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COLUMNA

Un ataque a los derechos humanos

Venezuela entra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por Latinoamérica

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reunido con sus ministros del gabinete económico.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reunido con sus ministros del gabinete económico. EFE

Mientras muchos estábamos fijando nuestra atención en las elecciones de México, Venezuela y Estados Unidos en los últimos meses, algo muy peligroso ha estado pasando casi desapercibido: el ataque contra el sistema de derechos humanos de la región. A principios de la semana pasada, los países latinoamericanos eligieron a Venezuela como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí, leyeron bien, Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez hasta el día de hoy defiende entusiastamente al carnicero sirio Bachar el Asad, a los hermanos Castro en Cuba y a cuantos otros tiranos existan en el planeta. Según las resoluciones de la ONU, los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben “mantener los estándares más altos en la promoción y protección de los derechos humanos”. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos votaron alegremente por Venezuela.

Mientras los países europeos presentaron cinco candidatos para ocupar las tres plazas rotatorias de su región, los latinoamericanos solo presentaron tres —Venezuela, Brasil y Argentina— lo que resultó en su elección automática. Ningún otro país latinoamericano se presentó para desafiar la candidatura venezolana.

“Le habíamos pedido a otros países latinoamericanos que presentaran sus candidaturas, pero ninguno se presentó, lo que fue muy desafortunado”, dijo Peggy Hicks, del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, tras la elección de Venezuela el 12 de noviembre.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos están furiosas —pero no del todo sorprendidas— por la elección de Venezuela para el Consejo. Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocasionalmente critica flagrantes violaciones de derechos humanos en Siria o Irán, ha tenido entre sus miembros más activos a dictaduras como las de China o Cuba, y muchas veces ha funcionado como un club de mutua protección entre algunas de las peores dictaduras del mundo.

Según Freedom House, otra organización de derechos humanos que publica un índice anual de libertades en el mundo, Venezuela es un país “parcialmente libre”. En una declaración sobre la elección de Venezuela al Consejo, Freedom House dijo que aunque en Venezuela “el acto de votar es relativamente libre y el recuento de votos es justo”, la división de poderes “es prácticamente inexistente”.

Pero la elección de Venezuela es tan solo un síntoma de algo mucho más serio que está ocurriendo en la región: el desmantelamiento de las instituciones interamericanas de protección de los derechos humanos.

A petición de Ecuador y Venezuela, y bajo el tramposo pretexto de “fortalecer” la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), los países latinoamericanos han iniciado un proceso de audiencias en la OEA con el objetivo de reducir los poderes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la institución.

Ambas agencias gozan de independencia para investigar casos concretos en países miembros de la OEA, y publicar informes sobre ellos. Son, de lejos, lo mejor —quizás lo único— que tiene la OEA. Contrariamente a la afirmación de Hugo Chávez de que la Comisión es una herramienta del “imperio”, el año pasado se emitieron más medidas cautelares contra Estados Unidos que contra cualquier país de la región con la excepción de Honduras.

Sorprendentemente, la ofensiva de Ecuador y Venezuela contra los derechos humanos ha logrado conseguir un apoyo tácito de Argentina, Brasil y otros países supuestamente defensores de los derechos humanos universales, que le deben a la Comisión de la OEA gratitud por haber denunciado en su momento a las dictaduras militares de sus países en la década de 1970.

“El sistema Interamericano de Derechos Humanos está en serio peligro”, advirtió esta semana el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “Quieren quitarle su poder de investigar abusos de los gobiernos, y convertirla en un foro de conferencias y seminarios”.