Argentina anula las subidas de las tarifas de gas y electricidad

Las presiones de consumidores y oposición obligan a rectificar al Gobierno

Los hogares argentinos que más consumen gas natural y electricidad habían recibido en los últimos días un aumento de tarifas del 300% por el consumo de los meses de junio y julio, los del inicio del invierno austral. Asociaciones de consumidores, legisladores de la oposición y hasta la peronista Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionaron en contra. Finalmente, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha dado marcha atrás en el incremento, que se había anunciado a finales del año pasado, cuando las temperaturas altas reducían la demanda energética.

Las empresas distribuidoras acusadas por el Gobierno argentino de facturar de forma incorrecta la subida (entre ellas, Gas Natural y Endesa) se mostraron ayer sorprendidas por el cambio de posición oficial.

Desde 2002, cuando la crisis argentina derivó en un congelamiento de tarifas pese a la fuerte devaluación del peso y la inflación, hasta 2006, las tarifas de electricidad y gas se mantuvieron inamovibles. En 2007, al final del Gobierno de Néstor Kirchner, comenzaron a aumentarse para los usuarios industriales y comerciales, además de para algunos hogares del área cubierta por Gas Natural BAN, que opera al norte de Buenos Aires. Al año siguiente, Cristina Fernández continuó con la liberalización gradual de las tarifas residenciales, pero la polémica por el aumento no llegó hasta este invierno austral, cuando las bajas temperaturas llevaron, como es habitual, a que los consumidores usaran sus calefactores de gas natural y electricidad. Los usuarios se percataron entonces de las subidas del 300%.

El objetivo del aumento de tarifas no era mejorar la rentabilidad de las distribuidoras, sino que, en un contexto de deterioro del superávit fiscal por la crisis global y local, el Estado disminuyera los subsidios que le pagaba a las generadoras (entre ellas Endesa) de electricidad y a los importadores del gas que llega por un gasoducto desde Bolivia o por barco.

Las asociaciones de consumidores y los defensores del pueblo comenzaron a quejarse. Consiguieron que una decena de jueces admitieran recursos de amparo para evitar el pago de las facturas encarecidas. La oposición, fragmentada pero fortalecida después de la derrota de los Kirchner en las elecciones legislativas del 28 de junio, llevó al Congreso su rechazo al incremento del precio del gas, porque acusaban al Gobierno de usar los recursos adicionales sin un destino claro. De hecho, recientemente, el Gobierno decidió cambiar el destino de parte del aumento de tarifas: en lugar de subvencionar la compra de gas boliviano, se elevará el precio del gas en origen, lo que beneficia a petroleras como Repsol YPF.

El peronismo kirchnerista había logrado la semana pasada abortar un plan contra el aumento en el Senado, pero esta semana la embestida opositora iba a continuar en la Cámara de Diputados. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, defendía el aumento a hogares al alegar que sólo afectaban al 8% de los usuarios eléctricos y al 18% de los de gas.

La presión se agravó el pasado martes, cuando el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, un aliado de los Kirchner, firmó un comunicado en el que se alertaba de que el alza "alcanza a amplios sectores de los trabajadores". De todos modos, la CGT se sumó a la crítica de De Vido: "Sería de extrema gravedad porque implicaría no un mero error, sino una clara maniobra política para provocar descontento social y crear un clima de desestabilización alentado desde determinados círculos de poder económico que añoran el regreso a las políticas neoliberales del pasado".

Las distribuidoras negaron errores. Entre ellas figuran no sólo las filiales de Gas Natural y Endesa (propiedad de la italiana ENEL) sino también Edenor, que fue adquirida en tiempos de los Kirchner por el empresario argentino Marcelo Mindlin, y Metrogas (controlada por la británica BG y participada por Repsol YPF), que el martes advirtió a la Comisión Nacional de Valores de Argentina que corría riesgos de suspender pagos si no subían las tarifas.

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