Una vía de agua en el kirchnerismo

Argentina es el único gran país latinoamericano que tiene pendiente este año unas elecciones presidenciales. Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y ahora Perú han resuelto ya sus papeletas electorales y han aclarado su línea política, en unos casos más a la derecha y en otros más a la izquierda, pero todos con gobiernos democráticos que aseguran una cierta imagen de continuidad económica para el periodo 2010-2014. Argentina debe todavía decidir como encara ese periodo, aunque los sondeos actualmente disponibles auguran la reelección de la actual presidenta, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que finalmente se presente, en contra de los intensos rumores que han circulado esta semana. Lo que pocos creen es que el Gobierno actual pueda continuar con la misma línea económica que hasta ahora.

Si CFK (como se la conoce popularmente) revalida en octubre su mandato, significará que el kirchnerismo (una modalidad peronista que se define de izquierda) habrá estado en el poder tres periodos consecutivos, desde 2003 (con el presidente Néstor Kirchner) hasta 2015. La oposición acudirá a la primera ronda con una oferta muy dividida, pero que se mueve, curiosamente, casi en los mismos parámetros del centro-izquierda, con la única pretensión de obligar a una segunda vuelta en la que sus votos se puedan, quizás, reagrupar. Por el momento, el desencuentro entre ellos es grande.

El principal referente de la oposición, una vez retirado de la pelea el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, claramente identificado con la derecha, será la Unión Cívica Radical (UCR) que se acaba de asociar con el peronista moderado Francisco de Narváez. En teoría, esa alianza debería teñir su oferta electoral de un color de centroderecha o centrismo puro, pero lo cierto es que el candidato presidencial Ricardo Alfonsín juega también la carta de progresismo y no oculta sus inclinaciones socialdemócratas. Socialdemócrata es también la carta de presentación de la alianza creada en torno al gobernador Hermes Binner, que tendrá el apoyo de otros grupos de izquierda moderada. Elisa Carrió, de Coalición Cívica, que acude por separado, defiende por su parte principios republicanos y federalistas, que la asocian también al progresismo. Demasiados competidores en un mismo espacio, opinan algunos, aunque otros creen que esa diversidad es, precisamente, lo que puede impedir que la presidenta alcance de entrada el 40% del voto. A la derecha, por ahora solo se sitúa un grupo de peronistas críticos, encabezados por Eduardo Duhalde, que no suponen gran peligro para la poderosa maquinaria oficialista.

El principal problema con el que se enfrenta Cristina Fernández de Kirchner no es tanto su balance, que parece contar por ahora con la aprobación de la mayoría de la población, sino las expectativas de su nuevo mandato. En las filas de la oposición no es extraño oír la broma de que sería mejor dejar que fuera la propia CFK la que gestionara su herencia, convencidos de que la situación económica no es sostenible y de que, sea quien sea quien gobierne a partir de octubre, deberá hacer frente a una crisis provocada por una alta inflación, que ronda el 30% (cuando en los vecinos Brasil y Chile es de un solo dígito), excesivas subvenciones al consumo, que recalientan la economía, y serios desequilibrios cambiarios, que llevan a algunos a pedir una inmediata y progresiva devaluación.

Dentro de la mejor tradición peronista, los kirchneristas afirman que lo importante es seguir en el poder y que los problemas se irán examinando según lleguen, pero siempre desde el férreo control del Gobierno y de las instituciones. Ese papel, que desempeñaba conjuntamente hasta ahora el matrimonio Kirchner, deberá ser asumido en este nuevo periodo, si opta a la reelección, por Cristina Fernández en exclusiva, tras el fallecimiento de su esposo.

Por el momento, el kirchnerismo parece mantener sus tres alianzas tradicionales: el sindicato peronista, CGT, que exige más poder político y más protección para sus dirigentes frente a expedientes judiciales por corrupción, pero que ya ha hecho explícito su apoyo a CFK; la Unión Industrial, que se beneficia de las políticas proteccionistas del Gobierno, y la mayoría de los movimientos de Defensa de los Derechos Humanos, aunque es precisamente en ese sector donde se les acaba de abrir una importante vía de agua. El descubrimiento de un gran foco de corrupción y en la asociación más emblemática de todas, las Madres de la Plaza de Mayo, ha provocado un inesperado terremoto en el oficialismo. La fundación, que dirige Hebe de Bonafini, que asume la ideología revolucionaria de sus hijos desaparecidos, es el referente y el apoyo predilecto del kirchnerismo.

El Gobierno se esfuerza por poner diques y lograr que el destrozo no llegue a propia Bonafini, lo que afectaría a la imagen de Cristina Fernández. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que al inicio del escándalo respondió con desdén a las acusaciones contra su protegido Sergio Schoklender, ha terminado hoy por acudir en persona al juez para pedir que se le considere como "acusación privada" en cualquier posible querella que se abra contra el hasta ahora apoderado de la Fundación. Schoklender, que cumplió en su día condena, junto con su hermano, por parricidio doble, ha manejado importantes fondos concedidos por el Estado para la construcción de viviendas sociales y los fiscales tienen indicios de desvío de dinero y de otras operaciones fraudulentas.

El Gobierno ha conseguido frenar en seco el juicio adverso sobre Bonafini de otras asociaciones de derechos humanos, incluidas las Abuelas de Plaza de Mayo, que ya habían advertido sobre el descontrol existente y que creían imposible que Bonafini ignorara los manejos de su protegido. La mayoría de las asociaciones firmaron un documento en el que denunciaban los intentos de "ensuciar los pañuelos", enfrentar a sus organismos y desprestigiar su trabajo. El daño, aseguran en el Gobierno, debe limitarse, como sea, al propio Schoklender, presentado ya como un ladrón, sin alcanzar a Bonafini, que podría ser llamada ante la justicia como responsable de la Fundación, ni a los miembros del Gobierno que debieron controlar el destino de las subvenciones que concedían y que, como mínimo, resultaron incompetentes.