Italia intenta crecer para salvarse del remolino griego

Mario Monti ora, pero también labora. El jueves, delante de François Hollande, habló de la necesidad urgente de impulsar el crecimiento, y 24 horas después aprobó un decreto que destina 80.000 millones de euros a incentivar el desarrollo. Tras cinco horas de reunión, el consejo de ministros tecnócrata dio luz verde a 61 medidas para aligerar el peso del Estado –reduciendo sueldos y enajenando bienes públicos—y, sobre todo, para “reforzar la competencia, promover la demanda y estimular el dinamismo empresarial”. En la presentación pública del decreto –porque Monti comparece prácticamente todos los días para informar de la situación del país y además lo hace sin papeles--, el primer ministro italiano garantizó su eficacia: “Se trata de una medida robusta”.

Monti, ese señor tan serio, es capaz de bailar con desparpajo en tres pistas a la vez. Cuando se pregunta a sus colaboradores cuál es la principal preocupación del primer ministro, responden sin pensarlo: “Europa”. Dedica muchas horas del día a hablar con sus colegas europeos y no solo por teléfono. Las vídeo conferencias –con Bruselas, Berlín y hasta con Washington-- se han convertido en algo cotidiano en el Palacio Chigi. La segunda pista es la de la política italiana. Monti sigue intentando –con más voluntad que acierto—que La Casta se regenere a sí misma, que rebaje sus sueldos y privilegios. La tercera es tal vez la más complicada. Se trata de gobernar como si estuviera sordo: aprobando las medidas que considera necesita el país al margen de la reacción de los mercados, los partidos, los sindicatos o la gente corriente, que –según las últimas encuestas—cuando llegó lo estimaba en un 71% y ahora solo un 33%. Pero Monti, cuyo mandato se termina en la primavera de 2013, sigue bailando. Eso sí, cada paso que da, lo explica.

Ahora es el momento de la llamada “fase dos”. La “fase uno” incluyó los ajustes puros y duros, el tijeretazo más doloroso –y más fácil de ejecutar—a pensionistas y trabajadores. De tal forma, el consejo de ministros del viernes, explicó Monti, se centró “en la reducción de la dimensión y del peso del Estado y, sobre todo, en el crecimiento”. Las medidas aprobadas prevén la cesión de parte del patrimonio del Estado, ya sea vendiendo la participación en algunas empresas de servicios –operación con la que se pretende recaudar unos 10.000 millones de euros— o enajenando un buen número de inmuebles, no solo propiedad del Estado sino también de entes regionales o locales. Además, y con carácter inmediato, el consejo de ministros acordó la reducción en un 20% de la “dirección orgánica” de la presidencia del Gobierno y en un 10% del ministerio de Economía. Según Antonio Catricalà, tales recortes se traducirán en un ahorro anual de 25 millones de euros.

Con respecto a las medidas para el desarrollo, según explicó el ministro Corrado Passera, buscan sobre todo un “crecimiento sostenible” y un “empleo de calidad”. Van desde la excepción de las empresas a pagar durante un tiempo el impuesto de bienes inmuebles hasta considerables ventajas fiscales para aquellas que contraten por tiempo indeterminado a personal “altamente cualificado”. Esta medida, a la que se destinarán 50 millones de euros, pretende la creación de 4.000 nuevos contratos. Además, el Gobierno busca también con el decreto la simplificación administrativa –la burocracia en Italia es ya un mal endémico--, así como la creación de una serie de mecanismos para luchar contra la corrupción y el fraude fiscal. Por ejemplo, las administraciones públicas tendrán la obligación de publicar en Internet todos los datos sobre suministros, subvenciones o incentivos cuyo montante supere los 1.000 euros. También está contemplada la inversión en infraestructuras tales como la terminación, durante el próximo año, de la autopista Salerno-Reggio Calabria.

Los líderes de los partidos políticos —desde el centro izquierda al centro derecha— que sostienen al Gobierno recibieron el decreto con precaución. Coincidieron en que llega tarde, tras ocho meses de Ejecutivo tecnócrata, y pidieron tiempo para leerlo antes de hacer ninguna valoración. Lo que, bien pensando, no es mala noticia. La crítica responsable, documentada, no era hasta ahora la moneda común. Ni en Italia ni en otros países del entorno.