La Fiscalía colombiana ordena detener al negociador de Uribe con la guerrilla

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiene en su antecesor y viejo aliado político, Álvaro Uribe Vélez, al mayor opositor de su Gobierno. Cuando no es el exmandatario que le lanza un dardo a través de Twitter es alguna figura de su entorno la que le crea un dolor de cabeza. El más reciente, según trascendió en la madrugada de este viernes, es la aparente fuga de Luis Carlos Restrepo, el alto cargo al que Uribe nombró responsable de la negociación con los paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia y los guerrilleros de las FARC.

Las primeras sospechas apuntan a que el exfuncionario, que ha eludido ocho citaciones judiciales, salió del país. La Fiscalía interpreta que no tiene intención de cumplir su obligación de comparecer ante la justicia y que debe ser capturado.

Restrepo, que debe responder por un caso de falsa desmovilización de un grupo de guerrilleros de las FARC, está en paradero desconocido. “Ha sido citado para formularle imputación y solicitar medida de aseguramiento [detención] ante los jueces de garantías” pero no se sabe dónde está, reconoció un tanto sorprendido el director Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa.

A Restrepo se le acusa de ser el responsable de la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta maniobra, con muchachos que simulaban que acababan de bajar del monte a pesar de que los impecables camuflados y las relucientes armas mostraban otra cosa, fue hecha en su momento para exhibir ante al país un síntoma más de la desmoralización de los subversivos. Cuando trascendió que se trató de un montaje, la Fiscalía empezó a investigar a Restrepo para evaluar su participación.

Su salida del país menoscaba al poder judicial y muestra a un Estado frágil, incapaz de ofrecer garantías para los acusados. Desde la casi totalidad de sectores políticos se le exige que vuelva y se defienda. “Esta no es ninguna de esas dictaduras que asolaron a Latinoamérica”, “con problemas y debilidades, es un estado de derecho”, se ha escuchado en los debates públicos. “Todos los colombianos tienen la obligación de comparecer ante la justicia cuando son requeridos”, dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. “Si una persona es requerida por la justicia tiene que comparecer”, exigió.

El impacto de la decisión de Restrepo provocó una tormenta política por su altísimo perfil: ocupó un cargo con rango de ministro de Estado, era uno de los hombres que le hablaba al oído a Uribe cuando gobernaba (2002-2010) y fue presidente del partido de La U, agrupación con la que Santos llegó a la presidencia.

Cuando Santos asumió el poder y, entre otras cosas, se acercó a las Cortes, llamó al presidente Hugo Chávez su “nuevo mejor amigo” se produjo un distanciamiento con Uribe que ha ido creciendo. “Uribe no me pasa al teléfono”, dijo lacónicamente hace unas semanas el presidente. Mientras esto ocurría, la justicia avanzaba en varios frentes para procesar a algunos de los incondicionales de Uribe acusados de distintos delitos, entre ellos, las escuchas ilegales a periodistas, jueces y líderes de la oposición.

Los uribistas creen que muchos de estos procesos forman parte de una conspiración de la justicia, en general, y de la Corte Suprema de Justicia, en particular. Santos, por el contrario, cree que una buena manera de fortalecer las instituciones es creyendo en la justicia. Hace unos meses y en plena discusión, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, la policía política que dependía directamente de la Casa de Nariño, solicitó asilo en Panamá y eludió la justicia.

Luego trascendió que ésta escogió a Panamá tras una llamada de Uribe al presidente Ricardo Alberto Martinelli quien de inmediato le concedió la figura de asilo. Desde entonces la cancillería colombiana se ha empleado a fondo para solicitar su extradición, a la que no solo se ha opuesto Uribe sino también Martinelli.

Además de Restrepo y de Hurtado otros muy cercanos colaboradores de Uribe han pasado por los estrados judiciales. Entre ellos están Jorge Noguera, también exdirector del DAS, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de un prestigioso profesor universitario; Sabas Pretel, exministro del Interior, quien está acusado por irregularidades en la aprobación de la reelección; Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, y también uno de los hombres de mayor confianza del expresidente, en la cárcel señalado de avalar y autorizar millonarios subsidios agrícolas de manera ilegal; Bernardo Moreno, Secretario Privado de Presidencia, quien se encuentra cobijado bajo medida de aseguramiento, también por las escuchas ilegales.

El exvicepresidente de la República y primo hermano del actual mandatario, Francisco Santos, cree que cada caso es diferente pero no tiene dudas de que en un amplio sector de la justicia “hay un claro propósito para deslegitimar el legado de Uribe”. “Es el Gobierno que más resultados exitosos ha mostrado en América Latina y ahora unos jueces ideologizados le están pasando una factura de cobro”, dijo en dialogo con EL PAÍS. Por eso, cree, ante la falta de garantías, algunos temen ir a la cárcel de manera injusta y como en el caso de Retrepo, optan por convertirse en verdaderos fugitivos.