Guatemala decreta el estado de sitio en el norte controlado por las mafias

Absolutamente desbordado por la acción de las bandas criminales del narcotráfico, que han logrado tener bajo su control extensas áreas del territorio guatemalteco, el Gobierno del presidente Álvaro Colom implantó ayer el estado de sitio en la provincia de Alva Verapaz, al norte, para combatir los grupos que imponen su ley. El estado de sitio es el cuarto de los cinco grados de excepción que la ley guatemalteca contempla, solo superado por el estado de guerra. Otorga a las fuerzas de seguridad "la potestad para repeler por la fuerza" a las bandas criminales, a la vez que restringe derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio o el tiempo en que un sospechoso puede permanecer detenido sin ser consignado a tribunales, entre otros.

La medida entró en vigor a medianoche del domingo (siete de la mañana en España). Las bandas de narcotraficantes se han apoderado de grandes extensiones de territorio sin que la debilidad extrema del Estado pueda hacerles frente. La población de estas zonas es víctima, además, del expolio de sus tierras para la siembra de marihuana, amapola o la construcción de pistas de aterrizaje para las aeronaves que transportan los estupefacientes desde las selvas andinas hasta EE UU.

Según declaraciones a la prensa local del portavoz de la presidencia, Ronaldo Robles, el operativo está dirigido contra el cartel mexicano Los Zetas, que se ha atrincherado en la provincia de Alta Verapaz, desde donde aseguran toda una intendencia de recepción y distribución de la droga hacia México y EE UU. Uno de los puntos fuertes de estos grupos es que reclutaron a antiguos kaibiles (soldados de élite del Ejército guatemalteco que conocen la zona perfectamente), lo que complica su localización y combate.

El antecedente inmediato habría que buscarlo en la reducción drástica del Ejército que se hizo durante la Administración de Óscar Berger (2004-2008), cuando se disminuyó el número de efectivos muy por debajo, incluso, de lo pactado en los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin a la guerra civil guatemalteca (1960-1996). Con esa decisión se disolvieron las bases militares que impedían el tráfico de armas para la guerrilla.

"La medida demuestra una preocupación muy grande de las autoridades, pero debió tomarse hace muchos meses", dijo el analista político independiente Álvaro Pop.

Manfredo Marroquín, analista de la independiente Acción Ciudadana, señala que provincias enteras de Guatemala viven en un estado de terror permanente. Sobre la decisión de ayer señaló que sin una labor de inteligencia no se pueden obtener resultados. "Los estados de sitio sin inteligencia y una estrategia integral de combate no sirven de nada y se corre el riesgo de que se queden en un show de juegos artificiales", dijo.