Luz verde para la construcción de la macropresa de Belo Monte

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) dio luz verde ayer a la construcción de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonia. La autorización supone un triunfo para la presidenta, Dilma Rousseff, que, como su antecesor, Lula da Silva, apostó por este proyecto, que se arrastra desde hace 20 años.

El Ibama había puesto 40 condiciones iniciales de tipo económico y medioambiental para autorizar la hidroeléctrica, que será la tercera mayor del mundo después de la de las Tres Gargantas en China y la brasileño-paraguaya de Itaipú. Con un coste previsto en torno a los 11.000 millones de dólares y una potencia instalada de 11.200 megavatios, se prevé que la construcción se haya completado a comienzos de 2015.

El Gobierno ha conseguido el visto bueno al proyecto pese a las largas campañas en contra emprendidas por ecologistas, sectores de la Iglesia católica, comunidades indígenas y científicos independientes. Todos ellos argumentan que el proyecto faraónico de esta macropresa puede crear graves problemas socioambientales, ya que es difícil prever las consecuencias de modificar el río Xingu y lo que puede suponer para miles de indígenas y habitantes locales, que deberán abandonar sus casas.

Sin embargo, ya desde los tiempos del expresidente Fernando Henrique Cardoso, en los años noventa, los sucesivos Gobiernos brasileños han considerado necesaria la obra para generar energía limpia y a menor coste.

Según el Ibama, "la concesión fue marcada por un consistente análisis técnico e incluyó exigencias que garantizan ganancias sociales y ambientales".

Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Pará se opuso desde el primer momento a la concesión, alegando que varias de las 40 condiciones impuestas por el Ibama para dar su sí definitivo "no han sido cumplidas". Las obras podrán empezar, aunque las protestas, especialmente de ecologistas e indígenas, van a seguir arreciando y recurriendo a los diferentes órganos judiciales con el intento de parar las obras.

Para la presidenta Rousseff, sin embargo, se ha tratado de una victoria que la hace respirar en un momento de crisis interna de su Gobierno, que tiene contra las cuerdas a su número dos, Antonio Palocci, su sucesor en el Ministerio de la Casa Civil, acusado de un supuesto enriquecimiento ilícito.