La corrupción del PT amenazó “la fe en el Estado”, según el Supremo de Brasil

La polémica está servida en Brasil tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso mensalão. Las figuras más importantes del Partido de los Trabajadores (PT) que en 2003 llevaron al exsindicalista Lula da Silva a la presidencia, han sido condenadas por haberse unido a empresarios y banqueros para cometer una serie de crímenes de índole mafiosa para perpetuarse en el poder.

El proceso, con sus 39 sesiones, ha sido el más largo de la historia del Supremo. Tendrá consecuencias en la vida pública de Brasil y en la misma administración de la justicia ya que la Corte Suprema ha abordado y discutido tesis nuevas de la llamada criminalidad de “cuello blanco”. También ha introducido la posibilidad de condenar no sólo a través de las pruebas concretas sino también por los indicios de lo que ellos han llamado “el conjunto de la obra”.

Ha sido a través de esa nueva jurisprudencia como el Supremo ha llegado a la conclusión, en la mayor parte de los casos por mayoría absoluta, de que existió un proyecto político de soborno a diputados y partidos con dinero público para conseguir, para el entonces presidente Lula y su partido, un apoyo parlamentario que lo perpetuara en el poder.

La condena no sólo se apoya en pruebas concretas sino también por los indicios de lo que llama “el conjunto de la obra”

Ya el acusado número uno, el poderoso exministro de Lula José Dirceu, varias veces presidente del PT, guerrillero durante la dictadura, que ha sido condenado por corrupción activa y por haber sido el organizador de la trama criminal, declaró el domingo que se considera “totalmente inocente” y que su inocencia le fue "negada en el proceso”. Según Dirceu, fue condenado “sin pruebas”, sólo por “indicios” y por el cargo que ejercía, no por haber cometido crimen alguno.

Dirceu ha sido tajante: “Mi generación que luchó por la democracia y fue víctima de tribunales de excepción [durante la dictadura militar] sabe el valor de la lucha entablada para levantar los pilares de nuestra democracia actual”, y añade: “Condenar sin pruebas no cabe en una democracia soberana”.

La mayoría de los magistrados del Supremo lo ha visto de otra forma. Mientras Dirceu y los demás condenados niegan que hubiese existido algún tipo de organización criminal para perpetuar a Lula y a su partido en el poder, el decano del Alto Tribunal, Celso de Mello, afirmó al presentar su voto de condena: “En 44 años de vida de juez nunca presencié un delito de organización criminal que se presente con tanta nitidez”.

Cuatro de los magistrados absolvieron a los 13 reos acusados de formar dicha organización alegando que la existencia de una organización criminal supone quebrantar “la paz social”, una circunstancia que no se dio en este caso, según ellos.

Los que votaron a favor de la condena insistieron, como el juez instructor Joaquim Barbosa, en que los delitos cometidos por personajes de “traje y corbata”, crean a la sociedad civil “un desasosiego mayor que los crímenes de sangre”. Según los magistrados que condenaron Dirceu y sus compañeros de partido llamándoles “banda criminal”, la paz social se quiebra cuando la sociedad “pierde la fe en el Estado”.

Mi generación que luchó por la democracia y fue víctima de tribunales de excepción [durante la dictadura militar] sabe el valor de la lucha entablada para levantar los pilares de nuestra democracia actual”

José Dirceu

El Partido de los Trabajadores, por su parte, piensa que el tribunal se ha dejado influir por los medios de comunicación y por la presión de la opinión pública, bajo el influjo de las fuerzas conservadoras, para condenar el primer Gobierno popular de la democracia brasileña. Lo que hubo en 2003, según el PT y la defensa, fue una operación legal para crear una mayoría en el Congreso capaz de poder aprobar las reformas presentadas por Lula y de apoyar al primer Gobierno de izquierdas del país.

Las ayudas financieras a los partidos que acabaron aliándose al proyecto progresista de Gobierno eran para pagar deudas de campaña de los mismos, y no para sobornarles, según la tesis del PT.

Según la sentencia del Supremo, los 143 millones de reales destinados a dicha ayuda a los partidos fue casi en su totalidad dinero público.

De los 11 magistrados que han participado al proceso del mensalão, 8 fueron designados por el expresidente Lula y por la Presidenta Dilma Rousseff y ratificados por el Senado.