Bahréin, una monarquía suní en la encrucijada
Las protestas de la mayoría chií amenazan con desestabilizar el poder de la dinastía que gobierna el emirato desde hace 40 años con la complicidad de Estados Unidos
Flanqueado por Arabia Saudí y Catar, Bahréin es el país más pequeño del golfo Pérsico, con apenas un millón de habitantes, pero su importancia estratégica es enorme. La privilegiada posición geográfica del emirato nunca ha pasado desapercibida para las potencias occidentales, en busca de una presencia constante en la zona con mayor riqueza petrolífera del planeta. Aliado privilegiado de Estados Unidos, que utilizó profusamente sus bases para atacar Irak en las dos guerras del Golfo (1991 y 2003) y que mantiene allí la base de la V Flota de la Marina, el reino de Bahrein es un mosaico de etnias gobernado por la dinastía suní de la familia Al Khalifa, a cuyo frente está el rey Sheik Hamad. Aunque sobre el papel Bahréin es una monarquía constitucional, la realidad es bien distinta: la democracia es solo aparente y tanto el primer ministro, el jeque Khalifa bin Salman al Khalifa, como el resto del Gobierno gobiernan al dictado de la familia real, cuyos miembros copan la mayoría de puestos de responsabilidad y poder.
A pesar de la bonanza económica del reino, sostenida por el petróleo, las grandes reservas de gas y más recientemente por el turismo de lujo y la banca internacional, la tensión entre la comunidad chií, que representa un 80% de la población, y la suní impiden al país árabe alcanzar una mínima estabilidad social. El enfrentamiento entre ambas etnias está en el origen de la actual protesta, que por el momento se ha saldado con cinco muertos y decenas de heridos. Pero también es el germen de muchas de las revueltas que han jalonado la historia reciente de este microestado islámico.
Los chiíes acusan históricamente al régimen de someterlos a una continúa discriminación y de privarles del acceso a la riqueza. El sentimiento general en Bahréin es que el rey Hamad no ha colmado las expectativas del pueblo cuando sucedió en el trono a su padre en 1999 y emprendió una serie de reformas, más cosméticas que reales, que se tradujeron en la adopción de una nueva Constitución. Estos cambios culminaron en 2002 con la celebración de las primeras elecciones parlamentarias en casi 30 años, y en las que por vez primera la mujer pudo votar. Además, el rey suprimió la tortura en los interrogatorios y liberó a más de 300 presos políticos, aunque más de un millar siguen encarcelados esperando juicio.
Acoso a opositores
Pero las principales demandas suníes siguen sin ser atendidas, motivo por el cual el emirato ha sufrido durante la última década periodos intermitentes de conflicto. Entre 1994 y 1999, las protestas se saldaron con más de 40 muertos. Las manifestaciones que se desarrollan en Bahréin estos días han tomado impulso por el efecto contagio de las revueltas en Egipto y Túnez, pero empezaron a fraguarse como respuesta al juicio contra un destacado blogero político, Ali Abdulemam, al que los jueces acusan de formar parte de una célula terrorista y cuyo proceso se ha convertido en una pantomima, con dos equipos de abogados renunciando a su defensa ante la ausencia de las mínimas garantias procesales.
Esta y otras denuncias han sido documentadas por grupos de derechos humanos como Human Rights Watch para ilustrar el acoso y la falta de libertad a la que se ven sometidos sistemáticamente los opositores al régimen. Algunos de ellos, según HRW, fueron acusados de terrorismo poco antes de las últimas elecciones, celebradas el pasado 23 de octubre. En el mismo periodo preelectoral el Gobierno cerró varias revistas y páginas web críticas con el régimen. Esta organización también recoge casos como el de Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, que sufrió en diciembre el robo de datos y direcciones almacenados en su portatil y en su movil. "Los líderes de Bahréin insisten que el Gobierno respeta los derechos humanos, pero el tratamiento al que está siendo sometido Nabeel Rajab nos dice otra cosa bien distinta".
HRW ha reclamado a Bahréin que garantice a sus ciudadanos el derecho a reunirse pacíficamente y expresar sus puntos de vista y que elimine las leyes que restringen estas libertades. "En lugar de aprender las lecciones de El Cairo y Túnez, los líderes árabes mantienen sus cabezas hundidas en la arena".
Internet, como en otros países árabes, está siendo utilizado por los activistas de Bahréin para coordinarse. El Gobierno del emirato ha restringido todo lo posible el acceso a la Red y ha cerrado esta misma semana una página en Facebook -que cuenta con 800 miembros en Bahrein- de un grupo que llamaba a la movilización el pasaod 14 de febrero, marcado en el calendario como el Día de la Ira, haciendo suya la terminología empleada por el movimiento anti Mubarak en Egipto. Los miles de jóvenes chiíes que secundan las protestas reclaman una nueva Constitución y la renuncia del primer ministro, que lleva 40 años en el cargo. Pero, sobre todo, piden que se les escuche.
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