Morales elabora una legislación para controlar el poder judicial de Bolivia

El Gobierno de Evo Morales se prepara a sacar provecho de los dos tercios que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene en la Asamblea Legislativa Popular. Morales planea aprobar una "ley corta" que le permitiría designar un Poder Judicial temporal y que le daría el control absoluto del Estado, según advierte la oposición boliviana.

Morales ha renovado a su consejo de ministros, con igualdad en género, ha tomado posesión a los mandos militares con órdenes de "enfrentar al imperio [Estados Unidos], que quiere invadirnos por nuestros recursos naturales". El presidente boliviano también ha ratificado a los dirigentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de generar los recursos para el desarrollo de su nueva gestión, la primera del Estado plurinacional.

El proyecto de ley corta elaborado por el Ejecutivo pasó a la Cámara de Diputados ayer, y su objetivo es permitir que sea el presidente quien nombre a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y de otras estructuras judiciales. Será una norma transitoria que permitirá a quienes sean designados ocupar los cargos hasta el cinco de diciembre, fecha de las primeras elecciones de jueces en la historia de Bolivia.

El Gobierno ha justificado su premura en las designaciones del Poder Judicial, que ha descabezado en los tres últimos años, por el cúmulo de expedientes en los tribunales a la espera de fallos de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Hasta ahora, el Congreso era el encargado de designar, con la ratificación de dos tercios de los votos, a los magistrados para una gestión de 10 años, como una forma de garantizar la independencia de poderes. Los parlamentarios de la oposición han criticado el intento totalitario del Gobierno, gesto que, argumentan, afecta a la democracia y viola la nueva Constitución.

La mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa espera aprobar sin mayores problemas otros proyectos de ley. Algunos pondrán en aprietos a muchas ex autoridades gubernamentales, acusadas de haberse enriquecido ilegalmente a través del poder, dentro de una ley que establece la investigación de fortunas. Otro de los proyectos de ley del Ejecutivo propone "regular" el trabajo de los periodistas para obligarles a "no mentir".

El Gobierno, además, autorizó a la recién nombrada presidenta del sistema de Aduanas, Marlene Ardaya, a intervenir y cerrar temporalmente sus oficinas en todo el país, para "cambiar la imagen de esa institución". El objetivo, frenar la corrupción y los presuntos círculos de tráfico de influencias en su interior que favorecían el contrabando.

También ha ordenado la suspensión definitiva del permiso de conducción a todo chófer que se encuentre en estado de ebriedad al mando de un vehículo. En enero, cerca de 80 personas murieron en accidentes causados por conductores con altos niveles de alcohol en la sangre. La disposición aplica fuertes sanciones a los dueños de los buses y de las empresas de transporte. El poderoso gremio del sector ha anunciado una huelga de 48 horas y el cierre de carreteras para la próxima semana en protesta a estas disposiciones, que han tildado de "draconianas". Irónicamente, el primer ebrio al que le suspendieron la licencia de conducir es el ahora destituido candidato del MAS a la Gobernación de La Paz, Félix Patzi, elegido por el propio Morales. Perdió la licencia y el cargo, prácticamente asegurado por la cantada victoria del partido oficialista en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 4 de abril próximo.

Las campañas electorales han servido para que el Gobierno saque provecho de las finanzas bolivianas ante la crisis económica mundial, con una tasa inflacionaria de tan sólo 0,26%, la más baja en los últimos 23 años. Los indicadores macroeconómicos de Bolivia, exitosos por los altos precios de las materias primas en el pasado cuatrienio, han sido elogiados también por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Aún así, este lustro que comienza Morales (2010-2015) no proyecta un panorama boyante, y ya desde ahora el ciudadano común percibe que las dificultades que se aproximan van a exigir una gestión económica eficiente y eficaz. El pilar de la economía boliviana es la industria petrolera. Las amas de casa se dan cuenta de que algo anda mal porque no es fácil conseguir bombonas de gas para la cocina, y los ciudadanos no siempre encuentran gasolina para su coche.

Los informes económicos de varias instituciones coinciden. La producción ha bajado como consecuencia de la inseguridad jurídica para las inversiones; por la aguda caída de la demanda en sus principales mercados, Brasil y Argentina; la falta de perspectivas de nuevos mercados y el desconocimiento de las reservas reales de gas.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos ha confirmado que las exportaciones de gas natural bajaron a volúmenes menores que los logrados en 2005, con un promedio de 28,5 millones de metros cúbicos por día. El año pasado se exportó una media de 27,3 millones de metros cúbicos diarios, debido a la menor demanda de Brasil y Argentina. El valor de las exportaciones en 2008 fue de 3.157 millones de dólares y para 2009, la Cámara calculaba un máximo de 2020 millones.

Bolivia continuará con la importación de gas y gasolina para atender la demanda del consumo interno. El periódico La Prensa, de La Paz, informó de que el Gobierno destinará un promedio de 103 millones de dólares para la compra de gas licuado de petróleo y gasolina especial en la presente gestión.Otras exportaciones, como textiles y artesanías, redujeron volúmenes y valores a causa del cierre de su principal mercado, Estados Unidos, y por las trabas burocráticas de mercados sustitutos como Venezuela y Cuba.