Los hispanos temen la discriminación tras el fallo sobre la ley de Arizona

En el día después de la decisión del Tribunal Supremo, activistas y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes de todo el país han condenado parte del fallo de la máxima corte sobre la ley de Arizona porque consideran que promoverá el abuso y la discriminación contra los hispanos.

“La Corte Suprema ha afirmado que en casi su totalidad leyes como la SB1070 violan nuestra Constitución”, ha declarado Angela Kelley, vicepresidenta de Política Inmigratoria del Center for American Progress (CAP). “Pero ha mantenido una de las provisiones más problemáticas de la ley antiinmigración de Arizona”, explica Kelley, en referencia a la cláusula que permite a los agentes de policía exigir documentos que prueben su estatus migratorio a quien consideren sospechoso de residir en EE UU ilegalmente.

“La provisión ‘papeles, por favor’ conducirá de manera directa e inmediata a dar el alto a gente dependiendo de su aspecto racial, de cómo hablen o de qué aspecto tengan, al margen de si han sido ciudadanos estadounidenses toda su vida”, expone la activista. En opinión de Kelley, la decisión de la máxima corte estadounidense es un fuerte revés a “los derechos civiles en América”.

La cláusula 2B, conocida como la provisión de Papeles, por favor, promueve la categorización racial y los arrestos injustificados, además de propagar el pánico entre la población latina del país, según los analistas y expertos de la comunidad. “Ha habido personas que han sufrido abusos por su piel, por su forma de vestirse, que han sido detenidas por la policía por cómo hablaban”, ha declarado Petra Falcón, directora de la organización con base en Phoenix, Promise Arizona.

La provisión ‘papeles, por favor’ conducirá de manera directa e inmediata a dar el alto a gente dependiendo de su aspecto racial", ha dicho Kelley

Los hispanos, que son la principal minoría de la población de Estados Unidos -de la que representan alrededor de un 16%-, son básicamente la mayoría entre los inmigrantes ilegales. En Estados Unidos viven cerca de 12 millones de personas sin documentos, en su mayoría mexicanos. El Gobierno de México emitía ayer un comunicado a raíz de la decisión del Supremo: “Este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades”. “La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visiten Estados donde han entrado ya en vigor”, finalizaba el comunicado.

En un fallo de 5-3 –la juez Elena Kagan se recusó del caso debido a que era fiscal general de Barack Obama cuando la SB1070 llegó a los tribunales-, el Supremo dejó claro a los 50 Estados de la Unión que la política migratoria es potestad del Gobierno federal. Así, la disposición de la ley que criminaliza las relaciones contractuales entre empresarios e ilegales; la que obliga a los ciudadanos a portar documentos de identidad –algo no obligatorio en EEUU, de hecho no existe el carné de identidad- para probar que viven de forma legal en EEUU; y aquella que permite arrestar a una persona solo por sospechar que reside de forma ilegal en el país han sido declaradas anticonstitucionales.

En opinión de la organización Human Right Watch, la decisión de la Corte Suprema pone a las familias de inmigrantes en Arizona y otros Estados en riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades locales. La restrictiva legislación migratoria de Arizona ha sido secundada por los Estados de Utah, Colorado, Carolina del Sur y Alabama.

La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visiten Estados donde han entrado ya en vigor”, dice el Gobierno del país.

Desde el Consejo Nacional de La Raza, su presidenta, Janet Murguía, manifestaba su temor a que la parte que el Supremo ha mantenido legal “abra las compuertas del acoso, la intimidación y el abuso hacia las personas de nuestra comunidad en un lugar que ya es de hecho el más hostil hacia los hispanos de todo el país”.

El representante Luis V. Gutiérrez, demócrata de Illinois, presidente de la Fuerza Especial de Inmigración de la Asamblea Legislativa Hispana, ha declarado: “La experiencia nos indica que es muy poco probable que la policía detenga a un individuo cuyo apellido sea Kennedy o Roberts por sospecha de que no sea ciudadano estadounidense, pero quien se apellide Gutiérrez o Martínez, que tenga cuidado”.

Un día después de la dividida decisión del Supremo, todos los actores con algo que decir en materia migratoria se declararon ganadores. La decisión del Supremo fue recibida con “satisfacción” por el presidente de EEUU, Barack Obama. Pero también el candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, parecía satisfecho, o al menos utilizó los argumentos de la Corte a su favor. “La decisión del Supremo señala la necesidad de un presidente que lidere en un asunto crucial como este y trabaje de forma bipartidista para lograr una estrategia nacional en materia de inmigración”, dijo Romney.

“Obama ha fracasado en ese liderazgo”, prosiguió el ex Gobernador de Massachusetts. “Creo que cada Estado tiene el deber –y el derecho- de garantizar la seguridad de sus fronteras y preservar el imperio de la ley, particularmente cuando el Gobierno federal ha fracasado en cumplir con sus responsabilidades”. Según Romney, “Obama prometió como candidato presentar un plan migratorio durante su primer año en el poder”. “Cuatro años después estamos todavía esperando”, informó el candidato republicano, que no ha aportado todavía las directrices en materia de inmigración en su campaña electoral.

En un término medio –ni victoria ni fracaso-, Dulce Matuz, presidenta de la sección de Arizona DREAM Act Coalition, ha declarado que el trabajo de su organización contra la ley está “realizado en un 75%”. “No puedo cantar victoria porque no lo es”, ha dicho. “Pero estamos muy cerca”, ha finalizado.