Dudas sobre una matanza en Colombia
Bogotá logra que la Corte Interamericana reabra el caso de la masacre de Mapiripán. El Gobierno pide la revisión de la sentencia tras descubrirse la existencia de víctimas falsas
La matanza de Mapiripán, que estremeció a Colombia en 1997, ha vuelto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seis años después de que este tribunal condenara al Estado colombiano a pagar tres millones de dólares (unos 2,2 millones de euros) en indemnizaciones. Y regresa rodeada de dudas. Los acusados son los mismos, pero ¿cuántos fueron en realidad los muertos en una operación de paramilitares permitida por el Ejército? ¿49, como sentenció el fallo, o 13? El caso ha sido reabierto después de que una investigación de la fiscalía colombiana descubriera graves irregularidades, entre ellas la existencia de falsas víctimas que cobraron cuantiosas sumas en calidad de reparación.
Tras una audiencia privada el miércoles, en su sede en San José, la CIDH aceptó la solicitud de Colombia de presentar las nuevas pruebas, abriendo así la puerta a una revisión del fallo. La resolución es un triunfo diplomático para el Gobierno colombiano, que dispone de tres meses para aportar sus elementos.
"El número de víctimas es bastante menor a las 49” contabilizadas en la sentencia, “que no corresponde con la realidad”, dijo el ministro de Justicia de Colombia, Juan Carlos Esguerra, al finalizar la audiencia, que duró tres horas y a la que también acudieron representantes de las víctimas. Esguerra precisó que hay 13 muertos comprobados. La fiscalía colombiana ha descubierto que al menos una docena de víctimas son falsas, y que en cambio hubo víctimas reales que no habían sido contabilizadas.
“La revisión a la que aspiramos", señaló Esguerra, "no es que se declare que la masacre no existió, porque existió, la reconocemos y la lamentamos, pero sí que quienes se hicieron pasar por víctimas sin serlo y quienes recibieron reparaciones sin merecerlas, sean objeto de las determinaciones correspondientes”.
El Gobierno colombiano tuvo que pagar más de dos millones de euros
en indemnizaciones
La matanza del pueblo amazónico de Mapiripán fue perpetrada en julio de 1997 por decenas de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la anuencia de oficiales de alto rango del Ejército colombiano. El caso saltó de nuevo a la palestra el pasado octubre, después de que una de las víctimas reconociera que había mentido. Mariela Contreras testificó ante los tribunales colombianos e interamericano que los paramilitares asesinaron a su marido e hicieron desaparecer a sus dos hijos. Sin embargo, a raíz de las investigaciones del Gobierno colombiano, Contreras reconoció que su marido no murió en esos hechos, y que años después se reencontró con sus hijos, que habían unido a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso ha abierto un debate sobre la actuación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, que impulsó las demandas contra el Estado ante la CIDH y habría exagerado la cifra de muertos, al aumentarla a 49. Mariela Contreras ha asegurado que fue manipulada por el Colectivo para que denunciara la muerte y desaparición de sus familiares en los sucesos violentos en esa comunidad. Por otro lado, algunos testigos presentados por la acusación, y que hoy están protegidos en el extranjero, mintieron en los tribunales.
El presidente de la CIDH, el peruano Diego García-Sayán, destacó que el gobierno de Colombia y la parte acusadora por la matanza de Mapiripán coincidieron en que “no pueden ser consideradas víctimas personas que no tienen la condición de tal, pues eso afecta a las verdaderas víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
La abogada Viviana Kristicevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representante de algunas víctimas, acusó al Gobierno colombiano de querer minimizar la matanza, pero admitió que es preocupante que hubiera falsos testimonios. “Esperemos que el proceso permita esclarecer si alguno mintió o si alguna otra víctima murió en condiciones diferentes a las establecidas en la resolución”, adujo.
En 2009, la CIDH había rechazado revisar la sentencia para excluir del pago a dos falsas víctimas detectadas entonces. "Creemos que esta debe ser la instancia en la que se discute este tema", dijo la ministra de Exteriores, Ángela Holguín, también presente en San José. "Creemos en el sistema interamericano, por eso estamos acá".
