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Derechos Humanos investiga por tortura a la policía de la capital de México

La Comisión investiga a cuerpos policiales por cometer decenas de detenciones ilegales

Una manifestación en contra de las detenciones, en el centro de la Ciudad de México.
Una manifestación en contra de las detenciones, en el centro de la Ciudad de México. EFE

La policía de la capital mexicana es investigada por Derechos Humanos por tortura, detenciones ilegales y otras graves faltas, que habría cometido después de los disturbios tras la investidura de Enrique Peña Nieto el sábado pasado. Algunas manifestaciones derivaron en enfrentamientos y actos de vandalismo en el centro histórico del Distrito Federal.

El informe preliminar del comisionado de DD HH en esta ciudad, Luis Armando González Placencia, cuenta que cuerpos policiales bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal —que depende del Gobierno de la capital, en manos de la izquierda desde 1997— es investigada por presuntos actos de tortura. Tiene registrados cuatro casos. Uno de ellos detalla que un joven fue amagado con un arma, golpeado en los genitales y sometido a choques eléctricos en una de sus piernas. Antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público [la Fiscalía], lo desnudaron, le hicieron fotos y fue golpeado. “Nos refiere que los choques eléctricos fueron como con una especie de macana”, asegura el reporte.

El texto explica además que los agentes habrían realizado detenciones ilegales. “[Los policías] privaron de la libertad a personas que se manifestaban de manera pacífica; a personas que se encontraban dando seguimiento y cobertura a la manifestación [haciendo fotos, vídeos]; a personas que se acercaron a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los policías y a personas que circunstancialmente se encontraban en lugar [trabajo, compras, paseo o curiosos]”. Además, la policía habría arrestado también a personas que no estaban en el sitio de las protestas. Entre las detenciones, una abuela que salía del metro y un fotógrafo de origen rumano que no recibió atención consular. Según DD HH, el sábado hubo 99 detenidos (al menos 22, arbitrarias). La Fiscalía ha liberado a 29 (entre ellos 12 menores de edad) y ha abierto un proceso judicial en contra de los otros 70.

Desde el día de las protestas, distintas voces han cuestionado el operativo policíaco, tanto por casos de abuso y brutalidad en el comportamiento de los policías, como por permisividad y pasividad ante los vándalos que durante largos minutos destruyeron, sin que la policía del Distrito Federal mostrara ningún tipo de protocolo para dispersarlos o someterlos, decenas de locales públicos y privados. El ahora exalcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard, acusó a supuestos grupos “anarquistas” de los desmanes.

Polémica aparte se ha desatado por la actuación de la Policía Federal [el cuerpo policial que es controlado por el Gobierno central], que resguardó el Congreso de la Unión, donde Peña Nieto rindió protesta. El sábado pasado, en los alrededores de la sede legislativa hubo también violentos choques que derivaron en decenas de heridos, entre ellos dos de gravedad. La policía fue acusada de utilizar balas de goma, algo que nunca había ocurrido en México. Este jueves, la secretaría (ministerio) de Gobernación negó que los policías federales las hubieran utilizado. Sin embargo, hay fotografías que muestran a agentes con este tipo de armamento o lanzando piedras y otros objetos.

Desde el primer minuto del sábado, la fuerza policial federal ya dependía de Peña Nieto, quien nombró para el cargo a Manuel Mondragón, quien hasta el jueves pasado fuera jefe de la policía del Distrito Federal. Además de estos casos, el cuerpo policial de la capital mexicana ya había sido investigado por Derechos Humanos por aislados casos de tortura y detenciones de jóvenes.

En las redes sociales circulan vídeos donde se comprueban detenciones de quienes no representaban peligro alguno. Y también en Internet hay múltiples protestas de ciudadanos y colectivos que reclaman la libertad de aquellos que, siendo inocentes, están siendo acusados de graves delitos y podrían ser condenados a varios años de cárcel cuando se ha demostrado que ni estaban en el lugar que dice la policía ni son los que causaron los graves daños que ese día sí hubo y por cuya autoría aún no ha sido presentado nadie en específico.

Los disturbios del sábado han metido en un serio problema a dos gobiernos. El federal, de Peña Nieto, quien de por sí carga con el estigma por la brutal represión policíaca en 2006 de San Salvador Atenco, poblado del Estado de México, donde él gobernaba. Y el de la capital, del Distrito Federal presidido desde el miércoles por Miguel Ángel Mancera, quien a pesar de que apenas tomó posesión ha salido ya a enfrentar las acusaciones de los abusos policiales de la corporación que hoy ya está bajo su mando.

Ambas administraciones tendrán que convencer en las próximas horas de que, por un lado, los que cometieron destrozos y ataques están ante un juez y que los que cometieron abusos son castigados. Y por otro, asegurarse de poner en libertad, lo más pronto posible, a quienes protestaban pacíficamente y a aquellos que simplemente iban pasando por ahí cuando los arrestaron sin deberla ni temerla.