El Ejército mexicano es acusado de torturas y ejecuciones extrajudiciales

La guerra contra el narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón hace cinco años ha “exacerbado el clima de violencia” en México –la tasa de homicidios creció un 65% entre 2005 y 2010- y ha provocado “un drástico incremento de las violaciones de los derechos humanos”, según un demoledor informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que documenta que en este tiempo se han producido 170 casos probados de tortura, 24 ejecuciones extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas a cargo de las fuerzas militares del país.

El informe de 229 páginas fue presentado ayer en la capital mexicana al presidente Calderón por una delegación de HRW presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo y de la organización y por José Miguel Vivanco, director para las Américas. El documento es fruto de dos años de investigaciones y se refiere básicamente a los cinco Estados que la organización de derechos humanos considera más violentos: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. El estudio se centra en la actuación del Ejército en el combate contra el crimen organizado en el que participan más 50.000 soldados.

La decisión del presidente Calderón de asignar al Ejército un papel central en su estrategia contra los carteles ha hecho, afirma HRW, que “los soldados asuman responsabilidades propias de la policía” y a su vez que se haya “reducido el control civil de las actuaciones militares”.

Los casos de tortura documentados, asegura la ONG, “no constituyen casos aislados”. “Las tácticas, que en general incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte, son empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad”, según el informe, que añade que “las víctimas son mantenidas a menudo en bases militares u otros centros de detención clandestinos”.

En cuanto a las desapariciones forzadas, Human Rights Watch señala que habitualmente son calificadas por los funcionarios del Gobierno como levantones, secuestros perpetrados por la delincuencia organizada, y que pese a esos 39 casos documentados es más difícil determinar su número porque “24 de los 32 Estados mexicanos no penaliza la desaparición forzada como delito”.

La organización de derechos humanos distingue a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales entre “civiles ejecutados por autoridades o que mueren como resultado de torturas” y “civiles que mueren en retenes militares o durante enfrentamientos armados cuando hubo un uso injustificado de la fuerza letal en su contra”. En informe añade que “en la mayoría de los casos la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías para presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir un uso excesivo de la fuerza”.

Este punto en particular, de presentar a víctimas inocentes como culpables, es uno de los caballos de batalla del poeta Javier Sicilia y su Movimiento por la Dignidad y uno de los aspectos que genera mayor indignación en la sociedad mexicana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado un notable incremento de las denuncias por violaciones de derechos humanos que pasaron de 691 en el periodo 2003-2006 a 4.803 entre 2007 y 2010.

El informe critica también con dureza a las instituciones judiciales mexicanas por permitir un escandaloso clima de impunidad en el que las autoridades involucradas en el combate contra el crimen organizado raramente rinden cuentas. HRW señala el hábito de calificar las torturas de meras lesiones, el abandono administrativo que sufren los familiares de los desaparecidos, la ausencia de investigaciones imparciales a fondo y la aceptación rutinaria de las versiones oficiales. En concreto, apunta que “la Procaduría (fiscalía) General de Justicia Militar inició en los cinco Estados objeto del informe 3.671 investigaciones por denuncias de abusos entre 2007 y 2011 y solo han sido condenados 15 soldados, menos del 0,5%”.

La guerra contra el narcotráfico se ha cobrado 50.000 vidas en los últimos cinco años, muchos de ellas en el fuego cruzado de las disputas de los carteles por el territorio y su impacto ha afectado a toda la sociedad mexicana desde las escuelas hasta las pequeñas empresas que sufren la extorsión del crimen organizado. Human Rights Watch reconoce que la expansión del narco había puesto en jaque al Estado mexicano pero considera un fracaso la estrategia del presidente Calderón al no haber adoptado al tiempo “medidas para reformar y fortalecer las diferentes instituciones de la seguridad pública”.