La corrupción atenaza a las policías argentinas

Las siguientes noticias aparecieron en la prensa argentina en la última semana. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, recibió la denuncia de la hija de un exagente de inteligencia que acusa a su padre de dirigir una red de trata de prostitutas en Buenos Aires y Cancún (México), de sobornar a 21 jefes de la Policía Federal para mantener su negocio y de financiar las campañas electorales del alcalde porteño, el conservador Mauricio Macri. Tres policías de la provincia de Buenos Aires fueron condenados por vejaciones a detenidos. Diez uniformados de la provincia sureña de Chubut fueron arrestados por violar a un adolescente en una comisaría. Un miembro de la Policía Federal quedó tras las rejas por asaltar a cuatro turistas. Otro colega suyo fue detenido por abusar de un adolescente en el metro. A seis policías bonaerenses les pusieron las esposas por torturar a un motociclista que no había frenado en un control de tránsito.

No todos son corruptos, pero policías federales, de las 23 provincias y de la capital, suelen aparecer involucrados en delitos: cobran sobornos del narcotráfico, de la trata de personas para burdeles (en algunos casos, de España, Suiza y México) o talleres textiles clandestinos, del proxenetismo, el robo de coches y camiones y el juego clandestino, reclutan jóvenes para delinquir, tirotean a sospechosos (el llamado gatillo fácil), torturan a detenidos, montan causas judiciales para involucrar a inocentes, asesinan a manifestantes en protestas sociales, como ocurrió en los últimos años con indígenas y okupas, o intimidan a campesinos en lucha por sus tierras. También matan a otros policías, a los que denuncian las miserias de sus colegas o en ajustes de cuentas entre uniformados corruptos, y después difunden que los asesinos eran ladrones comunes. El año pasado 145 personas fueron asesinadas por policías, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. La cifra bajó de los 200 por primera vez desde 2003 y coincidió con el año en que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner comenzó la reforma de la Policía Federal.

“A partir de la globalización del narcotráfico y la trata de personas, en la Policía ha habido una institucionalización de la corrupción”, opina Gustavo Vera, que dirige la ONG La Alameda, que se dedica a rescatar personas de la esclavitud sexual y laboral. “La mafia copó las calles y la Policía se ha asociado con ella", cuenta este dirigente social que ha dado amparo a Lorena Martins, la hija del exespía que involucró a Macri. El alcalde de Buenos Aires ha negado vínculos con ese exagente. Los sobornos a los policías suben a las cúpulas de las fuerzas y a veces también involucran a políticos, jueces y fiscales, según Vera y otros denunciantes.

Una integrante de la División de trata de personas, Nancy Miño, denunció en 2010 que cuando ella hallaba un prostíbulo con mujeres esclavizadas, su jefe extorsionaba a los dueños. Miño, que ha sido obligada a guardar silencio y a trabajar en un área administrativa, contaba que cada burdel pagaba un soborno de 10.000 euros por mes. La Alameda calcula que hay 1.350 prostíbulos en Buenos Aires. “La Policía se fue de las manos del poder político”, decía Miño.

El Gobierno de Fernández comenzó a finales de 2010 a combatir la corrupción en la Policía Federal, que actúa en la capital y en algunos delitos en el resto del país, como el narcotráfico y la trata de personas. Nombró como ministra de Seguridad a Garré, que retiró a la Federal de los barrios pobres del sur de Buenos Aires, donde impera el tráfico de drogas, echó a decenas de policías, muchos de ellos involucrados en la red del exespía y frenó los ascensos de uniformados imputados de delitos. “Ya no se deja a la Policía sin control de la autoridad civil”, comenta un policía desde el anonimato. “Ahora se separa a aquel que está sospechado hasta que se demuestre su inocencia”, añade el agente. Vera destaca estas medidas, pero advierte de que el crimen organizado continúa. En 2004, el Gobierno de Néstor Kirchner ordenó que los policías federales no portaran armas en manifestaciones, pero en 2010 una ocupación de tierras acabó con tres muertos y entonces Garré asumió como ministra. A su vez, las provincias siguen su propia política y de momento no han emprendido reformas policiales o han dado marcha atrás con las que habían iniciado.