El expresidente argentino De la Rúa afronta un juicio por presuntos sobornos

La coima (soborno) está extendida en Argentina, pero resulta muy difícil de comprobar y, por tanto, de castigar. Coimea desde el policía que multa a un conductor hasta el más alto cargo político, pero pocas veces se los llega a juzgar. De ahí que el juicio que comienza este martes contra el expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) sea histórico. Un tribunal federal deberá determinar si quien presidió a Argentina en una de sus peores crisis sociales, económicas y políticas sobornó a senadores para aprobar una reforma laboral que le exigía el Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir refinanciando a su país.

Aquel escándalo de presunta corrupción supuso el principio del fin del gobierno de coalición del radical De la Rúa. Una vez que la prensa destapó las sospechas de sobornos en octubre de 2000, renunció el entonces vicepresidente de Argentina, Carlos Chacho Álvarez, del Frente País Solidario (Frepaso), que junto con la Unión Cívica Radical (UCR) conformaban la Alianza. Álvarez, que además presidía el Senado, argumentó que no podía seguir perteneciendo a un gobierno salpicado por ese escándalo. A partir de entonces saltó por los aires la prima de riesgo de la deuda, que finalmente Argentina dejaría de pagar en diciembre de 2001, el mismo mes en que cayó el Gobierno de De la Rúa. La dimisión de Álvarez fue percibida por los mercados como prueba evidente de la debilidad de la Alianza y por los ciudadanos, como el fin de la ilusión que esa coalición había engendrado tras una década de un gobierno ensuciado por diversos casos de corrupción como el del peronista Carlos Menem (1989-1999).

De la Rúa no solo será juzgado por cohecho, delito por el que pueden caerle hasta seis años de prisión, sino también por malversación de fondos públicos, por el que puede permanecer otros diez años encerrado. También están acusados por los presuntos sobornos su mano derecha y entonces secretario de Inteligencia, el empresario Fernando de Santibáñes, el que ejercía de ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, del Frepaso, y cuatro que eran senadores de la oposición peronista pero que votaron a favor de la flexibilización laboral, Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda. También será juzgado como partícipe de las coimas el funcionario que confesó haberlas entregado: el entonces secretario administrativo del Senado, Mario Pontaquarto, que ahora es camarero en un bar. De la Rúa y los demás políticos acusados por él se encuentran alejados de la vida pública.

En 2003, tres años después del destapado el escándalo, Pontaquarto se confesó arrepentido y declaró en la justicia que había presenciado una reunión en marzo de 2000 en la que el jefe del grupo radical de senadores, José Genoud, le dijo a De la Rúa que había que ofrecerles “otras cosas” a los peronistas para convencerlos de aprobar la reforma laboral. El entonces presidente respondió: “Eso arréglenlo con De Santibáñes”, según atestiguó Pontaquarto. El exsecretario administrativo del Senado dice que recibió del jefe de Inteligencia 3,5 millones de euros para cinco senadores peronistas, incluido uno llamado Emilio Cantarero, que no será juzgado porque padece de Alzheimer, y otros 567.000 para el legislador radical Genoud y el ministro Flamarique. Genoud se suicidó hace cuatro años.

Los acusados buscarán desacreditar al arrepentido Pontaquarto, quien a su vez fue condenado a dos años y un mes de prisión en otra causa por malversación de viáticos. Más de 300 testigos comparecerán en el juicio durante más de medio año, incluidos Álvarez, la entonces diputada y actual presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, que votó contra aquella ley, y el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, otro peronista que también se resistió a la reforma y que al descubrirse el caso declaró que el ministro de Trabajo le había confesado: “Para los senadores tengo la Banelco (tarjeta de débito bancario)”. Aquella reforma laboral acompañó los diversos ajustes fiscales que aplicó De la Rúa para evitar una suspensión de pagos que finalmente se precipitó. La flexibilización de los derechos de los trabajadores terminó siendo derogada por el Congreso en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).