El Gobierno chileno quiere penar con tres años de cárcel la toma violenta de colegios

El proyecto de ley presentado el domingo por el presidente chileno, Sebastián Piñera, que busca castigar con penas de cárcel la ocupación violenta de colegios y universidades, ha encendido nuevamente el conflicto entre el Gobierno y los estudiantes, precisamente cuando comienzan las reuniones entre ambas partes para intentar destrabarlo tras cinco meses de movilizaciones.

"A nuestro gobierno no le van a temblar las manos y siempre va a poner por delante el derecho de las inmensas mayorías", dijo ayer el mandatario sobre la iniciativa legal, que se tramitará con carácter de urgencia en el Parlamento.

El anuncio del proyecto de ley sorprendió a los dirigentes universitarios, que el pasado jueves habían reanudado el diálogo con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, después de que las negociaciones se mantuvieran paralizadas durante 26 días. En esa cita convocaron a una reunión para hoy en la que se tratará el tema de la gratuidad en la educación en todos sus niveles, una de las principales reivindicaciones del movimiento social.

Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), señaló el lunes que evaluarán su permanencia en los encuentros con el Ejecutivo tras el anuncio del presidente.

La idea del Gobierno es sancionar con fuerza alguna de las prácticas que se han hecho habituales en estos meses de protesta en Chile: el saqueo de los locales comerciales, la interrupción del tráfico y de la circulación de la gente por las calles, y las ocupaciones de espacios públicos como hospitales, lugares religiosos y centros educacionales. Este último punto es el que ha generado mayor controversia ya que las tomas de colegios y universidades han sido la principal medida de presión de los estudiantes durante el conflicto que comenzó en mayo.

La iniciativa del Gobierno chileno causó ayer diversas reacciones entre los políticos locales. “Queremos ser súperclaros: Chile tiene que enfrentar con decisión y con la ley las continuas alteraciones del orden público que se están produciendo”, dijo el presidente del partido oficialista Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma.

En la oposición, la crítica fue unánime: “Al Gobierno se le pasó la mano”, dijo el opositor Jaime Quintana, presidente de la comisión de Educación del Senado. “Una cosa es elevar las penas para los ataques a la policía. Otra cosa distinta es impedir la ocupación de lugares por ley”.

El presidente Sebastián Piñera apenas cuenta con un 22% de respaldo ciudadano. Su Gobierno es el peor evaluado desde que regresó la democracia en 1990. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, los temas prioritarios para los chilenos son la seguridad ciudadana, la educación y la sanidad.