El Senado de Paraguay destituye al presidente Lugo en un juicio político

Fernando Lugo, el exobispo de izquierdas que acabó en 2008 con 61 años de gobierno del Partido Colorado en Paraguay, ha sido destituido este viernes por el Senado mediante un juicio político. Mientras en el exterior del Congreso miles de seguidores de Lugo coreaban “el pueblo unido jamás será vencido”, a las cinco y media de la tarde (seis horas más en la España peninsular), 39 senadores han votado a favor de la destitución, cuatro en contra y dos se han ausentado.

El expresidente ha comparecido poco después ante las cámaras. "Es la historia paraguaya sin democracia la que ha sido herida profundamente. Espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos", ha declarado, para luego agregar: "Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria: por la puerta del corazón de mis compatriotas". Es Federico Franco, un médico de familia conservadora perteneciente al partido Liberal, el que sustituirá a Lugo como presidente. "Dios y el destino quiso que asuma la Presidencia de la República", ha afirmado al jurar el cargo.

En una rueda de prensa posterior, Franco ha tratado de zanjar la polémica: "Acá no hay golpe". El presidente interino ha admitido que su situación "no es fácil" y que "hay inconvenientes con la comunidad internacional", pero ha defendido la legalidad del "juicio político" que supuso ayer la destitución de Fernando Lugo y su toma del poder. "No hay quiebra institucional. Es una situación legal que la Constitución y las leyes de mi país permite para hacer un cambio cuando la situación se produce inviable", ha sostenido, informa EFE.

El origen de la crisis política fue la matanza de seis policías y once campesinos que se produjo el 15 de junio en el norte del país tras la ocupación de una finca por cientos de campesinos. Tras esa matanza, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con el que gobernaba Lugo en coalición, le retiró su apoyo el jueves y se unió a su eterno contrincante, el Partido Colorado, para provocar un juicio político contra el presidente. Este proceso está contemplado en la Constitución vigente desde 1992. “Es legal pero no es legítimo”, comentaba uno de los partidarios de Lugo.

“Se hizo lo que se tenía que hacer”, declaraba un senador de derechas tras la destitución. El Congreso paraguayo ha desoído a los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se había desplazado a Asunción y a su secretario general, Alí Rodríguez, quien ha leído un comunicado en el que se oponía al proceso. Los líderes de Brasil, Venezuela y Ecuador, entre otros, se han pronunciado en contra de la sentencia. Argentina incluso ha calificado el proceso contra Lugo de "golpe de Estado". Por su parte, el Gobierno español se ha limitado hoy a emitir un comunicado en el que se muestra a favor del "pleno respeto a la institucionalidad democrática y el estado de derecho" en Paraguay, y manifiesta su confianza en que el país "logre encauzar la actual crisis política".

El presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Claudio Giménez, y otras autoridades eclesiásticas del país habían solicitado al antiguo obispo Lugo que renunciara antes de que se emitiera ningún veredicto “para preservar la paz y evitar que haya más violencia y más muerte”. Pero Lugo rechazó la propuesta y denunció en el canal venezolano Telesur que estaba sufriendo un “golpe de Estado exprés”.

Hasta el último momento los colaboradores intentaron negociar con senadores liberales para revertir el resultado de la votación. Los abogados de Lugo presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial del país para retrasar el proceso. Pero todos los intentos estaban abocados al fracaso. A la plaza del Congreso seguía llegando gente a un ritmo muy lento. A mediodía apenas sumarían unas 2.000 personas. Por la noche, rebasaban los 5.000. “Esto de que vengan campesinos de todo el país a la capital no ha ocurrido nunca. A ellos les cuesta mucho venir, son gente muy pobre y no tienen tampoco recursos logísticos”, explicaba un periodista del diario Última Hora. Para quienes se iban congregando en la plaza, la cosa estaba clara: a un lado estaba Fernando Lugo, con todos sus defectos, y al otro los grandes oligarcas que siempre gobernaron el país, junto a la Iglesia y al 95% de los medios de comunicación.

El chófer Héctor Díaz, de 47 años, decía: “Si al presidente de la república le hacen esto, ¿qué puedo esperar que me hagan a mí?”. A su lado, el sociólogo y colaborador del Gobierno José Carlos Rodríguez llevaba en el bolsillo una copia subrayada del libelo que con la firma de 76 diputados se presentó el jueves en el Senado contra Lugo: “Mire, mire, lo que pone aquí: ‘(…) Ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro’. Si eso fuese cierto, valdría para mandar a la cárcel a cualquier presidente inmediatamente”.

A Lugo solo le restaban nueve meses para concluir su mandato de cinco años como presidente de Paraguay. Entonces, ¿por qué provocar su destitución ahora? “La clave son las elecciones de 2013”, indica el funcionario Bernabé Pencuyo, de 60 años, quien también acudió a la plaza para apoyar a Lugo. “Provocando su destitución, algunos candidatos presidenciales del Partido Colorado y otros liberales se garantizan que Lugo no actuará en contra de ellos como presidente durante la campaña electoral”.