Uribe apuesta por penalizar el consumo de droga en Colombia

El Gobierno propone el ingreso obligatorio en centros de rehabilitación

Después de cuatro intentos fallidos para penalizar la posesión y el consumo de drogas, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha dado un paso atrás en su vieja batalla por llevar a la cárcel a los consumidores de drogas. La apuesta, ahora, es llevar a los drogadictos a tribunales de tratamiento. Allí, un grupo interdisciplinar de expertos determinará si el infractor debe internarse de manera obligatoria en un centro de rehabilitación.

Uribe ya ha presentado al Congreso un acto legislativo para reformar la Constitución y establecer la prohibición de la posesión y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El segundo paso es un proyecto de ley que convertirá esta tenencia y consumo en contravención, delito menor, que implicaría reclusión en centros de rehabilitación. Esta alternativa fue presentada por Colombia en la reciente Asamblea de la ONU sobre las drogas en Viena. Estos tribunales "tendrán fines de prevención y rehabilitación" y, según lo prevea la ley, establecerán medidas "con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico", dice un comunicado del Ministerio de Interior y Justicia.

El problema de cómo afrontar el consumo es viejo en Colombia y genera polémica. En este país, primer productor de cocaína del mundo, el número de adictos ha aumentado en los últimos años. Recientes estudios señalan que ya pasan de 500.000. Hace dos años se encendieron las alarmas: entre el 9% y el 10% de los jóvenes de colegios públicos y privados consumían droga.

A finales de 2008, otro estudio mostró que la marihuana y la cocaína eran las preferidas en el país, reveló un aumento en el consumo de heroína y concluyó que las anfetaminas "se consumen como caramelos". Un informe gubernamental de este año revela que casi 65.000 menores de edad de entre 12 y 17 años han consumido drogas alguna vez.

Una de las razones centrales de Uribe para esta pelea, convertida casi en obsesión, es ética: "No se entiende que un país que ha derramado tanta sangre, que está dando esta lucha, tenga al mismo tiempo esta permisividad contra el consumo", afirma.

Además, alega, se trata de cumplir con la Constitución, que obliga a proteger la vida y la integridad de las personas. "Si una persona atenta contra su salud, el Estado debe protegerla aun contra su voluntad", dice el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

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Pero los que se oponen alegan que el Estado no se puede convertir en padre de todos los ciudadanos. De ser así, deberían existir tribunales para los alcohólicos o los adictos al tabaco.

Lo dice, entre otros, el senador oficialista Armando Benedetti. Él se ha convertido en una piedra en el zapato para la intención de Uribe de tratar a los consumidores como delincuentes. Su argumento es claro: los adictos son enfermos. Él lo fue: dejó atrás el alcohol después de someterse voluntariamente a tratamiento. "La nueva propuesta de Uribe es un maquillaje a la prohibición", le dijo Benedetti a este periódico. "El Estado está tratando otra vez de moldear la personalidad de los colombianos", agrega.

En 1994, la Corte Constitucional tumbó la sanción de arresto para los portadores de la dosis mínima con el argumento del libre desarrollo de la personalidad. Para Benedetti, es un grave error abordar desde el derecho un tema de salud. "Lo importante es la prevención", asegura. Cree que ante los tribunales los drogadictos tratarán de negar el problema. "Lo primero que se debe hacer para rehabilitarse es dar la cara, aceptar que se tiene un problema y, de manera voluntaria, ingresar en un programa de rehabilitación". Fue el camino que él tomó para dejar el alcoholismo hace 13 años.

Un policía colombiano inspecciona paquetes de cocaína de un alijo intervenido el lunes en el puerto de Buenaventura
Un policía colombiano inspecciona paquetes de cocaína de un alijo intervenido el lunes en el puerto de BuenaventuraREUTERS

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