Una unión apolítica

Es probable que no se hayan dado cuenta, pero vivimos en una federación. Y no se trata de esa federación que algunos reclaman como improbable solución al problema catalán. Pero la analogía vale. Igual que España es una federación en casi todo menos en el nombre, pues los niveles de competencias de los que gozan las Comunidades Autónomas son, en la práctica, muy similares a los que encontramos en países que sí que se denominan abiertamente federales, como Alemania o Canadá, Europa se ha convertido en una federación. El hecho de que ni los federalistas hayan salido a la calle a celebrarlo ni los euroescépticos hayan levantado barricadas para protestar se debe a que se trata de una federación, primero, encubierta, y segundo, económica. Así que como formalmente no le llamamos federación europea y, al mismo, tiempo, mantenemos la política, o su apariencia, en el ámbito nacional, aunque muchos ciudadanos anden con la mosca detrás de la oreja, se cumple el axioma de la comunicación política que dice que "de lo que no se habla, no existe". Pero un análisis sosegado de los instrumentos y competencias de los que la Unión Europea se ha dotado en estos últimos años no deja lugar a dudas. El pacto por el que la Unión Europea se dedicaba a gestionar el euro, sostener el mercado interior, garantizar la libre competencia, celebrar acuerdos comerciales y sólo débilmente a coordinar las políticas económicas, dejando la política fiscal y la gestión del Estado del bienestar en manos de los Estados, ha muerto.

La unión monetaria se ha dotado tanto de un brazo preventivo como de un brazo corrector. Con esos dos brazos, la unión monetaria deja de andar a cuatro patas y se convierte en un bípedo capaz de moldear la realidad. Pero en escena están apareciendo otras tres uniones: una unión bancaria, que de forma lenta pero segura está viendo la luz estos días; una unión fiscal, que ya es una realidad con capacidad de conformar los presupuestos de los Estados miembros antes incluso de que los gobiernos y parlamentos nacionales comiencen a prepararlos; y, tercero, una unión económica, pues la Comisión Europea y el Eurogrupo tienen ya y tendrán cada vez más capacidad de diseñar los mercados laborales, los sistemas de pensiones y la política económica de los estados miembros. Todo eso acompañado de esa especie de Fondo Monetario Europeo que es el MEDE, con una impresionante capacidad de imponer condicionalidad a los estados. Y esto es sólo el comienzo, pues se está hablando de un Tesoro propio, eurobonos y de un presupuesto europeo que cuadriplique al actual.

Todas estas medidas son lógicas y necesarias si lo que se quiere es salvaguardar el euro. Inevitablemente, hemos concluido, tenemos que centralizar la toma de decisiones, transferir más competencias a Bruselas y renunciar a la autonomía que nos quedaba. El problema es qué hacemos con la política: ¿la dejamos en el ámbito nacional, aunque los gobiernos nacionales sean cada vez menos capaces y las elecciones nacionales menos decisivas? ¿O transferimos también nuestra soberanía política al ámbito europeo con la esperanza de que sea allí, en Bruselas, donde los ciudadanos puedan ser eficazmente representados? Aquí es donde surge el dilema. Lo primero no parece muy aconsejable pues, como los españoles han experimentado de primera mano, las elecciones todavía sirven para cambiar gobiernos, pero no para cambiar las políticas. Y en Europa las cosas no son mejor aún porque las elecciones europeas ni siquiera sirven para cambiar gobierno pues el Parlamento Europeo tiene un poder marginal y la Comisión Europea es muy débil y carece de autonomía política real.

De ahí la certeza de que aunque esta federación sea exitosa en lo económico, políticamente será un desastre si los ciudadanos no pueden recuperar en el ámbito europeo lo que pierden en el ámbito nacional. La soberanía, como el alma, ha abandonado el moribundo ámbito de la democracia nacional, pero no ha terminado de encontrar una democracia europea en la que instalarse. Y en ese vacío político en el que mora ha sido fragmentada y capturada por actores e instituciones de diverso pelaje: Berlín, el BCE, los mercados, los tecnócratas. El resultado es que vivimos en una unión apolítica, donde los gobiernos no gobiernan y los ciudadanos eligen entre alternativas que no lo son. Es, ante todo, una unión de reglas, supuestamente neutrales, que todos han de cumplir, pero con políticas que no se pueden cambiar. Al igual que la unión monetaria nació incompleta y casi perece una década después, esta federación económica carece de un soporte de legitimidad política suficiente para impulsarla hacia el futuro. Es hora pues de hablar de cómo recuperar en Europa lo que hemos perdido en casa.

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