Una mina decide el futuro de Perú

Desde la ciudad de Cajamarca, al norte de Perú, se tardan unas tres horas en un todoterreno por un espectacular paisaje de montaña hasta llegar a conocer a alguien como José Jesús Chacón, en un lugar llamado Quinuapampa. Tiene 66 años, un hijo de 40, tres nietos sobre la veintena y la piel curtida por unas condiciones de vida extremas, a más de 3.000 metros de altitud. Chacón pregunta preocupado cuándo se van a reanudar los trabajos mineros a pocos kilómetros de su casa. Su hijo trabaja allí y después de dos meses de parón ha dejado de cobrar.

Se refiere al llamado proyecto Conga, una inversión de 4.800 millones de dólares que la empresa Yanacocha, de capital estadounidense, tiene parado desde noviembre a petición del Gobierno de Lima. La montaña donde vive Chacón cubierta, literalmente forrada en su superficie, de oro, plata y cobre. Yanacocha ya ha gastado 800 millones en años de exploraciones. Sacará, en los primeros cinco años, entre 580 y 680.000 onzas de oro al año y entre 155 y 235 millones de libras de cobre al año. La explotación durará por lo menos dos décadas. Dejará 3.000 millones de dólares en Perú solo en impuestos, 1.500 de ellos en Cajamarca.

Pero la inversión se ha encontrado con una oposición inaudita, que ha llegado a episodios violentos, del Gobierno regional de Cajamarca y parte de la población. Lo que iba a ser una de las minas de oro y cobre más grandes del mundo se ha convertido en un conflicto que ha puesto al Gobierno de Ollanta Humala ante su mayor reto político.

Según datos del Ministerio de Economía, en Perú hay proyectos de inversión extranjera en minería por valor de 40.000 millones de dólares pendientes de ejecutar en los próximos cinco años. Lo más importante para que se concreten es la seguridad jurídica. La minería supone un 60% de las exportaciones de Perú y un tercio de sus ingresos fiscales. Que inversiones como la de Conga tengan seguridad jurídica es una prioridad absoluta para este país. El Gobierno de Humala no se puede permitir dar la imagen de que una inversión de 4.800 millones de dólares ya firmada y en marcha se va al traste por unas elecciones y una protesta local.

Quiero que la mina vaya, para que trabajen mis hijos”, dice un campesino

“El Gobierno está empeñado en respetar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y los contratos en vigor”, advierte el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

Chacón vive en un chamizo en la montaña. Cuatro paredes sin puertas y un techo. Tiene tres vacas a las que saca a pastar a más de 3.500 metros de altitud. Ordeña entre seis y siete litros de leche al día. “Con eso nos mantenemos, ingeniero”, dice sin perder la sonrisa. Pero cada vez se está poniendo más difícil. En el mercado le dan 30 soles por cinco litros. Un saco de arroz le cuesta 150 soles. “Quiero que la mina vaya, para que trabajen mis hijos. Si no, de qué vamos a vivir. Con la leña no alcanza, con la leche no alcanza”.

La minería supone un 60% de las exportaciones del país andino

“¡Conga no va!” es el grito de guerra del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que lidera la oposición al proyecto que va a dar de comer a la familia de Chacón. Tiene 45 años y lidera la izquierda regional. Sus colaboradores dejan claro que tiene aspiraciones nacionales de saltar a la política nacional. Ya se ha hecho muy famoso.

La explotación, autorizada desde 2010, debe destruir cuatro lagunas naturales realmente bellas y modificar el paisaje por completo. No hay alternativa. Los metales están justamente debajo de las lagunas. El rechazo al proyecto se fundamenta en que esas “son las últimas fuentes de agua que le quedan a Cajamarca”, dice Santos, porque consideran que son manantiales que alimentan a la población. Santos rechaza cualquier solución. “No hay vía intermedia. El proyecto Conga no va”.

Yanacocha niega que las lagunas sean cabeceras de cuenca. Asegura que se trata de lagunas estancas que recogen agua de lluvia, no manantiales. Esta discrepancia técnica es fundamental en la polémica. El proyecto prevé sustituir esas lagunas por otras cuatro, artificiales, y hacer la canalización de la cuenca, lo que doblará la capacidad actual según sus cálculos.

Las pequeñas comunidades rurales están movilizadas por Wilfredo Saavedra, un abogado ambientalista del que las autoridades recuerdan con insistencia que estuvo diez años en prisión por su relación con la izquierda revolucionaria. Saavedra relata casos de vertidos tóxicos, derrames de mercurio y engaños a los indígenas que han forjado la desconfianza hacia Yanacocha durante 19 años. “No negamos que [la minería] ha contribuido al desarrollo de la región”, reconoce Saavedra. “Pero se hace con nuestra riqueza, en condiciones leoninas. No hay un marco normativo que permita confiar en una minería responsable. El Estado está subordinado a las empresas mineras”.

En cuanto al debate concreto de cómo afecta Conga al agua de Cajamarca, Saavedra reconoce que si se tratara de lagunas estancas de lluvia no habría problema. El Gobierno de Lima ha encargado, durante este parón, un peritaje internacional sobre el proyecto para despejar dudas. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, asegura que el proyecto es “minería sostenible”. Sin embargo, la credibilidad del Gobierno de Lima también está dañada. Humala hizo campaña aquí, y ganó, clamando contra los abusos de las mineras.

Margarita Lucila, de 56 años, que el pasado domingo vendía frutas y hortalizas en el mercado de Combayo, en la montaña. “Nada bueno ha traído la mina”, decía. El trabajo no se ve por ningún sitio en este lugar, donde la única casa de comidas apenas puede ofrecer conejillos de indias asados con arroz y patatas. Yanacocha habló con 32 comunidades (pedanías) afectadas directamente por la mina. Son lugares con más de un 40% de desnutrición crónica donde el analfabetismo es la norma. Pero alrededor hay más de 200 comunidades con personas como Margarita, a las que Yanacocha no puede contratar y que están convencidas de que la mina va a acabar con sus medios de vida. De que ya lo ha hecho, en realidad. Son estas las comunidades en las que ha prendido la protesta, gentes a las que nadie ha hecho aún el esfuerzo de explicarles nada.

El problema es “de diálogo”, reconoce Darío Zegarra, de 38 años, director de Responsabilidad Social de Yanacocha. De diálogo y mucha pedagogía hacia la población. “La minería te da la oportunidad de generar una dinámica económica, social y humana hacia el desarrollo”, dice Zegarra, convencido de que la mina es un factor de progreso.

“El momento es crítico para todos”, sentencia Zegarra. En esta situación, el proyecto de Conga es un todo o nada. Todos los actores implicados parecen jugarse su futuro. La empresa Yanacocha se juega su viabilidad, porque el antiguo yacimiento, del que Conga es una ampliación, empieza a extinguirse. Cajamarca se juega salir de la pobreza y, según ellos, el futuro de su agua. El Gobierno regional se juega la silla, una vez que la gente se ha echado a la calle. Perú se juega la credibilidad internacional como centro de inversión, en un momento en el que crece a un 6%. Y José Jesús Chacón, en su chamizo a 3.000 metros de altura sobre una montaña de oro, se juega la supervivencia de su familia.