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Los manifestantes en Bahréin dicen que no abandonarán las protestas en la capital

Miles de chiíes se concentran en el centro de Manama para condenar la muerte de un segundo manifestante en los enfrentamientos. El régimen bloquea el acceso a Internet

Las protestas en el mundo árabe se han extendido a los países del golfo pérsico y después de Yemen, se han instalado en Bahrein, donde se suceden las manifestaciones masivas contra el régimen del rey Hamad bin Isa al Jalifa, en el poder desde 1999. Miles de chiíes se han concentrado hoy en el centro de Manama, capital del pais, para condenar la muerte del segundo manifestante en los enfrentamientos de esta semana.

El régimen, controlado por la minoría suní, esta intentando frenar las protestas y ha bloqueado el acceso a Internet, según confirma Nicholas Kristof, periodista del New York Times. "Es increíble que un país de bancos corte el acceso a Internet", afirma Kristof que se encuentra en Manama. "¿Como van a trabajar las entidades financieras que son la principal base económica del régimen?" se preguntan los usuarios en la red. Un millar de manifestantes han pernoctado en la plaza de la Perla y, tras tomar el centro de la ciudad para exigir reformas económicas y políticas, han asegurado que no abandonaran el lugar hasta que sus exigencias sean satisfechas.

El presidente de la Asociación de la Juventud Bahrein para los Derechos Humanos, Mohamed al Maskati, ha asegurado a Efe que los organizadores continuarán su protesta, que ya ha llegado al tercer día. Según Al Maskati, la plaza ha sido rebautizada por los participantes con el nombre de la Liberación, en referencia a la plaza de El Cairo donde miles de manifestantes se concentraron durante más de dos semanas hasta la renuncia del presidente Hosni Mubarak, el pasado día 11.

La policía observa a los participantes sin actuar, según ha asegurado a Efe el activista, que se encuentra en el lugar de la concentración. Se espera que a lo largo del día confluya más gente en la plaza, especialmente tras la conclusión de la jornada laboral. Al Maskati ha comentado que el discurso ofrecido ayer por el rey, que lamentó la muerte de dos manifestantes, y que informó de que había comenzado una investigación, no ha sido bien recibido. "A los participantes nonos importa si ha empezado una investigación, lo que nos importa es que el rey no ha hecho ninguna mención a nuestras demandas", dijo Al Maskati.

Una monarquía petrolera con una fachada democrática

Los manifestantes piden reformas democráticas y la dimisión del primer ministro Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, tío del rey. El principal bloque de oposición chiíta Wefaq, que boicoteó el parlamento para protestar por la represión por las fuerzas de seguridad suní, ha dicho que espera empezar las conversaciones con el gobierno el miércoles. "Apoyamos a la gente de aquí, no somos los encargados de adoptar decisiones", ha dicho Ibrahim Mattar, un parlamentario de Wefaq que se habían unido al procesión para el funeral de las victimas. "Es la gente la que tiene que tomar de decisiones para el país", dijo Mattar, que ha agregado que su partido llamaría a la elección directa del primer ministro.

Las protestas de ayer comenzaron frente al Hospital General de la localidad de Al Dih, donde se produjeron choques con las fuerzas de seguridad que emplearon gases lacrimógenos y dispararon balas de goma para dispersar a los manifestantes, que protestaban por la muerte el día anterior de un joven. Esta revuelta popular comenzó el lunes y cuenta con una participación sin precedentes en este país, un archipiélago con una superficie de tan solo 727 kilómetros cuadrados en el que viven poco más de un millón de personas, la mitad de ellos extranjeros.

Aunque oficialmente Bahréin es una monarquía parlamentaria, la democracia es solo aparente y el Gobierno gobierna al dictado de la familia real, cuyos miembros controlan realmente el poder. A pesar de la bonanza económica del reino, sostenida por grandes reservas de petróleo y gas y más recientemente por el turismo de lujo y la banca internacional, la tensión entre la comunidad chií, que representa un 80% de la población, y la suní impiden al país alcanzar una mínima estabilidad social.