Los diputados bolivianos aprueban el proyecto de ley judicial por consenso

El proyecto de ley del Órgano Judicial de Bolivia ha logrado la inusual aprobación por consenso de oficialistas y opositores en la Cámara de Diputados, antes de pasar a su revisión en la de Senadores. La consecuencia más inmediata es la creación de las figuras del conciliador y el Defensor del Litigante, con el objetivo de reducir los retrasos de la justicia, además de garantizar la transparencia de los procesos en beneficio de los querellantes.

El documento legal logró el consenso no solamente entre los diputados sino también en "una destacada participación de instituciones y especialistas, de tal modo que el proyecto original fue modificado en el 80% de su contenido", explicó Norma Piérola, diputada del opositor Convergencia Nacional.

Este proyecto, aprobado en la madrugada del martes (hora local), es el primero de un grupo de cinco que se convertirán en leyes orgánicas fundamentales del nuevo Estado plurinacional que propugna el Gobierno de Evo Morales y que deben estar en vigor a finales del próximo julio, por mandato constitucional.

Las discrepancias del debate se centraron en 17 de los 230 artículos del proyecto de ley que va a promover una reorganización del Poder Judicial boliviano sobre la base de la elección de los magistrados en las urnas a fin de año, además de la consolidación de los distintos órganos de este poder que, en el último quinquenio, ha estado sumido en la peor crisis de su historia.

La mayoría oficialista logró aprobar que tanto el Defensor del Litigante como el conciliador sean designados por el poder ejecutivo y estén bajo el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. "Es una vulneración del derecho de independencia de los tres poderes del Estado", se quejó la diputada Piérola. La oposición espera cambiar su alcance durante la revisión en la Cámara de Senadores.

El conciliador tendrá funciones en el nivel municipal para lograr acuerdos en primeras audiencias de modo que se pueda resolver por lo menos un 70% de todas las querellas judiciales y que consiga así paliar la sobrecarga de trabajo que padece la Corte Suprema causada por el retraso de la justicia.

"Justicia horizontal"

"Antes era una justicia vertical, pero ahora será horizontal. Eso significa que la justicia empieza con la conciliación desde todos los municipios", declaró a los medios locales la diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Cecilia Ayllón.El Defensor del Litigante, que trabajará junto al Defensor del Pueblo, velará por los plazos y derechos de los querellantes, y fiscalizará la actuación de los jueces a fin de garantizar la transparencia y agilidad en los procesos judiciales.

El asunto más candente que fue pospuesto es la delimitación de las jurisdicciones ordinaria e indígena, debido a los atropellos cometidos en nombre de la justicia comunitaria, especialmente en las últimas semanas, en Bolivia. El deslinde jurisdiccional será tratado en los próximos 180 días, a petición del movimiento indígena originario, según se informó en la Cámara de Diputados.

La justicia comunitaria ha sido duramente cuestionada por gran parte de la ciudadanía boliviana que, en las últimas semanas, ha observado estupefacta la actitud de los dirigentes de cuatro ayllus o comunidades indígenas del norte de Potosí que exigieron impunidad a cambio de la entrega de los cadáveres de cuatro policías asesinados cruelmente, según deduce el informe forense, al amparo de la supuesta aplicación de la justicia de los originarios.

Manifestaciones de protesta

El descontento generado por el tratamiento que el Gobierno ha dado al caso, en opinión de las viudas y los familiares de los uniformados, se ha hecho visible en manifestaciones de protesta contra el presidente Morales en su natal Oruro al grito de "Evo, asesino", así como de repudio al comandante general de la Policía, Óscar Hugo Nina, a quien algunos llamaron "traidor" mientras imponía condecoraciones póstumas. Un grupo de exaltados rompió todos los cristales de la casa de la hermana de Morales en la ciudad de Oruro.

Los seres queridos de los policías asesinados se quejan de la falta de ayuda inmediata para rescatar a las víctimas, que cayeron en manos de los indígenas el 23 de mayo, confundidos con supuestos extorsionadores mientras perseguían vehículos que habían sido robados. Es posible que planteen una querella contra las autoridades gubernamentales y policiales, a las que acusan de omisión de auxilio y negligencia, pese a las fuertes presiones políticas a las que, según denunciaron, están sometidos.

En nombre de la justicia comunitaria, en el pasado reciente otros tres policías fueron linchados en Epizana, un alcalde fue inmolado en Ayo-Ayo, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue desalojado de su vivienda en el área rural y decenas de presuntos ladrones o violadores han perdido la vida.