Argentina investiga el posible espionaje sobre dirigentes sociales

El Gobierno argentino analiza estos días el contenido de un programa informático controlado por las fuerzas de seguridad y conocido como Proyecto X en el que podrían haberse recopilado datos financieros y personales sobre dirigentes políticos, según denuncia el opositor Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). La encargada de la investigación es la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Y los investigados son los responsables de la Gendarmería, el cuerpo de seguridad en el que Garré ha depositado más confianza para combatir la corrupción que afecta a otros cuerpos policiales.

El respeto a las protestas sociales y al derecho de los ciudadanos a manifestarse ha sido una de las grandes banderas políticas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, pensar que algún responsable político del Gobierno pudo ordenar que se espiara a dirigentes políticos y sindicales resulta, cuando menos, sorprendente. El antiguo ministro del Interior y ahora senador kirchnerista, Aníbal Fernández, ha negado que existiera ningún Proyecto X. Añadió también que la Gendarmería no hace “inteligencia”, sino “un trabajo inteligente”. Pero, el influyente director del diario Página 12, Horacio Verbitsky, puso los focos sobre Aníbal Fernández al escribir el domingo: “Es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidenta CFK [Cristina Fernández de Kírchner], como disimular su gravedad”.

Varios diputados de la oposición han solicitado la comparecencia en el Congreso de Nilda Garré, ministra de Seguridad desde diciembre de 2010. Garré, sin embargo, prefirió pronunciarse en Twitter el viernes pasado: “Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría de Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene”. El mismo día volvió a tuitear: “No admitimos espionaje y si llegara a haber, seremos inflexibles [sic]. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión”.

Al día siguiente Garré destinó a la reserva a 19 comandantes de la Gendarmería, pero el Ministerio aclaró que se trataba solo de una medida que formaba parte del “ciclo normal de ascensos y pases a retiro”. El jefe de la Gendarmería, Héctor Bernabé Schenone, siguió contando con su plena confianza.

No se sabe a cuántas personas espiaron y en cuántas protestas sociales intervinieron” Christian Castillo, Partido de los Trabajadores Socialistas

La historia del supuesto espionaje se remonta a agosto de 2009, cuando varios sindicalistas y dirigentes sociales cortaron la autovía Panamericana en Buenos Aires para protestar por 160 despidos en la multinacional Kraft Foods, la mayor compañía alimenticia que opera en Argentina. A consecuencia de aquellos cortes fueron procesados 14 activistas, nueve de ellos pertenecientes al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). El pasado noviembre, Myriam Bregman, abogada del PTS, denunció ante la justicia que la Gendarmería había recabado de forma ilícita datos sobre sus clientes y esos datos habían sido presentados ante la justicia para procesar a sus clientes. Ese mismo mes, el pasado noviembre, el diario Página 12 ya se hizo eco de la denuncia del Partido de los Trabajadores Socialistas. Pero en aquel momento el caso apenas tuvo repercusión social. La apoteosis mediática no llegó hasta que el pasado miércoles el canal Todo Noticias (TN), perteneciente al grupo Clarín, desveló el contenido del informe que el responsable de la Gendarmería, Héctor Bernabé Schenone, envió al juez Norberto Oyarbide y en el que asumía la existencia del Proyecto X. La cuestión ahora consiste en saber qué había en ese programa informático. Y si servía como herramienta de espionaje político.

“Me sorprendió el grado de ambigüedad con el que el jefe de la Gendarmería se expresó sobre el Proyecto X”, indicó en conversación telefónica Myriam Bregman. “Nos intenta hacer creer que este Proyecto tiene como objetivo el crimen organizado. Pero no tenemos pruebas de que ningún criminal haya sido detenido gracias a ese programa informático. Pero sí hay pruebas de que dirigentes sociales están procesados gracias a esa base de datos”.

“No se sabe a cuántas personas espiaron y en cuántas protestas sociales intervinieron”, añadió el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas Christian Castillo. “Pero está claro que actuaron sobre las organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles como si fueran bandas criminales. Se infiltraron en nuestro movimiento haciéndose pasar por periodistas y así consiguieron la identidad de nuestros compañeros”.

Castillo cree que la investigación interna del Gobierno es una maniobra de distracción y que la ministra Garré estaba al tanto del espionaje porque la primera denuncia al respecto se difundió el pasado noviembre en Página 12. “Ahora hay un intento de presentar a la Gendarmería como una fuerza menos corrupta que el resto de los cuerpos policiales. Pero este caso demuestra que han tratado de criminalizar la protesta social”, concluye.