"Es una hipocresía cómo se plantea el tema de las bases"

El Gobierno colombiano, cada vez más distanciado de algunos de sus vecinos tras la polémica desatada por el acuerdo militar con Estados Unidos, se dedica estos días a estrechar sus relaciones con el otro lado del Atlántico. El vicepresidente, Francisco Santos, participó ayer en un foro con empresarios españoles en la sede de la patronal CEOE en Madrid, en la primera escala de una gira maratoniana que le llevará esta semana a Barcelona y Zaragoza, así como a Polonia, Bélgica -donde visitará instituciones de la UE y se reunirá con parlamentarios europeos- e Italia.

Pregunta. El acuerdo con Estados Unidos que permite el uso de bases colombianas ha despertado suspicacias en otros países latinoamericanos, especialmente Venezuela, con la que las relaciones ya no eran muy buenas.

Respuesta. A mí me sorprende, primero, la reacción ante un desconocimiento que hemos intentado calmar, demostrar que es una profundización de la cooperación que tenemos con Estados Unidos, que no tiene muchas diferencias con el Plan Colombia, pero que sí nos va a permitir luchar más eficazmente contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, incluyendo las FARC. Y que no tiene como objetivo ser utilizado con intenciones de afectar a ningún otro país. Frente a esta respuesta, lo que hemos visto es acuerdos millonarios de compra de instrumentos que sí son muy ofensivos contra Colombia, como los cohetes o los aviones] Sukhoi por parte de Venezuela o los 12.000 millones de dólares que gasta Brasil [en un acuerdo militar con Francia], y que pide explicaciones [a Colombia], cuando no le da explicaciones a la región sobre lo que está pasando. Yo creo que hay que ser franco y decir para qué estoy comprando todos estos instrumentos, cuando Colombia no está comprando nada que vaya a afectar a las fronteras y a otros países. Me parece de una hipocresía inmensa que se plantee de esa manera un tema en el cual sólo se ve un lado de la balanza.

P. La Corte Constitucional tiene en sus manos el referéndum sobre la reelección del presidente Álvaro Uribe. ¿Hay margen para cumplir con los plazos del proceso electoral?

R. Sí hay margen. Creo que eso depende de la Corte, requeriría que ésta decidiera en los próximos tres meses, porque la organización de un referéndum como ése se demora por lo menos dos meses. Los plazos están muy ajustados. Vamos a ver qué decide la Corte y en qué tiempo.

P. Un referéndum constitucional parecido desencadenó la crisis hondureña. ¿No hay peligro de que ocurra algo así en Colombia?

R. No, es importante hacer una diferenciación: los controles institucionales en Colombia son inmensos. Esto ha sido un proceso que lleva dos años de debate en el Congreso y le falta todavía la aprobación de la Corte [Constitucional]. Aquí no ha sido impuesto, las fronteras del control institucional se han preservado. En Honduras se impuso, en otros países ha sido una decisión del Congreso, un Congreso que no tiene oposición. Aquí ha habido una oposición feroz, un debate profundísimo de más de dos años que habla de la fortaleza de la democracia colombiana. Y con todo y con eso, todavía no sabemos si va a ser posible. Lo difícil que ha sido en Colombia y lo fácil que ha sido en otros lados habla de una diferencia en la capacidad de los distintos poderes para poner trabas y generar balances de poder. Esto no es parecido a Honduras, Venezuela o Ecuador, tiene una diferencia que parte de lo que distingue a Colombia de muchos de estos países: que somos una democracia desde 1837. Y esto no es en vano, esto construye una fortaleza institucional que le ha permitido profundizar la democracia en mitad de los horrores de violencia que tuvimos, y ser visto como un país estable con instituciones fuertes.

P. Acaba de reunirse con empresarios españoles, ante los que ha desplegado las oportunidades de inversión que ofrece su país. Sin embargo, la violencia, el secuestro y la extorsión siguen constituyendo un grave problema.

R. Uno tiene que mirar cómo está el contexto y qué es lo que se está haciendo para resolver los problemas de seguridad. Los empresarios son los primeros en mirar cómo está Colombia frente al resto del continente, y lo que se ve es Colombia con todos los índices de violencia descendiendo, mientras, desafortunadamente, en el resto del continente es exactamente la curva contraria. Además, tenemos un aprendizaje muy importante en temas de seguridad, que no viene solamente de estos siete años, llevamos 25 años luchando contra la delincuencia y ahora tenemos la suma de toda esa experiencia para combatir la delincuencia organizada. La Policía Nacional de Colombia es la mejor de todo el continente.

P. Sin embargo, recientes operaciones policiales han puesto de manifiesto las actividades de las bandas formadas por antiguos paramilitares, que practican extorsiones y secuestros.

R. El problema de los secuestros continúa disminuyendo. En cuanto a las extorsiones, cada vez somos más eficientes, porque hemos montado una institucionalidad tan grande para combatir los secuestros, unos grupos operativos y de inteligencia tan grandes, que muchos de ellos están prácticamente dedicados ahora a [luchar contra] la extorsión. Nos preocupa inmensamente cómo muchas de estas bandas criminales, que en el escenario internacional se ven como si fueran la continuación del paramilitarismo, y no lo son, están empezando a aliarse con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] en negocios del narcotráfico. Esa sí es una preocupación, porque son dos de los problemas que tenemos en Colombia, sumados.

P. El presidente Uribe ha flexibilizado recientemente su postura respecto a la liberación de los rehenes de las FARC, admitiendo que ésta no se produzca de una vez, sino en un plazo razonable. ¿Hay respuesta a esta iniciativa?

R. A las FARC no le interesan los seres humanos, para ellos los secuestrados son una mercancía. Quieren maximizar cualquier tipo de rentabilidad política en la liberación de estas personas y el Gobierno no se puede prestar a eso. El Gobierno genera las condiciones para liberarlos, los mecanismos, flexibiliza posiciones. Pero no [puede aceptar] lo que ellos plantean, una negociación prolongada, de unos por otros. Como si tener a una persona en la cárcel, que es juzgada, cuyas familias la visitan, que tiene todas las garantías constitucionales, fuera lo mismo que tener a una persona secuestrada, a la que arrebataron de su hogar y que está pudriéndose en la selva. Eso es inaceptable para el Gobierno y debe ser inaceptable para la sociedad. Ése es el dilema que tenemos y, ésta es una opinión personal, creo que son insalvables esas diferencias.