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Continúa el acoso a las 'pirámides' colombianas

Detenida en Uruguay Johanne Iveth León, esposa del cerebro de DMG

A Johanne Iveth León, la joven esposa de David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, empresa captadora ilegal de dinero y lavadora de dólares que engañó a millones de personas, las autoridades le seguían los pasos desde hacía dos meses. Fue detenida el pasado martes en un barrio residencial de Montevideo, Uruguay, junto a cuatro personas más.

La noticia de su detención provocó de inmediato la respuesta de las autoridades colombianas, que pidieron su extradición; el trámite, advirtieron, puede durar meses. La fiscalía tiene pruebas que muestran a Johanne Iveth León como elemento clave del emporio ilegal DMG; era accionista de varias de las empresas.

Murcia fue detenido a finales de noviembre pasado cuando intentaba huir de Panamá. Allí vivió, en un lujoso apartamento con vistas al mar, junto a su esposa y su madre, desde que las autoridades empezaron a investigar su insólita historia: de vendedor de productos naturales, pasó a ser un poderoso magnate con propiedades en seis países de América Latina.

La empresa DMG (siglas del nombre completo de Murcia) nació en abril de 2005 en un pequeño poblado de la zona cocalera del sur del país. Fue presentada como una comercializadora de bienes y servicios que usaba tarjetas prepago. Con ellas, los depositantes de dinero podían retirar desde una nevera hasta un paquete turístico; seis meses después recibían el total del dinero invertido.

El 17 de noviembre pasado, el Gobierno reaccionó -de manera tardía, ya que la prensa había denunciado el posible engaño- y cerró en todo el país más de 50 de sus oficinas. Las personas que cayeron en la trampa, desde pequeños ahorradores hasta algún congresista y militares, tratan ahora de que la interventora nombrada por el Gobierno les devuelva, al menos, parte del dinero que no alcanzaron a recuperar.

Murcia usó distintas artimañas para ocultar su actividad ilegal. Entre otras, contrató a reconocidos juristas para que le ayudaran a dar un tinte de legalidad. Usaba, además, según indicios de la fiscalía, contabilidad paralela.

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Sin duda, la detención de su esposa es un duro golpe contra este hombre, de apenas 28 años. En una entrevista que concedió desde la prisión, a finales del año pasado, lloró ante las cámaras al hablar de su familia. Se mostró dispuesto a aceptar incluso la pena de muerte; todo, a cambio de que no se hiciera nada contra su familia: su mujer, su madre, su hermano William, que continúan prófugos.

Murcia se había mantenido firme en su posición de inocencia. No acepta los cargos de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, de captación masiva de dinero. Para él, los ahorradores obtenían jugosas ganancias como pago a la publicidad personalizada que hacían de la marca. Pero las cosas cambiaron el pasado viernes. Dos de sus más cercanos colaboradores, capturados en Bogotá el día del cierre de las oficinas -David Ángel, empresario de clase alta, y la abogada Margarita Pabón-, reconocieron que DMG sí lavaba dinero; lo hicieron para lograr una rebaja de las penas. Según la fiscalía, la empresa DMG lavó 245.000 millones de pesos, unos 120 millones de dólares.

"Traidores", les gritaron al salir de los estrados judiciales a Ángel y a Pabón. Sin embargo, a Murcia lo siguen viendo como un dios muchos de sus seguidores, miembros de la familia DMG, "la más grande y unida de Colombia", como rezaban algunas de las pancartas en las manifestaciones en su defensa. Se arremolinan frente al juzgado donde se adelanta su juicio y gritan consignas a favor de su libertad. Piden, además, la reapertura de sus empresas. Para ellos, las multimillonarias cifras que manejaba la comercializadora era su dinero, de los pobres. Tras la caída de DMG y de otras pirámides, dos departamentos del sur del país se declararon en emergencia económica: el 90% de sus habitantes apostó a esta manera de tener dinero de manera fácil.

Manifestación de protesta en la ciudad de Popayán el pasado noviembre tras descubrir la estafa.
Manifestación de protesta en la ciudad de Popayán el pasado noviembre tras descubrir la estafa.AFP

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