Jeringuillas turbias y drogas para los enfermos

El anestesista agitó con cuidado la ampolla que tenía que inyectar al enfermo que yacía en la camilla del quirófano y se quedó helado: el vial estaba turbio y de un color extraño. La operación se paró inmediatamente. La anestesia era uno de los miles de medicamentos truchos (falsificados) que circulan en Argentina y que constituyen un negocio mafioso formidable.

"Le estoy contando un caso ocurrido hace poco en el hospital de ahí enfrente, el Churruca, que, para colmo, es el hospital de la Obra Social de la policía", relata el fiscal Marcelo Munilla Lacasa en su destartalado despacho del popular barrio de Pompeya. "Aquí, en esta fiscalía, llevamos otros cincuenta casos parecidos", confirma.

El escándalo de los medicamentos falsificados y la implicación de conocidas droguerías (empresas proveedoras) y de algunas mutuas gremiales alcanzó esta semana en Argentina un punto culminante. El Gobierno decidió intervenir La Bancaria, la obra social del sindicato de trabajadores del banco, por su relación con el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, considerado como uno de los jefes de esa detestable mafia.

Los responsables de La Bancaria abandonaron el Policlínico que administran en Caballito, otro barrio popular de la capital, protegidos por la policía y bajo los insultos de empleados y enfermos hartos de ver y sufrir sus estafas. El presidente de esa Obra Social, el sindicalista Juan José Zanola, está en el centro de la investigación de todo el entramado, según aseguran fuentes de su propio gremio.

"Cuando hablamos de medicamentos truchos no nos estamos refiriendo sólo a aspirinas o antiácidos [aunque también se falsifican]. Ni tan siquiera a una estafa continuada al Estado cobrando por medicamentos de alto coste que nunca se han entregado a ningún enfermo, un fraude desgraciadamente extendido. Hablamos de algo todavía más terrible: la comercialización de medicinas destinadas a hemofílicos, tratamientos oncológicos o enfermos de sida que son robadas [con la ruptura de la cadena de frío] o que están caducadas y vueltas a meter en el mercado con cajas renovadas", explica la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que se caracterizó durante su mandato por una lucha implacable contra ese comercio.

Métodos mafiosos

Ocaña fue la primera en denunciar públicamente a Néstor Lorenzo acusándole de ser el "Yabrán de los medicamentos" -Alfredo Yabrán fue un empresario mafioso muy famoso de la época de Carlos Menem- y de utilizar su empresa, la droguería San Javier, que actúa como intermediaria y proveedora de medicamentos a hospitales y clínicas gremiales, para comercializar miles de medicamentos manipulados.

El hecho de que el presidente de La Bancaria, Juan José Zanola, hubiera contribuido con fondos a la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner hizo sonar algunas alarmas, pero Graciela Ocaña desmiente totalmente esas sospechas. "Lorenzo tenía, sin duda, muchos apoyos, pero yo tuve siempre el respaldo personal de Cristina, dispuesta a combatir ese tráfico infame".

Lorenzo, sin embargo, contó con apoyos importantes que le permitieron seguir adelante, incluso cuando la justicia estableció que su droguería tenía relaciones con las de otros tres empresarios dedicados a la comercialización de medicamentos que aparecieron asesinados en una zanja en la localidad de General Rodríguez, en el cinturón de Buenos Aires, al más puro estilo mafioso. El empresario, dicen quienes le conocen, es un abogado oscuro y peligroso.

"¿Pregunta usted si me sentí amenazada durante las investigaciones que puse en marcha al frente del ministerio? Todo el rato", confía Ocaña, una licenciada en Políticas de 49 años, que se hizo conocida cuando, por encargo del primer Gobierno de Néstor Kirchner, consiguió poner orden en la PAMI, la obra social que se encarga de dar atención médica a los cuatro millones de jubilados argentinos y en la que el uso de los fondos de salud era escandaloso.

Ocaña persiguió todo lo que pudo la facturación fraudulenta y la no prestación de medicamentos pagados por el ministerio, encargado de pagar los caros tratamientos para el cáncer, hemofilia o sida. Finalmente, la ministra abandonó el cargo en julio de este año, acosada por las presiones, pero también por la epidemia de gripe A.

Corrupción

En su nuevo despacho, segura de volver a la vida política en breve, Graciela Ocaña no oculta su alegría por el operativo puesto en marcha por un juez federal que ha llevado a la cárcel a Néstor Lorenzo y ha provocado la destitución fulminante de Zanola y, de rebote, de dos altos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, "cazados" en las escuchas telefónicas de la policía. Uno de ellos, el subsecretario de Control Sanitario, el odontólogo Alberto Costa, era el responsable de las relaciones con las droguerías de la provincia y la compra de medicamentos.

"Es evidente que la comercialización de medicamentos truchos a grandes escalas sólo es posible gracias a la complicidad de empleados de las obras sociales sindicales o de funcionarios públicos corruptos", asegura Ocaña.

La falsificación de medicamentos se está centrando en drogas de alta complejidad y muy caras, y mueve al año más de 1.300 millones de pesos (unos 260 millones de euros), según datos de la Administración Nacional de Medicamentos. "Cada vez más se da la adulteración de drogas oncológicas y retrovirales", explica María José Sánchez, coordinadora del Programa de Pesquisas de Medicamentos Ilegítimos.

Sánchez asegura que ha disminuido en los últimos años la falsificación directa, pero que aumenta exponencialmente la adulteración del contenido: borrado y reimpresión de la fecha de caducidad y la manipulación descuidada de drogas que necesitan refrigeración y que son robadas -en Argentina se denuncia el robo y vaciamiento de dos farmacias a la semana-, o que en teoría se compran para un enfermo concreto que no existe, que consume dosis inexplicables y que, guardadas en almacenes infectos, como el allanado esta semana en la ciudad de Buenos Aires, vuelven después al mercado.