Entre motes, insultos y amenazas

El lunes 16 de abril, con motivo de la expropiación del 51% YPF que pertenecía a Repsol, la presidenta de Argentina declaró en un discurso televisado: “Yo quiero decirles a todos los argentinos y a todos en general, los que no son argentinos también, que esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder a ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o las frases insolentes que algunos dijeron; primero, porque represento a los argentinos y segundo, porque soy una jefa de Estado, no una patotera. Así que los que esperen que esta presidenta responda a improperios, agravios, descalificaciones, pierden el tiempo. No me han votado para eso ni es mi responsabilidad”.

Sin embargo, a lo largo de los 17 discursos que en lo que va de año ha pronunciado en cadena nacional, es decir, con la obligación de ser emitidos en todos los canales públicos y privados, la presidenta de Argentina ha hecho uso de cámaras y micrófonos para mofarse, atacar o amenazar a estadistas extranjeros, periodistas, empresarios, jubilados, jueces y gobernadores de su propio partido.

En medio de la polémica desatada en España por el viaje del Rey a una cacería de elefantes, durante el discurso del 16 de abril donde Fernández advirtió de que el cargo no le permitía incurrir en la insolencia, la presidenta mostró un gráfico y señaló: “Ahí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante esa última parte”. Cuatro días después cargaba contra tanto “papagayo suelto” que hay en Argentina, en alusión a los periodistas que criticaron la expropiación de YPF. Y dio a entender que algunos de esos “papagayos” cobraban de Repsol de forma subrepticia.

La alusión al ministro español de Economía, Luis de Guindos, a quien se refirió el 11 de julio como el “pelado [calvo] ese” resultó casi un piropo comparado con las palabras que Fernández ha ido vertiendo contra ciertos argentinos en los últimos meses. El lunes 12 de marzo atacó sin nombrarlos a un columnista de Clarín y a otro de La Nación, en cuya columna, Fernández había detectado “un cierto tufillo antisemita, una cosa de la derecha argentina que siempre fue medio antisemita”.

El 6 de junio se refirió con nombre y apellidos a un jubilado que había denunciado al Estado por las restricciones en la compra de dólares y lo tachó de “abuelo amarrete [miseria]”.

Su última invectiva sobrevino el pasado viernes y escogió como blanco a Paolo Rocca, presidente de Techint, la mayor compañía privada de Argentina, perteneciente al sector siderúrgico. A causa de unas supuestas críticas contra la falta de competitividad del Gobierno argentino publicadas por el diario Clarín, la presidenta acusó a Rocca de haberse aprovechado de una “posición dominante en el mercado”. A renglón seguido, advirtió: “¿Quieren discutir de competitividad? Vamos a hablar de competitividad en la Argentina. Pero también vamos a hablar de políticas de posición dominante, de cuántos subsidios recibís y qué es la ganancia que tendría que tener alguien con posición dominante”. Poco después, en un programa de la televisión pública, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, le perdonó la vida a la mayor empresa privada del país: “Habría que bajar el precio de la chapa y fundir al señor Rocca, pero no lo vamos a hacer, a pesar de que habló mal de nosotros”.

No todo el que habla mal públicamente del Gobierno logra salir tan airoso como Rocca, quien consiguió recomponer su relación con la Casa Rosada a través de una carta donde se desliga de las declaraciones que aparecieron en Clarín. El mismo día en que Fernández llamó “pelado” al ministro De Guindos, también arremetió contra el socio de una inmobiliaria porteña que se había quejado en Clarín de la inactividad que sufría el sector a causa de la política del Gobierno.

Primero se refirió a él “como un señor con cara, pobre, de que no tiene nada que hacer”. Después desveló su identidad —“dije el nombre, no debería haberlo dicho, no importa”—. Y reconoció que en cuanto leyó el artículo, un domingo, llamó al jefe del servicio tributario argentino para conocer el estado fiscal de la empresa. Y entonces descubrió que el hombre no había cumplimentado su declaración fiscal en los últimos años. Entre los cientos o miles de evasores de impuestos que puede haber en Argentina, el Gobierno cumplió con encomiable eficacia el deber de inhabilitar en menos de 24 horas al empresario que criticó la política de Fernández.

Diversos analistas creen que ese estilo de confrontación con un enemigo externo es el mismo que ya puso en práctica su marido Néstor Kircher (2003-2007) como método para galvanizar su propia fuerza. Sin embargo, algunos empresarios que, por razones obvias, exigen el anonimato, creen que la política y la oratoria de Fernández se radicalizaron desde que consiguió ganar las elecciones de 2011 con un histórico 54% de los votos que dejaba al candidato opositor más votado con un insignificante 16%. Con esa oposición tan debilitada, las críticas del diario La Nación y sobre todo, las del Grupo Clarín, parecían el único elemento de desgaste. Tal vez por eso, los ataques más contundentes los han sufrido los miembros del grupo Clarín o quienes criticaron al Gobierno en los medios de este grupo.

El pasado 10 de agosto Fernández atacó durante otro discurso emitido por cadena nacional al columnista de Clarín Marcelo Bonelli – “lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer”- de quien dijo que su esposa cobraba de Repsol 240.000 pesos [42.386 euros] “en conceptos de servicios que no sabemos si son periodísticos”.

En ese discurso, Fernández indicó que desde que el Gobierno ingresó en el consejo directivo de Repsol-YPF, la empresa pagaba “aproximadamente 11 millones de pesos [casi dos millones de euros al cambio oficial] por año en periodistas, en publicidad no convencional (…) ¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión; son facturas que se pagan como publicidad pero la publicidad no aparece”. Supuestamente, esos periodistas perceptores de publicidad no convencional podrían ser los “papagayos” a los que Fernández aludió cuatro meses antes. Pero la presidenta no aportó ningún documento en su discurso que respaldara su acusación. Tampoco recordó que en cada reunión del consejo directivo de Repsol-YPF se sentaba un representante de su Gobierno.

El pasado 7 de septiembre en otro discurso que esta vez solo se difundió en los medios públicos, Fernández acusó al juez Luis Armella de varias cuestiones, como la paralización de una autopista y el hecho de tener “aterrorizados” a los funcionarios y altos cargos del Gobierno encargados de ejecutar ciertas obras. Tras despacharse a gusto contra el juez, la presidenta ofreció un valioso consejo a los miembros de su Gobierno: “No hay que aterrorizarse. Solamente hay que tenerle temor a Dios; y a mí, en todo caso, también un poquito”.