La declaración de Cádiz aboga por “reglas claras” para las inversiones extranjeras

La declaración final de la cumbre de Cádiz aboga por “fortalecer reglas claras, estables y previsibles que ayuden a promover las inversiones productivas nacionales y extranjeras, de acuerdo con las leyes de cada país, y que permitan acceder a las tecnologías punta y promover la creación de trabajo decente y el desarrollo económico con equidad e inclusión social”. Así figura en el borrador que ha sido aprobado por los coordinares nacionales y que revisan en este momento los ministros de Asuntos Exteriores de los 21 países de la Comunidad Iberoamericana (todos salvo Paraguay), al que ha tenido acceso EL PAÏS.

Se trata de la única alusión, siquiera implícita, al conflicto que ha enfrentado a España con Argentina, a propósito de la expropiación de las acciones de la compañía Repsol en la petrolera YPF. Dado que la declaración se aprueba por unanimidad, el párrafo es muy genérico e incluye referencias a la legislación de cada país, lo que satisface a Buenos Aires. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no ha viajado a Cádiz, alegando motivos de salud, pero ha llamado al Rey y a Rajoy para excusarse lo que, según fuentes diplomáticas, ha relajado la tensión entre los dos gobiernos. El contencioso está pendiente de que Repsol presente una demanda ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, y en diciembre debe pronunciarse el comité de inversiones de la OCDE, a petición de España.

Estos son los principales aspectos de la declaración, que ocupa ocho folios y medio centenar de puntos, agrupados en seis apartados:

- Apoyo a la “negociación de acuerdos comerciales y de desarrollo, orientados a evitar el proteccionismo y a reducir las medidas que distorsionan y obstaculizan el comercio”. Puede entenderse, también, como una crítica velada a la imposición de aranceles por países como Argentina.

- Reafirman “el derecho soberano de los estados sobre sus recursos naturales, con base en su respectiva legislación nacional, con pleno apego a los instrumentos del derecho internacional de los que cada estado forma parte”. Constituye, en sentido contrario, un espaldarazo a las nacionalizaciones de materias primas.

- “Promover, en función de los recursos fiscales disponibles y de las necesidades de desarrollo económico, inclusión social y reducción de la pobreza, políticas contracíclicas que permitan mantener e incrementar los niveles de actividad económica y trabajo decente”. Es lo contrario a las políticas de ajuste que está aplicando la UE.

- “Rechazar aquellas políticas cambiarias que puedan tener potenciales efectos negativos sobre el comercio internacional, así como administrar con mayor rigor el ingreso de flujos de capital para evitar la sobrevaloración de las monedas locales”. Se trata de una crítica al uso del cambio de moneda como arma comercial y una referencia a la sobrevaloración del real brasileño.

- “Diversificar la estructura productiva para disminuir la dependencia de los productos primarios de exportación y reducir la vulnerabilidad externa de nuestras economías”. Es el punto débil del actual crecimiento económico de América Latina, basado en la exportación de materias primas con escaso valor añadido.

- “Impulsar […] el desarrollo de una plataforma logística para la plena conectividad entre los países iberoamericanos”. La falta de infraestructuras dificulta el comercio interregional, que sigue siendo muy reducido en comparación con el dirigido al exterior de la región.

- “Promover la creación y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por su contribución al crecimiento económico y al desarrollo social, así como por su especial incidencia en la creación de empleo”. Para ello apuesta por mejorar su acceso al crédito y a los servicios financieros, el establecimiento de programas de apoyo al emprendimiento juvenil, reducción de obstáculos administrativos y la apertura de acceso al mercado iberoamericano.

- Fortalecimiento institucional, mediante el desarrollo de la eficiencia administrativa, el gobierno electrónico, la transparencia y la lucha contra la corrupción, según lo establecido en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, entre otras medidas.

- Impulsar la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas) que “representa una grave amenaza” para el bienestar de los ciudadanos y, “en algunos casos, la estabilidad democrática y el Estado de Derecho”.

- “Impulsar el Espacio Cultural Iberoamericano, afirmando el valor singular de la cultura de compartimos y de su diversidad, velando por los derechos culturales y facilitando la circulación de bienes y servicios culturales en la región”.