ECUADOR
Tribuna
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La injusticia en nombre de la revolución

En lo que va de año, se han reportado más de 400 agresiones a periodistas.- La situación de la libertad de expresión en el Ecuador ha sufrido un deterioro dramático para medios de información no gubernamentales, ciudadanos comunes y dirigentes sociales

La situación de la libertad de expresión en el Ecuador ha sufrido un deterioro dramático para medios de información no gubernamentales, ciudadanos comunes y dirigentes sociales. A esto se suma que desde su estrecha victoria en el plebiscito de mayo pasado, el Gobierno ha podido entrar a controlar las cortes a través de un triunvirato de delegados. Para ejecutar esta reorganización judicial, el presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo en donde disponía, entre otras cosas, el estado de emergencia o excepción en la Función Judicial y decretaba la movilización de los funcionarios judiciales, incluidos los jueces. Desde entonces más de 160 magistrados han sido removidos de sus cargos o trasladados de sus judicaturas.

La falta de libertades de expresión se aplica a todos los sectores que protestan o rechazan las políticas gubernamentales. Aunque el Gobierno mantiene el discurso de que está luchando por cambiar un país atrapado por las oligarquías, grupos económicos y mediáticos que se oponen a sus cambios. Sin embargo, los abusos del régimen no se han dado en contra de los más ricos, salvo excepciones, sino en contra de los más pobres: más de 190 dirigentes sociales, indígenas, laborales y estudiantiles están siendo procesados por delitos de terrorismo y sabotaje por haber participado en protestas contra la gran minería o el uso del agua o reclamos laborales. Otros 150 estudiantes están en proceso de expulsión de sus colegios en Quito por haber reclamado contra políticas del ministerio de Educación. Este jueves 28 de octubre cerca de mil burócratas fueron despedidos de sus cargos, sobre todo en hospitales, con ayuda de la fuerza pública…

El presidente sostuvo en su demanda que los periodistas afirmaron que él conocía de los contratos de su hermano.  Los periodistas atribuyeron esa afirmación al propio hermano del presidente y presentaron  pruebas documentales

 En este contexto es que el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo sostienen demandas de carácter civil y penal en contra de periodistas y medios de información. Una sentencia en segunda instancia condenó al periodista Emilio Palacio y a tres directivos y accionistas del diario El Universo, César, Carlos y Nicolás Pérez, (el estándar de mayor circulación) a tres años de cárcel y 40 millones de dólares de multa por un artículo de opinión de Palacio. Este proceso sigue en apelación pero con la justicia en manos del propio presidente, lo más probable es que Rafael Correa obtenga para sus bolsillos ese dinero pues hizo su demanda como “ciudadano”. El juicio ha estado plagado de irregularidades y faltas al debido proceso, como ha denunciado la defensa de los periodistas y editores.

En el mismo plano, el presidente demandó a los autores del libro de investigación El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, por daño moral y pidió una indemnización de 5 millones de dólares a cada uno, por una supuesta injuria. Lo hizo también en calidad de “ciudadano”. El libro amplía una investigación que los periodistas revelaron (junto a otros dos colegas), en junio de 2009, sobre contratos por cerca de 200 millones de dólares que empresas vinculadas al hermano del presidente, Fabricio, obtuvieron con al menos seis entidades del gobierno de Rafael Correa.

El presidente sostuvo en su demanda que los periodistas afirmaron que él conocía de los contratos de su hermano. En los reportajes publicados en el diario Expreso y en el libro, los periodistas atribuyeron esa afirmación al propio hermano del presidente y presentaron las pruebas documentales y de audio al respecto. Sin embargo, el presidente ha seguido con su demanda.

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En lo que va de año, se han reportado más de 400 agresiones a periodistas y comunicadores sociales. El tema fue denunciado en un audiencia convocada por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, este 25 de octubre último.

Juan Carlos Calderón es periodista de la revista Vanguardia de Ecuador y coautor del libro El Gran Hermano, sobre los negocios del hermano del presidente Rafael Correa.

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