Muerte uno de los generales del ala dura de la dictadura argentina

Antonio Domingo Bussi, dictador de la provincia de Tucumán (noroeste de Argentina) entre 1976 y 1980, daba ejemplo a sus subordinados y ejecutaba con su propia arma a los guerrilleros y políticos opositores secuestrados en los más de 30 centros clandestinos de detención que había creado en su terruño. Después se quemaban los cuerpos y las víctimas pasaban a ser desaparecidas. Bussi fue un pionero en los campos de concentración argentinos. El tiranuelo de Tucumán, como lo calificó el escritor de esos pagos Tomás Eloy Martínez, murió el pasado jueves en la capital provincial a los 85 años después de años de afecciones cardiorespiratorias.

Bussi estaba acusado de más de 800 secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, pero solo fue condenado por un caso, en 2008. Otros juicios estaban en marcha, pero el general –degradado tras la condena– se excusó de participar por su frágil estado de salud. Un testigo relató uno de sus típicos actos de crueldad en la última dictadura de Argentina (1976-1983): lo vio golpear con una manguera a dos detenidos que estaban en calzoncillos atados cuerpo a tierra y boca abajo hasta matarlos.

Pero Bussi no fue solo un represor ilegal. También fue votado gobernador de Tucumán después de que Argentina recuperase la democracia. Se trató de una de las pocas excepciones de criminales del régimen reconvertidos por las urnas. Sus victorias electorales echaron luz sobre la complicidad cívica con que había contado la dictadura militar.

Bussi había nacido en Victoria, provincia de Entre Ríos (este de Argentina), el 17 de enero de 1926. Se educó en el Ejército argentino, pero también en una academia militar de EE UU, donde aprendió la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, y hasta viajó a Vietnam para ver el conflicto en vivo. En 1975 se hizo cargo del Operativo Independencia, con el que el Gobierno de Isabel Perón combatió al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en las montañas tropicales de Tucumán. En 1977, cuando ya gobernaba Tucumán y ante una visita del entonces dictador argentino, Jorge Videla, Bussi ordenó levantar muros en los barrios de chabolas para que su superior no los viese y deportó a una provincia vecina a cientos de mendigos.

En 1987, la ley del punto final amnistió a Bussi. Ese mismo año comenzó su carrera política y fue elegido legislador provincial. En 1989 triunfó como candidato a integrar la asamblea que reformaría la constitución tucumana; en 1993, como postulante a diputado nacional, y en 1995 fue elegido gobernador. Fue entonces cuando el juez español Baltasar Garzón descubrió que Bussi tenía una cuenta sin declarar en Suiza. Después se descubrió que contaba con otras más de sus familiares, al estilo Augusto Pinochet. Bussi fue suspendido por 60 días como gobernador y en 1999, pese a que el pueblo lo volvió a votar como diputado nacional, el Congreso de Buenos Aires no le permitió asumir el escaño. En 2003, la ciudad de Tucumán lo votó como alcalde, pero tampoco pudo hacerse con el cargo porque, tras la anulación de la ley de punto final, Bussi quedó detenido. Permaneció desde entonces bajo arresto domiciliario, dada su salud frágil. Ha muerto en un hospital de Tucumán, pero ha sido enterrado en secreto en un cementerio de los suburbios de Buenos Aires para evitar manifestaciones en su contra.