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Militares y policías argentinos salen a la calle por una demanda salarial

Relevados veinte generales de dos cúpulas policiales a causa de las manifestaciones

El Gobierno de Cristina Fernández anuncia que suspende la revisión de sueldos a la baja

Miembros de la Gendarmería se manifiestan en Buenos Aires.
Miembros de la Gendarmería se manifiestan en Buenos Aires. AFP

Las calles de Buenos Aires están muy acostumbradas a los cortes de tráfico a causa de manifestantes que reclaman mejoras salariales. Pero no habían visto hasta ahora a miles de policías concentrados en pleno centro de la capital exigiendo aumentos de sueldo. Aseguran cobrar un sueldo básico de 3.000 pesos (unos 400 euros) y reclaman más del doble, 7.000 pesos (933 euros en el mercado paralelo). Ese es el origen del problema. Primero empezaron manifestándose los guardacostas de la prefectura el pasado martes y ayer se sumaron miles de agentes de la gendarmería y 200 suboficiales de la Armada.

No iba a ser una protesta más. Una cosa es oír a miles de sindicalistas gritando “el pueblo unido jamás será vencido” y otra bien distinta es ver en Argentina a miles de agentes saltarse la cadena de mando y gritar en plena calle: “Las fuerzas unidas, jamás serán vencidas”. El Gobierno tenía que hacer todo lo posible por atajarla. Y lo hizo. El Gobierno había decidido dos días atrás retirar las pagas extras de los agentes, lo cual suponía una merma en sus salarios de entre un 30% o un 60%. Por la mañana, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció que quedaba en suspenso la medida durante un mes. Abal Medina añadió que se abriría una investigación para averiguar si los altos mandos habían tratado de "manipular" a los agentes de base con tal de preservar sus propios privilegios.

Pero las protestas continuaron. Horas después, la ministra de Defensa, Nilda Garré, entregaba otra pieza a los manifestantes. En realidad fueron 20 piezas y todas ellas con rango de general: “Se ha tomado la decisión de relevar a la cúpula de la Prefectura Naval Argentina y de la gendarmería, en el día de la fecha. Han pasado a retiro diez comandantes generales de la gendarmería general. Con relación con la Prefectura Naval, han pasado a retiro diez prefectos generales. (…) Con lo cual queda así normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad”, anunció Garré en una comparecencia pública donde no admitió preguntas.

Los policías dicen que cobran unos 400 euros y piden que les pague más del doble, 933 euros

Pero la situación en las calles estaba muy lejos de la normalidad. Los policías siguieron concentrados frente al edificio de Guardacostas, en el centro de Buenos Aires y dieron al Gobierno un plazo de dos horas para que un representante acudiese allí a negociar con ellos. Aclararon que sus métodos iban a ser siempre pacíficos.

Apenas a un kilómetro de donde se encontraban los policías concentrados, se producía otro hecho absolutamente extraordinario en Argentina: 200 suboficiales de la Armada vestidos de civil se concentraban frente al Edificio Libertad, sede de la Armada, en la calle Comodoro Py. Y exigían también aumentos salariales.

“Estamos reclamando un sueldo básico de 7.000 pesos, porque ahora el básico es de 3.000”, indicó a este periódico el suboficial Marcelo Pereyra Cueva. “Empezamos la protesta después de ver lo que hacían los de gendarmería. Esto es histórico, jamás se hizo un reclamo así [salarial] de suboficiales. Pero hay que dejar claro que no queremos tomar ningún Gobierno. Cada vez que se hizo eso fue ordenado por los oficiales. Acá solo hay un reclamo salarial dentro de la democracia. Hemos ingresado a la Marina en la democracia, nos hemos criado en democracia y queremos seguir en democracia. No hay nadie armado. Los que hemos venido aquí no estamos en horario laboral. El jefe de la Armada nos ha dicho: ‘Si ustedes se manifiestan van a tener sanciones disciplinarias. La falta es gravísima. Pueden ser destituidos’. Pero a mí no me importa, tengo 31 años de servicio y gano muy poco”.

"No somos golpistas, venimos con la palabra", dice un agente retirado

La ley en Argentina prohíbe manifestarse a los militares. “Es cierto que estamos fuera de la ley”, reconoció Pereyra. “Pero hoy en día cualquiera corta un camino, un villero [habitante de los barrios más marginales], por ejemplo”. Ante el recordatorio de que nunca un villero perpetró un golpe de Estado, mientras algunos militares, sí, un suboficial que quiso mantenerse en el anonimato, señaló: “Nosotros no hacemos golpes de Estado. No vino nadie de la CIA”. “Ya agotamos todos los canales. Hubo juicios individuales para solicitar que se incorporara al salario las pagas adicionales. Hubo incluso fallos a favor de la Corte Suprema, pero el Gobierno no los concretó”, añadió Pereyra Cueva.

Cuando se le dijo que estaban incumpliendo la ley, otro suboficial, Jorge Quisbert, indicó “Nosotros somos parte de la sociedad”. Carlos, un suboficial retirado que no quiso aportar su apellido, indicó: “Es cierto que no es legal lo que estamos haciendo, pero la ley dice que el personal militar debe tener un sueldo digno”. Cuando se le recordó a Carlos que en 1987 ya se produjo un alzamiento militar en el país, el de los Carapintadas, señaló: “Ellos estaban armados y nosotros no”.

Mientras tanto, frente al edificio de Guardacostas, en la Avenida Madero, Luis Romero, un prefecto retirado, indicó: “Nosotros, al no tener armas no somos golpistas. Venimos con la palabra. A mí me sacaron [quitaron] 1.300 pesos del sueldo. Si el país estuviese en emergencia, se entendería. Pero hay recursos”.

Ante la gravedad de la situación, los diputados opositores y del Gobierno lograron firmar un escueto comunicado conjunto en el que apelaban al cumplimiento de la ley: “Los Diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución Nacional”.

En el fondo de las protestas se encuentra el problema de la inflación. Aunque el Gobierno la sitúa solo en el 10%, la mayoría de los sindicatos y los estudios de economistas privados la cifran en torno al 25%.

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