Defensa de la libertad

Los monopolios en medios de comunicación no favorecen el debate democrático. Impulsar el pluralismo es legítimo. Pero en Argentina el peligro es que el pluralismo se encoja, no que se amplíe. Legislar con medidas diseñadas contra medios o grupos específicos, y anteponer las decisiones administrativas a las judiciales, supone caer en la arbitrariedad y el autoritarismo. La ofensiva desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín —el mayor de Argentina— busca claramente silenciar una plataforma independiente y crítica que el poder actual —frente a la situación reinante con Néstor Kirchner— considera como su mayor enemigo.

La ley de servicios de comunicación audiovisual, votada tres años atrás y que obligaría al grupo junto a otra veintena —incluido PRISA, editor de EL PAÍS— a “desinvertir” en sus numerosas emisoras de radio y televisión, está muy específicamente diseñada contra los medios televisivos de Clarín. En la medianoche de mañana se va a agotar el último plazo de un año dado para estas desinversiones, sin ampliarlo para, al menos, esperar a que la justicia, y la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. El propio alto tribunal ha considerado que actuar de este modo constituye una “denegación de justicia”. Pero el Gobierno parece dispuesto a revocar las licencias por vía administrativa y obligar a la “desinversión”, aunque tuviera que compensar al Grupo Clarín si el Supremo falla en su contra.

El Gobierno asegura que su intención es inducir un mayor pluralismo en un panorama mediático que ya controla en su mayoría, directa o indirectamente. Es sabido cómo utiliza las licencias y, sobre todo, la publicidad institucional en su favor. De caer las emisoras del Grupo Clarín en manos de inversores progubernamentales, como es previsible, habrá menos pluralismo informativo en Argentina.

Además, los periodistas independientes y críticos se están viendo sometidos a acosos y amedrentamientos. La libertad de expresión está en entredicho en Argentina. Con esta forma de actuar, el Gobierno de Fernández de Kirchner recuerda el autoritarismo del régimen de Chávez en Venezuela. No es la línea recomendable. Así está dañando la imagen del país y generando aún más inseguridad jurídica. Convendría que reconsiderara su posición para evitar caer en un nuevo error.