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El Supremo de Brasil califica la situación de las cárceles como "crimen de Estado contra el pueblo"

El presidente del tribunal considera una "vergüenza para el país" las condiciones en las que están los presos

El magistrado Cezar Peluso, no ha esperado a asumir oficialmente el viernes próximo su cargo como nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) y ya ha lanzado la mayor crítica hecha hasta ahora a la situación de las cárceles de este país. Y lo ha hecho con palabras durísimas, que han irritado impresionando al gobierno. Ha calificado la situación de "crimen de Estado contra el pueblo" y de "vergüenza para el país".

Otros críticos habían calificado el sistema penitencial brasileño como "crimen del silencio", ya que del tema, considerado tabú, no suelen hablar ni el gobierno ni la oposición. Sólo la ONU, el 15 de marzo pasado había criticado en su reunión sobre Derechos Humanos una serie de presuntos crímenes perpetrados en las cárceles brasileñas, como torturas, abarrotamientos de las presiones, mantenimiento de detenidos en lugares irregulares, como delegacías de policía y hasta en contenedores. El índice de recaída en el crimen de los presos brasileños que salen de la cárcel es el más alto del mundo: un 70% vuelven a cometer crímenes. El índice en Europa y en los Estados Unidos es de un 16%. Es con mucho el más alto de América Latina, donde por ejemplo en Argentina Chile o Uruguay dicho índice es inferior al 25%. La semana pasada el caso del preso pedófilo Adelmir Jesús da Silva que nada más salir de la cárcel, con orden judicial, asesinó el mismo día a seis adolescentes en Goiás, conmovió al país.

A las duras críticas del nuevo Presidente del Supremo que ha querido reventar ese "silencio maldito" como también ha sido llamada la situación de las cárceles en un país que pretende ser la quinta potencia económica del mundo y que tantos logros está consiguiendo por otra parte en sus programas sociales, el gobierno ha respondido que se trata de un problema que se arrastra desde hace 40 años. No es por tanto, un déficit sólo del actual gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino que debe ser adjudicado también a una acumulación de dejadez de los gobiernos anteriores, desde los tiempos de la dictadura militar.

Este gobierno había destinado 420 millones de reales para la reestructuración de las cárceles, en las que se hacinan más de medio millón de presos, de los cuales el 12% están detenidos de forma irregular en delegacías de policía al no haber lugar en las otras cárceles. El caso es sangrante en el Estado de Bahía donde aún el 42,4% de los presos siguen en dichas delegacías de policía.

El gobierno había dedicado 420 millones de reales para la construcción de nuevas cárceles, pero según investigaciones del diario O Globo dicho dinero está parado en los bancos por problemas burocráticos. Lo cierto es que nunca la oposición, ni la de izquierdas ni la de derechas, se ha preocupado excesivamente de lo que hoy el nuevo Presidente del Supremo califica de "vergüenza del país". El hecho de haber llamado de "crimen de estado contra el pueblo" al actual sistema de prisiones es además porque el 90% de los presos actuales son negros o mulatos, que llegan a la cárcel de los lugares más pobres del país y que acaban hacinados en cárceles insalubres, verdaderas incubadoras de crimen y violencia, tanto por parte de los presos como de las fuerzas del orden. Son verdaderas universidades donde los presos aprenden nuevas prácticas de violencia y donde se llevan a cabo, en tres bandas rivales que se disputan el poder interno de las cárceles, crímenes horribles, como decapitaciones, degüellos, mutilaciones de todo tipo y venganzas colectivas.

El hecho de que el alto magistrado Peluso haya querido quebrar ese silencio vergonzoso, va a obligar a los candidatos tanto del gobierno como de la oposición, que disputan las presidenciales de octubre para sustituir a Lula, a colocar con relieve el tema en sus programas electorales. El silencio, por fin, está quebrado.