El sector público se rebela contra el ajuste

George Osborne se ha mostrado hoy desafiante ante la huelga convocada para mañana por el sector público contra el ajuste, en la que se espera que participen dos millones de empleados. El paro, en protesta por una reforma del sistema de pensiones que les va a obligar a trabajar hasta los 67 años y a aumentar sus contribuciones, va a afectar a escuelas, hospitales, tribunales o bibliotecas, pero también a los trabajadores de la agencia que controla las fronteras británicas, la UK Border Agency.

Eso significa que se esperan colas de hasta 12 horas para entrar por los puntos más calientes. Y en especial en el aeropuerto de Heathrow, donde a la protesta por la reforma de las pensiones se une el malestar por una reciente polémica política sobre la suspensión de controles a los viajeros procedentes de la Unión Europea en los momentos de máxima afluencia. Los responsables de la agencia atribuyen la responsabilidad a la ministra del Interior, Theresa May, y esta culpa a la agencia. Se espera que los vuelos de salida resulten menos afectados que aquellos que llegan al país.

Lejos de buscar el entendimiento con los sindicatos, el canciller del Exchequer ha anunciado que el sector público perderá 700.000 empleos en los próximos años, en lugar de los 400.000 hasta ahora previstos. Y los salarios, congelados este año y el siguiente, no podrán aumentar más del 1% en 2013 y 2014.

Osborne ha anunciado también medidas más conciliadoras, como la suspensión del aumento de 3 peniques en el impuesto sobre la gasolina; un tope del 6,2% (1% por encima de la inflación) en lugar del 8,2% en el aumento de los precios del ferrocarril; facilidades crediticias por 47.000 millones de euros para las pymes; 1.200 millones adicionales para regeneración de las regiones; 130.000 plazas adicionales para cuidados infantiles; ayudas a la compra de vivienda para 100.000 personas, y un plan de obras públicas por 35.000 millones de euros, de los que dos tercios deberían llegar desde el sector privado pero el Estado hará inversiones nuevas por casi 6.000 millones de euros en tres años.

Algunas de las medidas han sido bien recibidas por la CBI, la Confederación de la Industria Británica, en particular las dirigidas a las pymes y los proyectos de mejora de las infraestructuras viarias.