ARGENTINA
Tribuna
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Un clima hostil para el periodismo independiente

Aunque en Argentina no hay censura, la información pública es controlada por el gobierno como si fuera una propiedad privada de los que gobiernan

En Argentina no hay censura. Esa es una primera aseveración que debe hacerse. Existe, sin embargo, un clima crecientemente hostil para el ejercicio del periodismo independiente o crítico del poder. El gobierno ha montado una enorme maquinaria de medios adictos, financiados con recursos del Estado, para calumniar, difamar y descalificar a los medios y periodistas no oficialista. Sectores del gobierno han llegado, incluso, a usar organizaciones oficialistas para hacer juicios políticos en plazas públicas contra periodistas.

Los periodistas independientes no podemos acceder a la información pública. Los ministros y secretarios de Estado tienen prohibido aceptar reportajes en diarios o canales de televisión que no sean probadamente leales al gobierno. Es muy difícil, y a veces hasta imposible, poder cotejar la veracidad de una información con fuentes creíbles del gobierno. La información pública es controlada por el gobierno como si fuera una propiedad privada de los que gobiernan. Sucede lo mismo con los cuantiosos recursos de la publicidad estatal, que se destinan sólo a financiar medios oficialistas.

Varios periodistas hemos denunciado una constante persecución por parte de los servicios de inteligencia del Estado, que incluye la intervención de nuestros teléfonos y el seguimiento en la vía pública. La revisión de las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar, que es una encomiable política del gobierno, es usada también para lanzar falsas y absurdas acusaciones contra periodistas críticos.

La diferencia más notable que existe hoy entre la situación de la prensa argentina y las de Ecuador y Venezuela es que en Argentina hay todavía sectores importantes de la justicia que son independientes. Es absolutamente improbable, por ejemplo, que jueces argentinos condenen a periodistas por el delito de opinión. Paradójicamente, ha sido también el gobierno de Cristina Kirchner el que eliminó el delito penal por calumnias e injurias. El gobierno no recurre a la justicia, por lo tanto, para perseguir a los periodistas, pero tiene otras armas más eficientes que esa para intimidar a la prensa.

Joaquín Morales Solá es periodista y columnista político de La Nación.

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