España, Brasil y Bolivia garantizan el derecho a pensión de los emigrantes

Los emigrantes entre España, Brasil y Bolivia se pueden beneficiar ya del acuerdo en materia de Seguridad Social que está en vigor para estos tres países desde el pasado 1 de mayo. Otros cinco países de la comunidad iberoamericana son también firmantes del acuerdo y lo pondrán en marcha en los próximos meses. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social aspira a garantizar la cobertura mínima de la pensión de jubilación en un espacio de 611 millones de habitantes. Se trata de "un hito", de "un imposible" o de "un milagro", según los rendidos elogios que los principales artífices del convenio le dedicaron en su presentación en Madrid.

Actualmente, en el espacio iberoamericano (Latinoamérica, España y Portugal) hay seis millones de migrantes. Solo en España hay un total de 648.962 ciudadanos iberoamericanos afiliados a la Seguridad Social. Entre Latinoamérica y Portugal hay 629.127 españoles. De ellos, 585.607 viven en países con los que hay convenios bilaterales en esta materia.

El nuevo convenio multilateral lo han firmado ya 11 países iberoamericanos y lo han ratificado ocho: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Portugal. La ratificación por parte de Ecuador se producirá "en breves días", según anunció el lunes pasado Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, durante la presentación del nuevo instrumento multilateral en Madrid. Jiménez aseguró que en un mes lo ratificará Chile y poco después Uruguay.

Igualdad de trato

El principio fundamental que inspira el acuerdo es el de la "igualdad de trato" de los trabajadores de todos los países firmantes. "No hay diferencia entre un trabajador y otro cuando se habla de pensiones contributivas", afirmó rotundo Jiménez. El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social garantiza las pensiones de los trabajadores de cualquier país firmante en otro país firmante. Es decir, un boliviano que haya cotizado en Bolivia, en Colombia y en España, por ejemplo, tendrá reconocido el derecho a pensión en cuanto cumpla los años de cotización necesarios de acuerdo con cualquiera de esos cuatro países. España reconoce el derecho a una pensión con 15 años cotizados. Además, esa pensión se la podrá llevar y cobrarla allí donde quiera vivir dentro del ámbito del convenio. La revalorización de la pensión también está garantizada.

Las prestaciones que cubre el convenio son las de carácter contributivo de invalidez, vejez, supervivencia y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para calcular la pensión, se tendrán en cuenta los periodos cotizados en todos los países firmantes del convenio. En caso de que ya exista un acuerdo previo en materia de seguridad social, se le aplicará el que sea más favorable.

"Entramos en la historia mundial de la seguridad social", llegó a decir Octavio Granado, el secretario de Estado de Seguridad Social español. Granado explicó que se trata del tratado de colaboración más amplio que existe en el mundo sin estar sustentado en una estructura económica o política previa, como puede ser la Unión Europea.

Globalización de los derechos de los trabajadores

El secretario de Estado no disimuló su entusiasmo por este acuerdo iberoamericano. La globalización tiene "efectos perversos", dijo, pero en este caso "estamos globalizando los derechos de los trabajadores iberoamericanos por encima incluso de los capitales financieros". Cuando se culmine la ratificación y puesta en marcha, "estarán más protegidos los derechos de los trabajadores que las inversiones de las multinacionales".

"No hablamos de cosas abstractas", quiso precisar Granado. "Hablamos de quienes han trabajado en la informalidad, de quienes llegan con dificultad a la cotización mínima, de aquellos para quienes la diferencia entre un año más o menos de cotización es la diferencia entre tener una renta en la vejez o no tenerla".

Jiménez, por su parte, destacó que el acuerdo no solo beneficia a migrantes en todos los países donde coticen, sino también a empleados de empresas multinacionales que trabajen como expatriados temporales, algo cada vez más habitual. El acuerdo ha tardado siete años en culminarse, algo que para los firmantes es un tiempo récord. "Creíamos que era imposible alcanzar un acuerdo en algo tan delicado como el sistema de pensiones", dijo Jiménez.

Entre las consecuencias indirectas que tendrá la aplicación de este convenio, Jiménez citó el hecho de que "facilita volver" a los emigrantes. Puso el ejemplo de un inmigrante boliviano que, por muy mal que estén las cosas en España, prefiere quedarse a vivir aquí para no perder el derecho a una pensión cuando tenga 15 años cotizados. Con el nuevo acuerdo, puede volver a su país cuando quiera, o incluso buscar trabajo en un tercero sin perder derechos.

En el camino, los negociadores ha debido armonizar 11 legislaciones diferentes sobre protección social, desde países que exigen un mínimo de cotización de 15 años para cobrar pensión, hasta los que exigen 30; desde países con sistemas de pensiones solo privados hasta sistemas solo públicos, pasando por todas las fórmulas mixtas.

Finalmente, Granado invitó a "soñar que España y Portugal logren que este convenio se pueda ampliar a la UE", y aseguró que ambos países trabajarán por el objetivo de ampliar el acuerdo al ámbito europeo.