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Venezuela aprueba una polémica ley antiterrorista

La oposición acusa a Chávez de querer aterrorizar a la población.

Chávez, tras una ceremonia en la Corte Suprema.
Chávez, tras una ceremonia en la Corte Suprema. AFP

En el pasado,el presidente Hugo Chávez ya ha acusado de "traidores a la patria" y de "terroristas" a: los opositores que le critican a través de la red social Twitter o de mensajes de texto; a los carniceros que venden productos por encima de los precios regulados; a las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento extranjero. Pero sus acusaciones no tenían fundamento legal hasta este martes, cuando la mayoría oficialista en el Parlamento aprobó la nueva Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que permite investigar, perseguir y juzgar cualquier tipo de actividad individual o colectiva que pueda considerarse sospechosa.

La ley, aprobada en un solo día, en una maratoniana sesión de diez horas, define en su artículo 4 como “delincuencia organizado” a “cualquier acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley” y obtener de ello un beneficio de cualquier índole. Otro dos artículos, el 27 y el 28, establecen que los delitos contemplados en esta ley son todos: los que establece el Código Penal y la legislación especial venezolana, pero agravados y sancionados con el incremento hasta de la mitad de la pena aplicable. Mientras la cámara discutía esta ley, el presidente Hugo Chávez también habló de posibilidad de utilizar los poderes legislativos especiales que le fueron conferidos hace un año, para aprobar una reforma del Código Penal antes de que termine el año.

La nueva norma también contempla, en su artículo 13, el deber ciudadano de delatar. Son “sujetos obligados” a hacerlo “todo organismo, persona natural o jurídica”. Su tarea, a partir de ahora, será prestar atención a cualquier transacción sospechosa, ilícita o no, para luego informar de ello a la nueva Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que dependerá directamente del Ministerio de Interiores y Justicia. De acuerdo a este artículo, “el reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa contra el Sujeto Obligado y sus empleados, o para quien lo subscribe”. Sin embargo, quien no denuncie oportunamente una actividad que el Gobierno pudiese considerar como irregular podría ser sancionado con multas superiores a los 17 mil dólares americanos. Mientras las autoridades investigan si se ha cometido o no un crimen, las autoridades tendrán la prerrogativa de confiscar o decomisar los bienes, productos o fondos que, se presuman, podrían estar involucrados en el delito.

Los partidos que hacen oposición al Gobierno de Hugo Chávez y las organizaciones de derechos humanos han criticado esta ley por considerarla amplia, discrecional e intimidatoria. “Esta ley cumple el propósito de aterrorizar a la población. Tiene unas definiciones muy vagas que permiten prácticamente que todos los ciudadanos estén expuestos a las sanciones, que son excesivas”, ha dicho a El País el diputado independiente Eduardo Gómez Sigala. La opinión del diputado es que la aprobación de una ley como esta es aún más preocupante, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre próximo. “Con esa ley se puede perseguir a cualquier persona que esté manifestando, protestando, inclusive sobre los temas electorales, para considerarlo como delincuencia organizada o como terrorismo o como tentativa (de delito)”, agrega Gómez Sigala.

La mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que ayer dio su voto para aprobar esta ley cree, por el contrario, que con ella Venezuela se pone en sintonía con la legislación vigente a nivel mundial para combatir delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Aunque también admiten los usos que le darán para el control de la seguridad interna. “Todo aquel que pretenda desestabilizar al país generando temor, usando tecnología y otros recursos” sería considerado como un extremista, ha dicho ayer, por ejemplo, el diputado oficialista Andrés Eloy Méndez, según fue reseñado en una nota de prensa de la Asamblea Nacional.