Un informe exime de culpa a Holder en la operación de tráfico de armas a México

La investigación del Departamento de Justicia sobre la operación encubierta de tráfico de armas a México conocida como Rápido y Furioso ha eximido de toda responsabilidad al fiscal general, Eric Holder, pero ha concluido que hubo “graves fallos” en el desarrollo de la misma. Catorce funcionarios, entre ellos el jefe de la División sobre el Crimen del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, han sido citados como posibles responsables de la pérdida de 2.000 armas en la frontera de EEUU con México y se recomiendan acciones disciplinarias contra ellos.

Según el informe, agentes federales y fiscales en Phoenix ignoraron las preocupaciones de seguridad pública y fueron los principales responsables del esfuerzo fallido para infiltrarse en los círculos de contrabando de armas en la operación Rápido y Furioso.

“No hay pruebas” de que el fiscal general Holder conociese los detalles de la operación antes de que saliese a la luz en febrero de 2011, se lee en el informe de más de 500 páginas hecho público el pasado miércoles.

Dentro de la operación Rápido y Furioso (Fast and Furious, en inglés), las autoridades norteamericanas entregaron gran cantidad de armamento a los cárteles de la droga mexicanos entre 2009 y 2010, con el objetivo final de hacer un seguimiento de las armas y descubrir así los entresijos del crimen organizado. Pero lo único que se logró fue peder el rastro de las armas y que algunas de ellas aparecieran en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera. Dos de esas armas de fuego fueron encontradas en Arizona en el lugar donde fue asesinado, en diciembre de 2010, el agente norteamericano Brian Terry.

La muerte de Terry fue la que destapó un escándalo que puso en una situación muy comprometida a Washington frente al Gobierno de Felipe Calderón, ya que México no tenía conocimiento de que Rápido y Furioso se desarrollaba en su territorio.

“El Inspector General no encontró pruebas convincentes de que cualquier supervisor en Phoenix, tanto en la oficina del Fiscal General como en la ATF [Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas, siglas en inglés], se hubiera planteado serias preguntas o preocupaciones sobre el riesgo para la seguridad pública que representaron las continuas compras de armas de fuego o demorar el arresto de los individuos involucrados en el tráfico de éstas”, escribe Michael Horowitz, inspector general del Departamento. “Este fracaso refleja una significativa falta de supervisión y urgencia de la ATF y la oficina del Fiscal General de EEUU”, concluye.

A finales de junio y en medio de una fuerte división política, la Cámara de Representantes de EEUU votó a favor de declarar en desacato al fiscal general por negarse a entregar documentos secretos relacionados con esa operación de tráfico de armas. Esa votación, que contó con el respaldo unánime de los republicanos, suponía al mismo tiempo un castigo para Barack Obama, que una semana antes había usado sus privilegios presidenciales para retener esos documentos. La decisión supuso la primera vez en la historia que la Cámara adoptaba una medida similar contra quien encabeza el Departamento de Justica.

La Casa Blanca se congratuló por el informe de Justicia. “El informe afirma que el problema del tráfico de armas fue una táctica heredada de la Administración anterior y que fue el fiscal general de esta Administración quien le puso fin”, dijo la Casa Blanca. “Si los republicanos aún tienen preguntas sobre Rápido y Furioso este informe les contesta”. “Ya no tienen excusa para seguir desperdiciando el tiempo y los recursos de los contribuyentes con ataques que sólo tienen motivaciones políticas y electorales”, concluye.