República Dominicana, ante el reto de reordenar la inmigración

A Franklin Almeyda, ministro del Interior y Policía de República Dominicana, le atraen las misiones imposibles. En el verano de 2006 logró la aplicación de un decreto para establecer límites de horario de cierre a bares y restaurantes en un país en el que la diversión nocturna es casi una obligación nacional.

Ahora quiere cambiar la frágil realidad inmigratoria de su país, marcada por la ausencia de estadísticas fiables sobre los extranjeros que viven en él, pero sobre todo en lo concerniente a la cantidad de haitianos que lo habitan, la gran mayoría de manera ilegal, principal foco de discordia cuando se analiza el tema migratorio.

Para provocar el cambio, el ministerio ha iniciado el debate en torno a una propuesta para registrar y regularizar a los extranjeros, legales e indocumentados.

Los cientos de miles de haitianos que viven sin papeles en República Dominicana —el rumor público habla de que, junto con los legales, suman en total cerca de millón y medio— serían los principales destinatarios de una iniciativa que sigue el ejemplo de otros países que han llevado a cabo procesos semejantes.

Algunas de esas experiencias se analizaron en el encuentro

internacional Políticas Migratorias y Experiencias en Procesos de Regularización, celebrado el 10 y 11 de junio en Santo Domingo, la capital del país, y al que asistieron representantes de 25 países.

Una de las dificultades para el proceso que se quiere aplicar en República Dominicana se palpa en la epidermis del país, especialmente sensible a la hora de hablar de la legalización de sus vecinos isleños. Lo que se plantea como la solución definitiva para enfrentarse a la debilidad en la aplicación de legislaciones migratorias tiene los visos de una carrera de obstáculos que el ministro Almeyda pretende sortear apelando a altas dosis de firmeza y actitud racional en detrimento de las posiciones emocionales.

El debate iniciado la pasada semana trata específicamente sobre el reglamento para aplicar la ley de migración. En él se habla, entre otras cosas, de establecer cuotas para la inmigración laboral, de cuidar los intereses de los emigrantes dominicanos, de los procesos de deportación y de "preparar y ejecutar el Plan Nacional de Registro y Regularización de los extranjeros", que se extenderá durante 36 meses a partir de su inicio.

Tomando como límite la promulgación de la nueva Constitución dominicana, en proceso de revisión en la Asamblea Nacional, todo extranjero que probase hasta dicho tope su residencia en República Dominicana por espacio de 10 años o más recibiría la residencia permanente y un documento válido por cuatro años renovable. Quienes demostrasen lo mismo por un periodo de entre cinco y 10 años obtendrían la residencia temporal, válida por dos años y sujeta a su cambio a permanente. Al resto se le reconoce un estatus de no residente con la entrega de un documento valedero por 60 días para turistas y por un año para trabajadores temporales, de acuerdo con la ley.

Si bien es cierto que República Dominicana enamora a los visitantes y no son pocos los que fijan su residencia en ella, también lo es que los extranjeros de otras nacionalidades diferentes a la haitiana suelen a estar legalizados. Y hasta se nacionalizan.

Según datos del ministro Almeyda, en los últimos cinco años, se nacionalizaron dominicanos 700 cubanos, 400 chinos, 400 estadounidenses y entre 100 y 200 colombianos y venezolanos: "Sólo 25 del total de nacionalizados fueron haitianos", afirmó.

El proceso de regularización involucrará en especial a los llegados del país vecino, generalmente mano de obra barata que trabaja en el sector de la construcción, en el campo y, últimamente, en la hostelería, así como en la venta callejera de frutas y comidas de cuestionable calidad sanitaria.

Hay que añadir a quienes cruzan para acudir a los hospitales públicos dominicanos. Las embarazadas llegan a representar la mitad de los casos atendidos por los médicos. Sus hijos, sin embargo, no son susceptibles de obtener una nacionalidad dominicana que niegan las disposiciones constitucionales actuales y venideras. Sólo podrán aspirar a inscribir a sus hijos en un Libro de Extranjería a título, exclusivamente, de constancia de nacimiento.

En la inauguración de la conferencia internacional mencionada, el presidente dominicano, Leonel Fernández, planteó "un ordenamiento, una forma de regularización al fenómeno migratorio que tiene que partir de la idea siempre del respeto a los derechos humanos". El ministro Franklin Almeyda está decidido a seguir esa línea. Pero no todos en el Gobierno lo ven así. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, cree que las regularizaciones "envían a quienes aspiran a inmigrar ilegalmente el mensaje de que pueden apostar a que ellos, con el tiempo, y tras una extendida permanencia, también le tumbarán el pulso a la ley". Además, "no resuelven el problema de la inmigración ilegal para siempre, y no impiden que la situación que corrigen vuelva a repetirse una y otra vez".