La legislación norteamericana sobre las armas de fuego varía según los Estados

Tras la matanza en la escuela de Newtown (Connecticut), se alzan las voces a favor reforzar la reglamentación sobre las ventas de armas en el país, pero la legislación actual difiere de Estado en Estado, y el mismo Estado federal regula poco el comercio de armas.

“El Estado federal hace poco, muy poco, casi nada”, explica Robyn Thomas, directora del Centro Legal de Prevención de la Violencia por Armas de Fuego.

Una ley votada en el Congreso en 1993, conocida como Ley Brady, ha hecho obligatorio verificar los antecedentes penales y psiquiátricos del comprador antes de venderle un arma.

Más del 40% de las ventas de armas queda fuera de la ley porque se produce entre particulares –por ejemplo, en sitios web especializados que sirven de intermediarios entre dos personas- , o en exposiciones de armas de fuego. Es decir, la ley sólo alcanza a las armerías homologadas.

El fichero federal de antecedentes presenta otros fallos. La asociación Alcaldes contra las Armas Ilegales ha descubierto que millones de dossiers sobre personas desequilibradas no habían sido transmitidos al FBI.

Jared Loughner, que mató a seis personas e hirió gravemente a la congresista Gabrielle Giffords en Arizona en enero de 2011, obtuvo por ejemplo el visto bueno del fichero antes de adquirir sus armas.

Además, de los 50 Estados, 13 sólo consultan el departamento de antecedentes del Estado donde se localiza el vendedor: antecedentes criminales registrados en otro Estado, o a nivel federal, no aparecen en el fichero consultado.

La mayoría de las restricciones a la venta de armas depende de hecho de los Estados. California tiene la legislación más restrictiva: todas las ventas requieren una verificación del fichero federal; los cargadores de gran capacidad y la mayor parte de las armas de asalto tienen prohibida su venta; los compradores deben superar antes un examen escrito y no pueden adquirir más que una arma corta al mes.

En Connecticut, donde tuvo lugar el atentado, la posesión o la transferencia de armas de asalto está prohibida, lo que incluye el fusil de asalto Bushmaster M4 encontrado en el lugar de la matanza por la policía, según el diario The New York Times. El tirador habría utilizado dos pistolas, una Sig Sauer y una Glock, dos armas cuya compra requiere la obtención previa de un certificado.

De 1994 a 2004 una ley federal prohibió la producción y la venta de armas de asalto, pero el Congreso no ha renovado jamás el texto. La misma definición de armas de asalto deja un margen de interpretación. California detalló con precisión sus características, por ejemplo la presencia de un estabilizador o de cargadores de gran capacidad. Pero los fabricantes “encuentran siempre el medio de orillar la ley”, se queja Robyn Thomas.

La venta de armas semiautomáticas, aquellas cuyo gatillo es preciso apretar para disparar, está prohibida a nivel federal, salvo las producidas antes de 1986, que sin embargo se someten a laboriosos trámites de registro.