El apoyo al gobernador del Banco Central de Argentina se disipa

El destituido gobernador del Banco Central de Argentina, Martín Redrado, compareció ayer ante la comisión del Congreso que debe ratificar o rechazar la remoción que había decidido la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado día 7. Lo hizo en un clima en el que no sólo el Gobierno lo critica por resistirse a entregar las reservas del banco para que el Tesoro pague deuda a bonistas, sino también lo censuran algunos líderes opositores, que consideran que la crisis del Banco de Argentina debe terminarse lo antes posible, ahora que la jefa de Estado la dejó en manos del legislativo, y opinan que Redrado no debe aferrarse al cargo.

La comisión del Congreso que analiza la destitución de Redrado, cuyas reuniones son secretas, había comenzado a funcionar el pasado martes con la visita del ministro de Economía, Amado Boudou. Ese mismo día, el gobernador removido, cuyo acceso al banco le fue denegado por la Policía Federal después de un fallo de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, envió una carta a los miembros de la comisión legislativa para advertirles que no comparecería si antes ese cuerpo no exigía a la jefa de Estado que derogara el decreto de necesidad y urgencia por el que lo había echado. Redrado sostiene que la Carta Orgánica del Banco Central establece que primero la presidenta debería haber consultado a la comisión, cuya opinión no es vinculante, y sólo después podía despedirlo por decreto. Su opinión es contraria a la de la Cámara Federal. Por eso, amenazó en la carta a los integrantes de la comisión del Congreso que si no reclamaban a la líder peronista la anulación de la destitución, recurriría a la Corte Suprema. Finalmente, Redrado concurrió a la comisión, que integran el vicepresidente del Ejecutivo y presidente del Senado, el radical Julio Cobos, y los diputados Gustavo Marconato (peronista) y Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica, de centro).

"Me parece que a partir de este momento Redrado empieza a desprestigiar los logros que había tenido antes", opinó ayer el diputado conservador Federico Pinedo, en declaraciones a Radio Mitre. Pinedo y otros legisladores opositores habían recurrido con éxito a la justicia para que frenara el uso de reservas del Banco de Argentina para el pago de deudas y para que la jefa de Estado sometiera al Congreso su decisión de despedir al gobernador, lo que finalmente terminó aceptando el pasado día 19. "Redrado encabezó una causa importante, que era defender las reservas, la independencia del Banco Central y la posición argentina frente a los embargos de los fondos buitre [que compraron a bajos precios bonos en suspensión de pagos desde 2001 y están litigando para cobrar el 100% del valor nominal en tribunales de EE UU]. Una vez que se lograron las sentencias de la Cámara Federal, me parece que no tiene ningún sentido seguir metiéndole ruido a la vida diaria de los argentinos sin ninguna utilidad pública", añadió Pinedo en referencia a la actitud de Redrado, un máster de Harvard que se enroló en el peronismo en el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y que se había mantenido fiel a los Kirchner hasta ahora.

Prat-Gay opinó que el "único perjudicado" por una ausencia de Redrado hubiese sido el propio gobernador y calificó su presencia como "buena para la democracia". Su correligionaria Patricia Bullrich y el peronista disidente Felipe Solá también reclamaron la comparecencia del gobernador, pero apoyaron sus argumentos jurídicos.

Por su parte, el ministro de Economía tildó de "mensaje mafioso" las recientes declaraciones de Redrado al periódico Clarín, en las que advirtió que revelaría los nombres de los "amigos del poder" que compraban dólares, sin aclarar si lo hacían violando o no los controles de capital. Un abogado de Redrado negó que su defendido lo hubiese dicho, pero el Gobierno lo denunció ante la justicia por presunto "encubridor". "Quien lleva adelante esta amenaza pública es un ex funcionario que debería haber denunciado por su investidura cualquier hecho que no hubiera sido legal", atacó el ministro Boudou, que estudia alternativas para el pago de la deuda con recursos del Banco Central. La Carta Orgánica de la autoridad monetaria no le permite el pago de obligaciones a bonistas, pero sí a organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otra opción legal es que el Banco de Argentina gire el máximo posible de utilidades al Tesoro.