La UE inicia una investigación a escala europea sobre la corrupción

“Entramos en terra incógnita” fue la frase utilizada por uno de los funcionarios de la Comisión Europea que encabezan un proyecto para investigar la corrupción que aqueja al continente. Las conclusiones se conocerán a mediados de 2013, cuando se publicará la primera edición del informe que llevará por título Evaluación de la acción contra la corrupción de los Estados miembros. Eligió la Comisión uno de los países, Bulgaria, más afectados por esta plaga, como admitía su ministro de Interior al inicio del foro celebrado esta semana en Sofía. Un cónclave en el que fiscales y jueces, académicos, organizaciones no gubernamentales, periodistas y funcionarios de 14 países de la Unión —agrupados por Estados de dos en dos, España e Italia fue uno de los binomios— debatieron sobre los métodos elegidos por cada Estado para luchar contra la corrupción, los privilegios y a menudo la inmunidad de la clase política, el papel de los medios de comunicación en ese combate, las penurias que padece la judicatura, la elección entre las agencias antifraude independientes o las unidades especializadas de las fiscalías…

Una conclusión emergió: la fórmula para este combate contra el fraude no es lo más relevante. Todo depende de la voluntad política de los Gobiernos. “Esperamos que el informe impulse esa voluntad”, confiaban los organizadores. “No solo es necesaria la legislación. Es imprescindible que se aplique”, insistieron. La comisión ha calculado que el coste anual de las prácticas corruptas en la Unión se eleva al 1% de su producto interior bruto. Un porcentaje que pudiera parecer irrelevante, pero que no lo es. La propia Comisión ofrece números: ese 1% supone 120.000 millones de euros anuales, la mitad del total del rescate financiero que Grecia utilizará durante varios años.

Rumania, Portugal, República Checa, Hungría, Grecia, Croacia, Eslovaquia, Chipre, Eslovenia, Bulgaria, Francia, Austria, Italia y España comenzaron en Sofía la andadura. Los 13 restantes Estados miembros se darán cita en primavera en Suecia, y a mediados de 2013 se redactará el primer informe. Pero como es norma en la UE, las cosas de palacio van muy despacio —“tenemos que estar pendientes de que cada palabra no moleste a ninguno de los 27 miembros”, admitía una funcionaria de la Comisión— y extraer conclusiones, admiten los funcionarios europeos, llevará más tiempo. A partir del tercer informe las cosas empezarán a estar más claras. Siendo bianuales estos informes, poco se puede esperar antes de un lustro. Y, en todo caso, estará por ver la eficacia de esta iniciativa. “Las recomendaciones no serán legalmente vinculantes. Dependerá de los Gobiernos hacer buen uso de esta herramienta”, explicaba uno de los organizadores.

La regulación de las campañas electorales y las donaciones a los partidos políticos —en Rumania, por ejemplo, no tienen obligación de presentar cuentas ni se regulan las donaciones—; la declaración patrimonial de los parlamentarios o gobernantes; el control de los medios de comunicación —los italianos reían mientras clamaban “no tenemos nada que decir”, dado el cuasimonopolio berlusconiano de los medios públicos y privados— por grupos afines a intereses políticos o empresariales y el declive del periodismo de investigación; la protección de las personas que filtran informaciones relevantes para la sociedad; la regulación del conflicto de intereses —“Es un concepto nuevo en Bulgaria”, dice un prominente empresario local—; la legislación sobre la actividad de los lobies, en mantillas en la gran mayoría de los Estados; la inmunidad de que goza parte de la clase política; la temprana prescripción de los delitos de corrupción en algunos Estados… Una retahíla de impedimentos que requiere muchas manos a la obra. Y, tal vez, un cambio de enfoque.

La estrategia contra la corrupción está basada en la persecución judicial, pero algunos expertos consideran que se debería insistir en una labor preventiva

La estrategia contra la corrupción está basada en la persecución judicial, pero algunos expertos consideran que se debería insistir en una labor preventiva. Fundamentales son los proyectos de leyes de transparencia, que en algunos países nórdicos y anglosajones funcionan muy bien, pero que en el resto de países de la Unión solo ahora comienzan a aprobarse, y con reparos (España es claro ejemplo). Se trata de que las Administraciones ofrezcan en internet toda la información relevante sobre el gasto público. Pero no solo eso. Es imprescindible, considera Transparencia Internacional, que esa información se ofrezca en un formato manejable y comprensible, y no en bruto, fotocopiando y volcando en la red miles de páginas, como hacen algunas Administraciones. O manteniendo vacías bases de datos, como sucede en Chipre.

Tal vez lo que proponía una asistente al foro pueda ayudar a esa prevención. No hay que hacer solo campañas basadas en el Name and Shame (nombre y vergüenza) para señalar a elementos corruptos; convendría también apuntar a los funcionarios y políticos (Name and Shine, nombre y brillo) que destaquen por su lucha contra las corruptelas y fraudes que se concentran en los sectores de la construcción, defensa o sanidad, aquellos en los que fluyen ingentes sumas de fondos públicos.

Quedaron asuntos trascendentes en el tintero. Por ejemplo, el fomento de la corrupción que propician las grandes multinacionales europeas, sobre todo en países de África y Asia. A las puertas del hotel de la gélida Sofía en el que se celebró el encuentro, decenas de personas protestaban contra el proyecto de extracción de gas que la compañía Chevron lleva a cabo en el este de Bulgaria. Pero de las prácticas corruptas de algunas grandes multinacionales —el banco británico HSBC, sin ir más lejos acaba de ser sancionado con 1.500 millones de euros en Estados Unidos por lavado de dinero— solo se habló en algunos corrillos: “Too big to be honest” (demasiado grandes para ser honestas), comentaban algunos participantes sobre esas multinacionales, parafraseando el “Too big to fall” (demasiado grande para caer) que se aplica a esos grandes bancos que apenas reciben castigo por descarados que hayan sido sus desmanes financieros.