimátum que el Gobierno de Argentina llevaba tres meses anunciando. Ese día, el Gobierno haría cumplir la Ley de Medios, o sea, la transferencia de parte de los negocios audiovisuales de Clarín hacia otras compañías. Pero un juzgado de segunda instancia le aguó la fiesta al Gobierno el 6 de diciembre cuando falló que la ley no podría entrar en vigor hasta que no hubiese sentencia “definitiva” sobre su constitucionalidad. A partir de entonces, Clarín dispondría de un año para adecuarse a la normativa. Sin embargo, el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, dictaminó el pasado viernes que la Ley de Medios es constitucional (a pesar de que Clarín había denunciado en 2009 la ilegalidad de varios artículos) y ordenó levantar la medida cautelar que impedía aplicar la norma. Clarín recurrió la sentencia a las 7.57 de la mañana del lunes con el fin de que interviniese cuanto antes la Cámara de lo Civil, el tribunal de segunda instancia que ya se había pronunciado a favor del grupo. Pero el Gobierno interpretó que la sentencia del juez de primera instancia no solo es definitiva, sino que le autoriza a intervenir de oficio sobre el mayor grupo mediático del país. Y el 17-D se produjo el desembarco.

Poco después de que Clarín recurriese la sentencia, se presentó en la sede del grupo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella. Venía a notificar “el inicio de la transferencia de oficio”. La noche anterior, Sabbatella había explicado en un programa de TV Pública que el proceso de “transferencia” durará cien días hábiles. “Se inicia con su notificación para quien no haya presentado su plan voluntario de adecuación. Eso tiene un primer capítulo que es la tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas; un segundo capítulo, que es la selección de las licencias a concursar; un tercero, que es el concurso de las mismas y, por último, la adjudicación y el traspaso de la licencia al nuevo titular al final del proceso”. “La diferencia entre el plan de adecuación voluntaria y el proceso de oficio es que en el primer caso el que lo organiza es el propio grupo empresario, y en el proceso de oficio lo hace el Estado al no haber un cumplimiento de la norma", explicó Sabbatella.

El 17-D ha llegado en medio de los ataques furibundos que desde el Gobierno se han lanzado contra los representantes judiciales. El último de ellos se produjo el sábado, cuando el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, tachó de “Cámara de mierda” al juzgado de segunda instancia que falló a favor de Clarín el seis de diciembre. “Me preguntaban cómo tomaron el fallo de la Cámara. ¿Los sorprendió? ¡Cómo nos iba a sorprender eso!”, declaró en un acto público. “Si era obvio que esa Cámara de mierda iba a hacer lo que había hecho. ¡Qué duda teníamos, compañeros, que esos jueces comprados por Clarín iban a fallar para Clarín!”. El lunes, antes del mediodía, Abal Medina pidió excusas en Twitter por su “exabrupto”: “Un evidente error mi exabrupto del sábado!!! Una palabra impropia para cualquiera en el debate público”, escribió. Días antes, la presidenta Cristina Fernández también había cargado contra los jueces en un acto multitudinario en la plaza de Mayo.

Por su parte, el Grupo Clarín emitió ayer un comunicado en el que calificaba de “improcedente e ilegal” la actuación del Gobierno. El escrito hacía hincapié en que el Gobierno inició un proceso de oficio referido al artículo 161 de la Ley de Medios cuando “dicho artículo nunca estuvo vigente para el Grupo Clarín, con lo que mal pueden computarse plazos o procedimientos vencidos respecto del mismo”. El artículo 161 autoriza transferir las licencias de aquellos medios que no se hayan ajustado a la ley en el plazo de un año.