Piñera recurre a una subida temporal de impuestos para reconstruir Chile

Diez semanas después del terremoto del 27 de febrero, el presidente chileno Sebastián Piñera envió al Congreso el proyecto de ley que contempla una subida temporal de impuestos a las empresas para financiar la reconstrucción del país.

El terremoto del 27 de febrero, de magnitud 8,8 en la escala de Richter y el quinto mayor seísmo en la historia desde que existen registros, dejó alrededor de 500 muertos, miles de damnificados y la destrucción de viviendas, edificios, escuelas, hospitales e infraestructura en la zona centro sur del país. Las réplicas continúan con intensidad —el miércoles se registró un seísmo de magnitud 6,5 y ayer uno de 4,4—, la ayuda no ha llegado con rapidez ni ha alcanzado a todos los afectados y las lluvias de esta semana han agrabado aún más la situación de quienes todavía permanecen refugiados en carpas. Según cifras conocidas esta semana, el terremoto causó que, en marzo, la economía chilena cayera un 2,8%, interrumpiendo cuatro meses de recuperación tras los embates de la crisis financiera global.

El terremoto forzó al Gobierno de Piñera, el primero que encabeza un partido de derecha desde el restablecimiento de la democracia, a incluir la reconstrucción del país como la primera prioridad de su agenda. Al enviar su proyecto de aumento de impuestos a las empresas, Piñera zanjó a favor del ala más liberal de la derecha el intenso debate que hubo en las filas de la coalición gobernante sobre el proyecto de reconstrucción.

Tras recibir la notificación de la oposición de centroizquierda de que no le daría sus votos en el Senado, donde tiene la mayoría, para aprobar un proyecto que por un lado subiera impuestos a las empresas, pero por otro les permita recuperarlos a través de ciertos beneficios como la depreciación acelerada, Piñera resolvió intentar asegurar la aprobación del proyecto. Descartó incluir en este proyecto deducciones para facilitar la inversión privada y tomó el camino más pragmático para intentar conseguir el apoyo de la oposición.

En La Moneda predominaron las opiniones de los ministros más políticos sobre las de los ministros del área económica. Hubo "consideraciones estratégicas en un momento en que la prioridad es sacar adelante este proyecto", explicó el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

La decisión provocó malestar en la Unión Demócrata Independiente (UDI), el mayor partido del Gobierno. El senador Jovino Novoa, ex presidente de la UDI y que fue subsecretario durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), admitió que el proyecto tributario del Gobierno "tiene muchas cosas que no nos gustan". Los parlamentarios de la UDI bromeaban con que el proyecto traía "depresión acelerada" en vez de "depreciación acelerada".

Para aplacar este malestar, el Gobierno informó a la UDI de que estudia lanzar un paquete de medidas a favor de la inversión privada en las próximas semanas. Piñera pidió al Parlamento una rápida aprobación del proyecto de aumento de impuestos, para apoyar a los afectados por el terremoto.

El proyecto incluye un aumento del 17% al 20% del impuesto a las utilidades de las empresas en 2011, que bajaría al 18,5% en 2012 para volver al 17% en 2013. Es aquí donde centrará su batalla la oposición de centroizquierda para lograr que el aumento tributario sea permanente y no transitorio, dado que en Chile las empresas pagan menos impuestos que en otros países.

El proyecto del Gobierno incorpora también un aumento de impuestos al tabaco, que provocaría un alza de un 23% del precio de una cajetilla de cigarrillos. También subirá el impuesto a las empresas mineras, al elevar el canon que pagan el 4% hasta un máximo del 9% en los próximos dos años, reducirá deducciones para altos ingresos y aumentará el tributo a las viviendas más lujosas. En total, se proyecta una recaudación equivalente a unos 3.235 millones de dólares.

Para la Concertación, la coalición opositora que durante 20 años gobernó Chile hasta que en marzo dejó la presidencia en manos de Piñera, el aumento de impuestos propuesto es insuficiente y transitorio. Algunos parlamentarios han criticado que las cifras "no cuadran" y han anunciado que pedirán transparencia.